El siglo XXI se inicia en un tono catastrófico, con un grado sin precedentes de deterioro ambiental y de "orden" mundial caótico, asediado por el terror y por focos de guerra de baja intensidad (desintegradora) que se extienden como gangrena a través de amplios segmentos del planeta -África Central, Medio Oriente y noroeste de América del Sur- y reverberan en todas las naciones.
La crisis de la ecología y el derrumbe social están profundamente interrelacionados y deben ser vistos como manifestaciones distintas de unas mismas fuerzas estructurales. En términos generales, lo primero es el resultado de la industrialización rampante que desborda la capacidad de la Tierra para amortiguar y contener la desestabilización ecológica. Lo segundo se deriva de la forma de imperialismo conocida como globalización, con sus efectos desintegradores sobre las sociedades que encuentra a su paso. Más aun, estas fuerzas subyacentes son, en esencia, aspectos diferentes de un mismo impulso, que debe ser identificado como el factor dinámico central que mueve a la totalidad: la expansión del sistema capitalista mundial.
Rechazamos todos los eufemismos o el amortiguamiento propagandístico de la brutalidad de este régimen: todo intento de teñir de verde sus costos ecológicos, toda mistificación de los costos humanos bajo los nombres de democracia y derechos humanos. Insistimos, por el contrario, en la necesidad de encarar al capital en la perspectiva de lo que realmente ha hecho.
En lo que se refiere a la naturaleza y su equilibrio ecológico, este régimen, con su imperativo de constante expansión de la rentabilidad, expone los ecosistemas a contaminantes desestabilizadores; fragmenta hábitats que han evolucionado durante millones de años para permitir el florecimiento de organismos; agota los recursos y reduce la sensual vitalidad de la naturaleza al frío intercambio que requiere la acumulación de capital.
Desde el lado de la humanidad, con sus demandas de autodeterminación, comunidad y una existencia plena de sentido, el capital reduce a la mayoría de la población del mundo a mero reservorio de fuerza de trabajo, mientras descarta a muchos de los restantes como molestias inútiles. Ha invadido y erosionado la integridad de las comunidades a través de su cultura de masas global de consumismo y despolitización. Ha expandido las disparidades en riqueza y poder hasta niveles sin precedente en la historia de la humanidad. Ha trabajado en estrecha asociación con una red de estados serviles y corruptos, cuyas élites locales llevan a cabo la labor de represión y liberan al centro del oprobio de la misma. Y ha puesto en marcha una red de organizaciones transnacionales bajo la supervisión general de las potencias occidentales y de la superpotencia de Estados Unidos, para minar la autoridad de la periferia y atarla al endeudamiento, mientras mantiene un enorme aparato militar para garantizar el acuerdo con el centro capitalista.
El actual sistema capitalista no puede regular, ni mucho menos superar, las crisis que ha desatado. No puede resolver la crisis ecológica, porque esto demandaría poner límites a la acumulación -una opción inaceptable para un sistema promovido a partir de la máxima de ¡crece o perece! Y no puede resolver la crisis planteada por el terror y otras formas de rebelión violenta porque para hacerlo tendría que abandonar la lógica imperial, lo que impondría límites inaceptables al crecimiento y a todo el modo de vida sostenido por el ejercicio del poder imperial. Su única opción es acudir al recurso de la fuerza bruta, incrementando así la alineación y sembrando las semillas del terrorismo... y del contraterrorismo ulterior, evolucionando hacia una variante nueva y maligna de fascismo. En suma, el sistema capitalista mundial está en una bancarrota histórica. Se ha convertido en un imperio incapaz de adaptarse, cuyo gigantismo termina por dejar al descubierto su debilidad interna. En términos ecológicos es profundamente insostenible y debe ser cambiado de manera fundamental -mejor aun, reemplazado- si ha de existir un futuro digno de ser vivido.
De este modo, estamos nuevamente ante la clara disyuntiva planteada una vez por Rosa Luxemburgo: ¡socialismo o barbarie!. Y en esta ocasión, el rostro de la barbarie refleja la marca del siglo que empieza, y asume el semblante de la ecocatástrofe, el terror y el contraterror, y su degeneración fascista.
Sin embargo, ¿por qué el socialismo, por qué revivir esta palabra en apariencia destinada al basurero de la historia debido a los fracasos de sus interpretaciones en el siglo XX? Sólo por una razón: por muy golpeada y pendiente de realización efectiva que esté, la noción de socialismo sigue expresando la superación del capital. Si éste debe ser superado, tarea que ahora se torna urgente para la supervivencia de la civilización misma, el resultado será por fuerza socialista, porque tal es el término que designa el avance hacia una sociedad poscapitalista. Si decimos que el capital es radicalmente insostenible y se fragmenta en la barbarie que acabamos de describir, entonces decimos también que es necesario construir un socialismo capaz de superar las crisis que el capital ha venido desatando. Y si los socialismos del pasado no pudieron lograr eso, y si escogemos no someternos a un destino bárbaro, entonces nuestra obligación es luchar por otro que sea capaz de triunfar. Y del mismo modo que la barbarie ha cambiado de un modo que refleja el siglo transcurrido desde que Luxemburgo expresara su esperanzadora alternativa, el nombre y la realidad de socialismo deben ser los que requiere nuestro tiempo.
Por esas razones llamamos ecosocialismo a nuestra interpretación del socialismo y hemos decidido dedicarnos a su realización. Vemos el ecosocialismo no como la negación sino como la realización de los socialismos de primera época del siglo XX, en el contexto de la crisis ecológica. Como aquéllos, éste se construye a partir de la percepción del capital como trabajo objetivado, y se asienta en el libre desarrollo de todos los productores o, para decirlo de otra manera, en el fin de la separación de los productores respecto de los medios de producción. Entendemos que este objetivo no pudo ser realizado por los socialismos de primera época por razones que, si bien resultan demasiado complejas para ser abordadas aquí, pueden resumirse en los diversos efectos del subdesarrollo en un contexto dominado por la hostilidad de los poderes capitalistas. Esta coyuntura tuvo numerosos efectos nocivos en los socialismos realmente existentes, principalmente en lo relativo a la negación de la democracia interna mediante la emulación del productivismo capitalista, y terminó por conducir al colapso de esas sociedades y a la ruina de sus entornos naturales.
El ecosocialismo mantiene los objetivos emancipadores del socialismo de la primera época y rechaza tanto las metas reformistas -atenuadas- de la socialdemocracia, como las estructuras productivistas de las variantes burocráticas del socialismo. En cambio, insiste en redefinir tanto la vía como el objetivo de la producción socialista en un marco de referencia ecológico. Lo hace de manera específica en lo relativo a los límites del crecimiento esenciales para la sostenibilidad de la sociedad, los cuales no son adoptados, sin embargo, en el sentido de imponer escasez, mala calidad de vida y represión. El objetivo, por el contrario, consiste en una transformación de las necesidades y un cambio profundo hacia la dimensión cualitativa, alejándose de la cuantitativa. Desde el punto de vista de la producción de mercancías, esto se traduce en una valorización de los valores de uso sobre los valores de cambio -un proyecto de vasto significado, asentado en la actividad económica inmediata.
La generalización de la producción ecológica bajo condiciones socialistas puede proporcionar la base para superar la crisis actual. Una sociedad de productores libremente asociados no se detiene en su propia democratización. Por el contrario, debe insistir en la liberación de todos los seres, como sostén y como su objetivo. De este modo, supera el impulso imperialista tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. Al alcanzar esa meta, lucha por superar todas las formas de dominación, incluyendo de manera especial las de género y raza. Y supera las condiciones que dan origen a las distorsiones fundamentalistas y sus manifestaciones terroristas.
Nadie puede leer estas ideas sin pensar, primero, en cuántos problemas prácticos y teóricos pueden surgir de ellas. Y, enseguida y de manera descorazonadora, en lo lejanas que están con respecto a la configuración presente del mundo, tanto en lo que hace a sus instituciones como en cuanto a las formas en que está presente en la conciencia. Nuestro proyecto no consiste ni en delinear cada paso de esta vía ni en ceder ante el adversario debido al carácter abrumador del poder que ostenta, sino en desarrollar la lógica de una transformación suficiente y necesaria del orden actual y en empezar a desarrollar las etapas intermedias en dirección a este objetivo. Hacemos esto con el propósito de pensar con mayor profundidad en estas posibilidades y, al propio tiempo, empezar el trabajo de diseño en conjunto con quienes comparten estas preocupaciones.
[La reproducción de este resumen del Manifiesto Ecosocialista, que simultáneamente está siendo publicado en la revista norteamericana Capitalism, Nature, Socialism, fue solicitada a Ambien-tico por varios ecologistas costarricenses adherentes del mismo. Los autores centrales del original en inglés son Michael Lowy (mlowy@free.fr) y Joel Kovel]
sábado, 30 de agosto de 2008
jueves, 28 de agosto de 2008
HAY QUE RESCATAR EL ROMANTICISMO
- - - Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -
Leonardo Boff
Observando los escenarios sociales a nivel de mundo y de Brasil nos llenamos de abatimiento. Es melancólico ver la falta de sentido humanitario de los países ricos frente a los pobres en la fracasada Ronda de Doha. En Brasil es melancólica la decisión de jueces sin juicio que aprobaron candidaturas de políticos con ficha sucia, con una falta total de consideración hacia el pueblo, permitiendo de esta manera que sea gobernado por personas sin credibilidad ética. Colocan el código delante de los ojos para esconder la realidad, ocultando de esta manera el derecho y el bien común a los cuales deberían servir. Es grande el abatimiento por la amenaza de hambre de millones de personas, debido a la desorganización introducida por el agronegocio mundial y a la especulación de los mercados de materias primas. Día a día nos alertan acerca del caos ecológico que se está instalando en la Tierra, que amenaza la biodiversidad, y, al límite, a la propia especie humana. Y sigue desenfrenada la voracidad productivista, deforestando, contaminando aguas y envenenando suelos.
Nadie sabe hacia dónde estamos yendo. Lo cierto es que la prolongación del viaje de la nave espacial Tierra, limitada en recursos y averiada en muchos puntos, puede provocar un desastre colectivo. Esta situación, como bien lo demostraron Michael Löwy (franco-brasileño) y Robert Sayre, lleva a lo que es el título del libro de ambos: «Revolta e melancolia» (Vozes 1995). Lleva a la revuelta contra el exceso de materialismo, de espíritu utilitarista en la relación para con la naturaleza, inflación de l\'esprit de géométrie pascaliano, dominación burocrática y desencanto del mundo. Lleva a la melancolía frente a la anemia espiritual dominante en la cultura, la ausencia de la razón sensible y cordial que funda el respeto a la alteridad, la ética del cuidado y la responsabilidad universal.
Hubo en el pasado, y continúa en el presente, un movimiento cultural que se opuso a lo que convencionalmente se llamó «espíritu del capitalismo», estudiado en detalle por los dos autores citados: el Romanticismo. Necesitamos superar el sentido convencional de romanticismo que lo identifica con una escuela literaria o artística. Romanticismo es algo más complejo y profundo. Se trata de una cosmovisión, de una forma de habitar el mundo, no sólo prosaicamente con artefactos, máquinas, ordenaciones sociales y jurídicas, sino de habitar poéticamente el mundo al articular la máquina con la poesía, el trabajo rutinario con la creatividad, el interés con la gratuidad, la objetividad en los conocimientos con la subjetividad emocional, el pan trabajosamente ganado con la belleza fascinante de las relaciones calurosas. Esto hay que rescatarlo.
La sociedad de la tecnociencia y del conocimiento nos mandó al exilio, nos robó el sentimiento de un hogar y de una patria y principalmente nuestra capacidad de conmovernos, de llorar, de reír con gusto y de apasionarnos por la naturaleza y por la vida. Estamos condenados a vivir bajo el «sol negro de la melancolía», pero no sólo los románticos (en términos analíticos) son afectados por esta melancolía, sino también los adeptos a la cultura imperante. Un devastador vacío existencial marca a millares de personas que tratan de llenarlo mediante el consumo desenfrenado.
Esta condición humana suscita de nuevo la utopía. Nace de la convicción de que el mundo no está fatalmente condenado a la melancolía. Hay en nosotros y en la sociedad virtualidades aún no ensayadas que, puestas en practica, pueden reencantar la vida. Es, pues, una utopía necesaria, mensaje perenne del romanticismo. Bien termina Michael Löwy su obra: «la utopía será romántica o no será».
- Leonardo Boff es teólogo
Fuente: www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=290
Leonardo Boff
Observando los escenarios sociales a nivel de mundo y de Brasil nos llenamos de abatimiento. Es melancólico ver la falta de sentido humanitario de los países ricos frente a los pobres en la fracasada Ronda de Doha. En Brasil es melancólica la decisión de jueces sin juicio que aprobaron candidaturas de políticos con ficha sucia, con una falta total de consideración hacia el pueblo, permitiendo de esta manera que sea gobernado por personas sin credibilidad ética. Colocan el código delante de los ojos para esconder la realidad, ocultando de esta manera el derecho y el bien común a los cuales deberían servir. Es grande el abatimiento por la amenaza de hambre de millones de personas, debido a la desorganización introducida por el agronegocio mundial y a la especulación de los mercados de materias primas. Día a día nos alertan acerca del caos ecológico que se está instalando en la Tierra, que amenaza la biodiversidad, y, al límite, a la propia especie humana. Y sigue desenfrenada la voracidad productivista, deforestando, contaminando aguas y envenenando suelos.
Nadie sabe hacia dónde estamos yendo. Lo cierto es que la prolongación del viaje de la nave espacial Tierra, limitada en recursos y averiada en muchos puntos, puede provocar un desastre colectivo. Esta situación, como bien lo demostraron Michael Löwy (franco-brasileño) y Robert Sayre, lleva a lo que es el título del libro de ambos: «Revolta e melancolia» (Vozes 1995). Lleva a la revuelta contra el exceso de materialismo, de espíritu utilitarista en la relación para con la naturaleza, inflación de l\'esprit de géométrie pascaliano, dominación burocrática y desencanto del mundo. Lleva a la melancolía frente a la anemia espiritual dominante en la cultura, la ausencia de la razón sensible y cordial que funda el respeto a la alteridad, la ética del cuidado y la responsabilidad universal.
Hubo en el pasado, y continúa en el presente, un movimiento cultural que se opuso a lo que convencionalmente se llamó «espíritu del capitalismo», estudiado en detalle por los dos autores citados: el Romanticismo. Necesitamos superar el sentido convencional de romanticismo que lo identifica con una escuela literaria o artística. Romanticismo es algo más complejo y profundo. Se trata de una cosmovisión, de una forma de habitar el mundo, no sólo prosaicamente con artefactos, máquinas, ordenaciones sociales y jurídicas, sino de habitar poéticamente el mundo al articular la máquina con la poesía, el trabajo rutinario con la creatividad, el interés con la gratuidad, la objetividad en los conocimientos con la subjetividad emocional, el pan trabajosamente ganado con la belleza fascinante de las relaciones calurosas. Esto hay que rescatarlo.
La sociedad de la tecnociencia y del conocimiento nos mandó al exilio, nos robó el sentimiento de un hogar y de una patria y principalmente nuestra capacidad de conmovernos, de llorar, de reír con gusto y de apasionarnos por la naturaleza y por la vida. Estamos condenados a vivir bajo el «sol negro de la melancolía», pero no sólo los románticos (en términos analíticos) son afectados por esta melancolía, sino también los adeptos a la cultura imperante. Un devastador vacío existencial marca a millares de personas que tratan de llenarlo mediante el consumo desenfrenado.
Esta condición humana suscita de nuevo la utopía. Nace de la convicción de que el mundo no está fatalmente condenado a la melancolía. Hay en nosotros y en la sociedad virtualidades aún no ensayadas que, puestas en practica, pueden reencantar la vida. Es, pues, una utopía necesaria, mensaje perenne del romanticismo. Bien termina Michael Löwy su obra: «la utopía será romántica o no será».
- Leonardo Boff es teólogo
Fuente: www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=290
jueves, 7 de agosto de 2008
LA BOLIVIA DEL REVOCATORIO
Bolivia
CEDIB
1. La aprobación del revocatorio y la crítica situación de la derecha
El escenario político actual ha sido ineludiblemente ocupado por el referendo revocatorio, al cual se han subordinado otros elementos primordiales de la política nacional como la aprobación de la nueva CPE, los procesos autonómicos e incluso gran parte de la gestión pública del gobierno central y las prefecturas. Los temas que definieron la vida pública del país y que permanecen irresueltos han sido condicionados a la dinámica preelectoral o de resistencia al referendo y se mantienen relativamente latentes mientras el revocatorio defina una posible reconfiguración de las fuerzas políticas en el país.La aprobación de la Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular se dio en un contexto adverso para la derecha, pocos días después del referendo de estatutos autonómicos en Santa Cruz (4 de mayo), que contra las expectativas de sus organizadores no llegó a tener la contundencia que requería Costas y el Comité Cívico Pro-Santa Cruz para cohesionar bajo su dirección y del CONALDE a las diferentes fracciones de la derecha, consolidar una base social en diferentes regiones, legitimar sus acciones ilegales e imponer mayor fuerza a las acciones de desestabilización del régimen de Morales. Hasta ese momento la derecha había tenido una acción relativamente coherente, manteniendo una cohesión bajo la directiva de obstruir la Asamblea Constituyente, desestabilizar al gobierno y avanzar en su proyecto autonomísta.Bajo las nuevas condiciones impuestas por el relativo fracaso del 4 de mayo, se preveía que el MAS concentre sus esfuerzos en la aprobación del referendo de la nueva CPE, pero la respuesta de la oposición no se dejó esperar, el 8 de mayo la Cámara de Senadores de mayoría opositora aprobó sin modificación alguna y a iniciativa de PODEMOS la Ley de Referendo Revocatorio. Las posteriores declaraciones de senadores y prefectos -de justificación por un lado y de condena por otro- dejan entrever tres motivos principales que explican la actuación de PODEMOS en la sesión del 8 de mayo:
i) el MAS ya había definido utilizar todos sus recursos para aprobar una ley de convocatoria a referéndum para la aprobación de la nueva CPE, la única posibilidad segura y rápida de conjurar esta amenaza era adelantarse con otro referéndum, este ardid legal impedía convocar a un nuevo referéndum en el mismo periodo constitucional (año 2008), lo que a su vez impedía la posibilidad de reelección de Evo Morales como presidente, uno de los temas prioritarios para la oposición (1).
ii) posteriormente el senador Guiteras de PODEMOS en respuesta a las críticas de los prefectos ha revelado otra de las motivaciones principales al mencionar que la aprobación del revocatorio se da porque ninguno de los temas planteados por los prefectos de la Media Luna ha tenido éxito (2). Los hechos del 4 de mayo ya habían permitido a PODEMOS pronosticar el fracaso de la estrategia del CONALDE, que consistía en continuar con los referendos programados para Beni, Pando y Tarija, tener respaldos sociales importantes en la votación e iniciar la instalación de los gobiernos departamentales y la elección de las respectivas Asambleas Legislativas, pero la realidad era distinta: el proceso autonomista se había debilitado, las acciones ilegales y forzosas de los prefectos tenían un gran rechazo nacional e internacional y no tenían la capacidad para sobreponerse a su propia ilegalidad, esto hacía imposible la aplicación práctica de los Estatutos Autonómicos, ante este fracaso el revocatorio sirvió a la vez como un recurso político de la derecha para sortear el grave conflicto interno que significaba la inviabilidad de las autonomías “de facto” prometidas por el CONALDE, trasladando toda la atención a un nuevo escenario electoral en el que el enemigo principal continua siendo el MAS.
iii) finalmente la crisis y la ruptura de las relaciones entre los prefectos y PODEMOS revela el tercer motivo de importancia, expresado cabalmente por Manfred Reyes: “el jefe de Podemos instruyó a sus parlamentarios para aprobar una ley (…) para evitar su desplazamiento de la oposición por los prefectos” (3). La responsabilidad de PODEMOS en la aprobación de una ley que pone en riesgo el cargo de varios prefectos del CONALDE, y a la vez se separa temporalmente de la línea propuesta por la prefectura cruceña, implica una disputa por la dirección de la derecha boliviana, en la cual el partido opositor intenta retomar la iniciativa en el momento en que Costas y sus acólitos han fracasado. En este contexto se da la primera fractura importante de la derecha, que distancia a sus dos grandes organizaciones políticas: el CONALDE desconoce y define su alejamiento del partido de Quiroga y este a su vez rompe la débil relación orgánica que mantenía con los prefectos de su partido: Suárez y Fernández, además de desarticularse de todo el bloque opositor regional.Una vez finalizada la serie de referendos ilegales sobre estatutos autonómicos, los prefectos adoptaron una posición oficial respecto al revocatorio. Según la información filtrada por la misma oposición (4), el día 23 de junio la reunión del CONALDE contó con la participación de miembros de la Embajada de EE.UU. que dieron un informe a los prefectos sobre los datos arrojados por una encuesta encargada por la misma embajada, cuyas previsiones para la votación del 10 de agosto indicaban un incremento en el apoyo a Evo Morales que llegaría al 62,3% de votos y la revocatoria casi inminente de 4 de los nueves prefectos: Manfred Reyes Villa (rechazo: 57,8%), Mario Cossio (rechazo: 49,1%), Leopoldo Fernández (rechazo: 50,3%), José Luís Paredes (rechazo: 52,3%), el resto de los prefectos serían ratificados con diversos márgenes de apoyo. En base a este informe el CONALDE en pleno emitió una resolución en la que definía respaldar la decisión de los prefectos de no someterse al referendo revocatorio, anunciando además la aplicación de los estatutos autonómicos en los departamentos. Evidentemente la precaria situación de la estrategia autonomista se agravaba con la revocatoria de tres de sus promotores, los prefectos de Cochabamba, Tarija, Pando y suspendía indefinidamente la aplicación de hecho de los estatutos en Pando y Tarija. El problema para ellos era que el referendo había sido promulgado por una ley de la república con la participación de la misma oposición, pero aun más grave era una medida completamente legítima a los ojos de la población ya que se le consultaría por primera vez sobre la gestión de sus representantes en el Estado. El rechazo de los prefectos evidenciaba una vez más su esencia antidemocrática y su actuación al margen de toda legalidad, pero además revelaba la fragilidad o ausencia de una dirección de la derecha a nivel nacional, varios prefectos no estaban dispuestos a subordinar sus intereses inmediatos y particulares –garantizados por su coyuntural control de las prefecturas- al proyecto conspirador de la derecha –en este caso- dirigida por Costas.En esta caótica situación, nuevamente la Embajada de EE.UU. intervino con el fin de dar algún orden y cohesión a las acciones de prefectos y oposición. El 3 de julio –según información del Ministerio de Gobierno- funcionarios de la embajada se reunieron con el Prefecto Ernesto Suárez y otros altos políticos de la oposición, el propio ministro Alfredo Rada (5) advirtió el mismo día sobre la posible tarea del embajador Goldberg para articular a la derecha. Un día después los prefectos aglutinados en el CONALDE –a excepción de Reyes Villa- declararon su disposición de someterse al Referendo Revocatorio. Queda claro que la Embajada instruyó –o por lo menos convenció- a los prefectos que en la situación dada solo les quedaba retroceder en su posición de desacato, si es que no querían empeorar su propia crisis. Esta era la única salida del CONALDE, mantener el desacato al Referendo significaba en la práctica primero movilizar a sus grupos de choque en las regiones para impedir el acto electoral, segundo desconocer al gobierno y al congreso y finalmente aplicar sus estatutos autonómicos instalando gobiernos de facto en las regiones, es decir precipitar el enfrentamiento a una escala superior con el Estado nacional. Para la Embajada de los EE.UU. ir a esta aventura en condiciones tan desfavorables para los autonomistas era simplemente un suicidio político, no se podía precipitar el enfrentamiento y se debía mantener la conspiración a baja escala y para esto salvar los espacios de poder que se pudiesen, aún sacrificando algunos elementos relativamente importantes como Manfred Reyes, Leopoldo Fernández e incluso Mario Cossío y aliados circunstanciales como José Luís Paredes. Esto es finalmente lo que hizo el CONALDE lo que a su vez provocó una segunda fractura en su interior; el mismo 4 de julio Manfred Reyes en contra de la nueva posición ratificó su rechazo a someter su cargo a la votación y se distanció del bloque de prefectos.
2. La guerra contra el revocatorio
Pero si bien la coyuntura política y sus propios errores obligaron a los prefectos a consentir públicamente el referendo, esto de ninguna manera significó abandonar el boicot, por el contrario la derecha concentró sus esfuerzos en un conjunto de acciones dirigidas al fracaso del revocatorio y -en caso de no poder evitarlo- a preparar la impugnación y desacato de sus resultados. A esta tarea se abocaron otros representantes de la derecha bajando el perfil de sus mayores cuadros como Costas, otros prefectos de la Media Luna y la cúpula de PODEMOS, evitando así comprometer más su imagen como promotores visibles del boicot.El 9 de julio después de una agresiva campaña mediática tratando de mostrar al referendo como una medida antidemocrática y favorable a Morales -al establecer porcentajes de voto diferentes para la revocatoria de presidente y prefectos- el Senado en ausencia del MAS aprobó una ley de modificación de la ley 3850, estableciendo que la revocatoria se aplicaría cuando el número de votos a favor de la no continuidad de la autoridad fuera igual o superior al cincuenta por ciento más uno de los votos válidos en cualquiera de los casos. Como era previsible la iniciativa fracasó ya que la modificación requería ser aprobada por la Cámara de Diputados mayoritariamente oficialista, que no llegó siquiera a su tratamiento. Pero lo que si logró la propuesta es generar un debate en torno a la legitimidad de los porcentajes establecidos para la aplicación de la revocatoria, preparando peligrosamente el terreno en la opinión pública para la impugnación o resistencia de los prefectos a los resultados. El mismo día las diputadas de PODEMOS Ninoska Lazarte y Lourdes Millares, presentaron una denuncia formal ante la CNE, sobre supuestas irregularidades en el proceso de carnetización, remitiendo como pruebas algunos casos de distintas personas con igual número de cédula de identidad, diferentes registros bajo el mismo nombre, etc. la misma Lazarte se presentaba como caso al haber duplicado su cedula de identidad con otro registro, en tanto funcionarios de la prefectura de Cochabamba cuestionaron el acelerado incremento del padrón electoral, que según ellos se daba en áreas rurales políticamente adeptas al MAS y Rubén Costas denunciaba la alteración del mismo padrón por el gobierno. Se trataba de inculpar al MAS en un supuesto fraude electoral del que serían participes la CNE, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional e incluso la Embajada de Venezuela al haber donado recursos para el Plan de Carnetización, obviamente los denunciantes exigían las suspensión del revocatorio. Las denuncias no prosperaron, no fue difícil demostrar que las pruebas presentadas por Lazarte no comprometían el padrón electoral y más bien se debían a fallas siempre comunes en el deficiente manejo del departamento de identificación, de igual forma el incremento del padrón electoral no era algo atípico ni “sospechoso” ya que el aumento del 8% en relación al año 2006 se debía básicamente a un crecimiento proporcional de la población en edad de votar y al proceso de carnetización, los datos del padrón refutaban las acusaciones del prefecto cochabambino, al demostrar que el crecimiento se daba de manera proporcional en todos los departamentos y que el mayor incremento estaba en las ciudades, pasando lo inverso en el área rural donde el porcentaje de inscritos para votar había disminuido respecto al año 2006. Es decir no había tal incremento en regiones supuestamente más afines al MAS.Pero el golpe más duro a los que buscaban de una u otra forma inculpar al gobierno en la alteración del padrón vino desde fuera, cuando el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica CEELA por un lado y una misión de observadores de la OEA por otro -que habían sido invitados por la CNE para hacer una revisión del padrón electoral y del proceso de organización del referendo- después de una auditoria técnica se pronunciaron el 18 de julio y luego el 1 de agosto descartando toda posibilidad de alteración del Padrón Electoral y cualquier riesgo de fraude en el próximo referendo. Las declaraciones cerraban otro recurso más de la oposición. Pero paralelamente se desplegaban otras acciones, esta vez en el ámbito jurídico. El 24 de junio el diputado de UN Arturo Murillo presentó ante la CNE un recurso indirecto incidental de inconstitucionalidad impugnando la constitucionalidad del referendo bajo el principal argumento de que la revocatoria de mandato no está expresamente considerada en la CPE. Mediante este recurso, Murillo tenía la expectativa de suspender el proceso electoral, en tanto el Tribunal Constitucional (TC) no se pronunciara sobre la impugnación. Tres días después el prefecto de Cochabamba siguió los pasos de Murillo. Ambos recursos siguieron similar procedimiento: la CNE los recibió, posteriormente a su análisis en Sala Plena los rechazó por “carecer de fundamento” y remitió los casos en consulta al TC como correspondía, el cual debería pronunciarse al respecto. Ya que el Tribunal no emitió resolución –por el motivo que fuese- respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de Referendo Revocatorio o de su aplicación, la norma se mantiene y la CNE tiene toda la obligación y ningún impedimento para ejecutarla. Cabe acá hacer un paréntesis aclaratorio sobre el proceso y las consecuencias de un recurso incidental de inconstitucionalidad como los presentados por Murillo y Reyes Villa. El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad “procede en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos” (6), es decir se refiere a los procesos en los que se aplique una ley supuestamente inconstitucional y no a la ley en sí misma, es por eso que los recursos de Murillo y Reyes Villa impugnan el referendo revocatorio y no directamente a la ley 3850. Al impugnar el proceso, el recurso debe ser interpuesto ante la autoridad administrativa responsable del proceso, en este caso la CNE, que debe emitir una resolución de admisión o de rechazo si considera fundamentada la inconstitucionalidad o no respectivamente. En este caso la CNE resolvió el rechazo de los dos recursos al encontrarlos infundados. En su resolución la CNE se apoya en el Art. 4º de la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce al referendo en tanto este normado por ley (7), por lo que al ser el referendo revocatorio reconocido por la CPE y haber sido promulgado por una ley de la república no existe ningún vicio de inconstitucionalidad. Una vez emitida la resolución de rechazo por la CNE ésta debe remitirla en consulta a la Comisión de Admisión del TC (8), la que tiene como atribuciones “absolver las consultas sobre rechazo del incidente de inconstitucionalidad”, admitir o rechazar las demandas, recursos y consultas y en caso de admitirlas pasarlas a tratamiento de los miembros del TC (9). Siguiendo el procedimiento la CNE remitió en consulta su resolución (sobre ambos casos) a la Comisión de Admisión, pero el trámite quedó suspendió en tanto el TC se mantiene acéfalo y no cuenta con el quórum necesario para emitir ninguna resolución, actualmente solo ha quedado una magistrada suplente, lo que implica: i) que la Comisión de Admisión no puede rechazar o admitir ningún recurso, ni pronunciarse respecto a ninguna consulta como la de la CNE, ya que esta comisión según la ley del TC debe estar conformada por tres magistrados (10) miembros del TC;
ii) el TC no puede resolver ninguna demanda, recurso, impugnación o consulta, ya que todas sus decisiones deben ser adoptadas por la mayoría de los miembros (11) de su Sala Plena compuesta por cinco magistrados (12). Todo esto significa que ningún trámite jurídico en contra de la aplicación de la Ley de Referendo Revocatorio puede prosperar en el TC en tanto el Congreso no llene sus acefalías. Se debe aclarar a la vez que la sola presentación de un recurso incidental de inconstitucionalidad no suspende el proceso al que se refiere, ni siquiera la admisión en el TC afecta al proceso en tanto no se emita una sentencia como menciona la ley del TC: “La admisión del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad no suspenderá la tramitación del proceso, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional”(13). Debemos acotar a la vez que la CPE establece que la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo (14), por lo que las sentencias de inconstitucionalidad que pudiesen ser emitidas por el TC a futuro –es decir pasado el referendo revocatorio- no tendrán un efecto retroactivo, no pudiendo de ninguna forma entorpecer la destitución de las autoridades revocadas, dejando sin fundamento la amenaza de algunos opositores. En base a estas consideraciones podemos afirmar que Murillo y Reyes Villa no tienen ningún fundamento jurídico para exigir la suspensión del referendo revocatorio, ni tampoco desconocer sus resultados posteriormente.
3. La magistrada Salame en escena
Hasta acá todo se sujeta a un procedimiento legal sin mayores consecuencias, pero el problema adquirió dimensiones casi catastróficas, cuando el pasado 22 de julio la magistrada Silvia Salame (única vocal del TC) declaró a los medios que mediante un decreto emitido por ella “providenciaba” el memorial presentado por Murillo y sentaba “jurisprudencia” del TC “en consecuencia se comunicará a la Corte Electoral que no puede continuar con el referendo hasta que el TC se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no” declaró textualmente Salame (15). El país atónito entendió poco o nada de lo que dijo, solo le quedó claro que Salame suspendía el referendo, minutos después el gobierno reaccionó desconociendo el decreto y amenazando con iniciar un proceso por prevaricato a la magistrada, después de horas de un inútil debate entre “expertos constitucionalistas” que solo confundieron a la población, el famoso decreto salió a la luz pública y reveló que todo era falso, que Salame había mentido sobre el contenido de su propio decreto y que los medios habían hecho el resto para agrandar el conflicto. El decreto no le decía de ninguna forma a la CNE que debía suspender el revocatorio, simplemente negaba una petición de Murillo para devolver a la CNE el recurso que había sido remitido al TC, nada más que eso (16). Cabe preguntarse entonces ¿Por qué Salame mintió tan descaradamente sobre el contenido de un documento que ella misma había firmado?, la respuesta no tiene que ver con las especulaciones jurídicas que se han dado, sino con un objetivo político claro: Salame tenía la intención de dar un argumento legal para sustentar días después la resistencia al referendo desde las cortes departamentales electorales (CDEs). Si bien la mentira se descubrió pocas horas después, la estrategia cumplió su objetivo de confundir a la población ¿Cuánto bolivianos pudieron informarse sobre el tema después de la gran cobertura dada a las declaraciones de Salame?, ¿Cuántos bolivianos conocen el texto del decreto?, seguramente muchos menos ya que los mismos medios se encargaron de omitir la verdad del asunto (17). Si bien al día siguiente Exeni a nombre de la Sala Plena de la CNE declaró –como correspondía- continuar con el referendo “porque el TC no había fallado ni a favor ni en contra del recurso incidental de Murillo”, esta estratagema dio pié a una nueva y muy peligrosa ofensiva en contra del referendo: el desacato de las CDEs.
4. La conspiración de las Cortes Departamentales Electorales
El 24 de julio la CDE de Chuquisaca solicitó a la CNE la suspensión del revocatorio y el acatamiento de las supuestas determinaciones del TC, mencionando que no existía el marco legal necesario para prevenir futuras impugnaciones al resultado del referendo, dos días después se sumó a la petición la CDE de Santa Cruz y el vocal de la CNE Jerónimo Pinheiro. Los hechos apuntaban a una estrategia contundente que anularía por completo el revocatorio, mediante el desacato de algunas CDEs y principalmente la renuncia del vocal Pinheiro, que de darse dejaría imposibilitada –por falta de quórum- a la CNE para continuar con la consulta. La conspiración se confirmó el 29 de julio, cuando a convocatoria del presidente de la corte cruceña Orlando Parada, se reunieron las cortes de Santa cruz, Tarija, Beni y Pando, para “analizar el decreto de Salame y adoptar una posición conjunta” según dijo la vocal de Pando. Finalizada la reunión y en medio de una manifestación de apoyo organizada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, un vocal de la corte cruceña declaró que las cuatro cortes resolvieron no asistir a la reunión oficial convocada por la CNE para el día siguiente y presentar un recurso en contra del revocatorio, todo lo cual sería expuesto en un pronunciamiento oficial. Pero la amenaza no llegó a cumplirse, al día siguiente todas las cortes (18) reunidas en La Paz decidieron continuar con la consulta y el vocal Pinheiro negó el rumor de su renuncia. Horas después la corte cruceña decidió postergar el inicio de un recurso de inconstitucionalidad hasta no tener el respaldo de otras cortes y finalmente el 1º de agosto resignado Orlando Parada decidía continuar con el referendo y dejar toda impugnación jurídica. No queda duda que en estos pocos días, las cortes reunidas en Santa Cruz y bajo el mandato de los prefectos de la Media Luna, intentaron anular el revocatorio, como no cabe duda de su alineación política al haber sido las mismas las que ilegalmente organizaron los referendos de estatutos autonómicos. Por lo que cabe preguntarnos sobre las causas de este abrupto cambio de posición. La realización del desacato de las cortes tenía varias consecuencias para los presidentes y vocales, como sabemos todos las cortes electorales no tienen ninguna prerrogativa que les faculte negar, modificar o sancionar una ley, su función es estrictamente la ejecución de leyes que normen y establezcan procesos electorales, por lo que bajo ningún parámetro legal -a excepción de una decisión del Congreso o del TC- las cortes podían haber ido en contra de la Ley del Referendo Revocatorio y las ordenes administrativas de la CNE. Estamos de acuerdo en que a estas cortes poco o nada les importa la legalidad –lo hemos visto en los referendos de estatutos- pero para cometer un acto de ilegalidad de estas dimensiones es necesario un respaldo político mayor, cierta legitimidad social que minimice y justifique el hecho mismo, es con esto con lo que no contaban las CDEs rebeldes, la población ya estaba advertida de su complot y a estas alturas hastiada de tantos intentos frustrados en contra de la consulta, los diputados y senadores intentando cuidar su propia imagen política no se comprometieron públicamente a respaldar el boicot y el resto de las CDEs se mantenía firme en la organización del referendo, mientras el gobierno se encargaba de denunciar por todos los medios la estrategia. Cuando el 1º de agosto finalmente Parada consiente el revocatorio, sus escuetas declaraciones pidiendo dejar de “presionar a la corte departamental” dejan entrever que la resistencia de las cortes a las directivas de Exeni no se daban de buena gana sino por una exigencia de los prefectos que ya era insostenible y a la cual el mismo Parada ya no estaba dispuesto a responder. Los presidentes de las cortes rebeldes sabían que continuar en esas condiciones significaba su propia muerte política y la cercana posibilidad de enfrentar solos un conjunto de procesos y juicios de responsabilidades. Pero hay un elemento aún más importante que revela la obediencia de las CDEs a la CNE, y que además tiene graves consecuencias para el revocatorio. El 31 de julio los vocales de la CNE y los presidentes de las departamentales –a excepción de Oruro que se retiró rechazando la medida- emitieron una resolución que “modifica” la ley 3850 estableciendo que la revocatoria de los prefectos se daría en caso de que los votos por el NO superen el 50 %, manteniendo para el presidente y vicepresidente el 53,740% o los 1.544.374 establecidos en la Ley del Referendo. Según Exeni la resolución de la CNE no vulnera la ley 3850, ya que se trataría solo de “la aplicación de un criterio técnico”. Si recordamos días antes la CNE había solicitado al Congreso una “ley interpretativa” que “aclare” la aplicación de los resultados del revocatorio, al no haberse dado ninguna respuesta de parte del legislativo, lo que se aplica son los artículos específicos de la ley que establecen el porcentaje y número de votos para la revocatoria de cada uno de los prefectos. Pero lo que hace la corte a nombre de “un criterio técnico” es modificar la ley misma, usurpando una atribución exclusiva del Congreso. Esta por demás decir que la resolución solo favorece a los prefectos y de ser aplicada cambiaría por completo las expectativas sobre el revocatorio convirtiéndolo en un acto sin ninguna trascendencia para el país, ya que hace muy improbable que algún prefecto pierda su cargo, dejando así intacta la configuración de fuerzas con las que llegamos a este revocatorio y que según todos sus promotores es la causa principal de la consulta: “resolver” lo que García Linera llama “empate catastrófico”. En una última declaración de Exeni se advierte la determinación de mantener el tema sin aclarar, hasta después de la consulta: "La ley (3850) declara claramente, que los prefectos serán revocados con un porcentaje superior a los votos conseguido el 2005 (…) pero la ley no establece cuál es ese mínimo para revocar a los prefectos (…) por lo que la CNE con apego a principios constitucionales de igualdad ha determinado que ese mínimo es del 50 por ciento” (19). A pesar de la importancia y gravedad del asunto, solo se plantearon posiciones ambiguas de parte del gobierno: al tiempo que el vicepresidente desestimaba la resolución de la CNE considerándola una “sugerencia” y ratificando el cumplimiento de la ley 3850, el Presidente mencionaba la posibilidad de aceptar algunos cambios en las reglas del revocatorio, peor aún Edmundo Novillo presidente de la Cámara de Diputados indicaba que “los cambios establecidos por la corte no contradecían a la ley” (20). Lo primero que salta a la vista, es que en la reunión de la CNE del 31 de julio, Pinheiro y las CDEs negociaron la organización del referendo, por el cambio en los porcentajes del revocatorio para favorecer a sus prefectos, lo que no es poca cosa. Lo segundo es que aparentemente Exeni se ha prestado al juego en la perspectiva de garantizar el acto electoral como un fin en si mismo, sin el menor reparo sobre sus consecuencias políticas y legales. Por otro lado la reacción del MAS y del Ejecutivo, en el sentido de prestarle poca atención al hecho, nos hace pensar que también ha optado por garantizar el acto de consulta y postergar a futuro el serio conflicto que implica la interpretación de los resultados.Cabe remarcar que la resolución de la CNE, no tiene ninguna validez para ser aplicada, a no ser que el Congreso la asuma modificando la Ley 3850, cosa que a estas alturas parece imposible. Lo que si parece más cercano es que una vez arrojados los resultados del referendo los prefectos revocados con un porcentaje menor al 50% tendrán en la resolución una importante arma para aferrarse a sus cargos y que deberá ser el Congreso el que asuma la aplicación de los resultados con una ley interpretativa.
5. ¿Quién pierde en el revocatorio?
Según una última encuesta realizada por Captura Consulting el presidente tendría un apoyo del 54 % para ser ratificado, las encuestas de la consultora Ipsos superan esta cifra otorgándole un 59% de apoyo en las principales ciudades del país. Según los resultados de Captura Consulting -publicados el 4 de agosto en el diario La Prensa- Morales tiene un alto grado de apoyo en los departamentos de La Paz (77%), Oruro (75%), Potosí (67%), Cochabamba (54%) y Pando (51%), ocurriendo lo contrario en parte del oriente, donde la votación por el NO a la continuidad de Morales crece: Santa Cruz (70%) Chuquisaca (59%) Tarija (61%) y Beni (57%). En el caso de los prefectos la encuesta los clasifica en tres: los que serán ratificados: Rubén Costas (74% apoyo), Ernesto Suárez (64% apoyo), Cossio (58% apoyo); los que se encuentran en peligro de ser revocados: Manfred Reyes Villa (48% apoyo/48% rechazo), Luís Aguilar (48% apoyo/48% rechazo) y Mario Virreira (46% apoyo/42% rechazo); finalmente los que serían revocados: José Luís Paredes (53% rechazo) y Leopoldo Fernández (49% rechazo).Si bien en Bolivia sabemos que las encuestas son de cuidado, y su veracidad esta sujeta a los intereses de quien las encarga, cuyo principal objetivo es incidir en el voto de la población, sus datos pueden brindar una somera aproximación a las tendencias generales de la intención de voto. Así las cifras que mencionamos nos pueden ayudar a ubicar un posible panorama en el revocatorio.El gobierno no solo ha mantenido su popularidad, sino que ésta se ha incrementado, se encuentra en una posición muy cómoda respecto al electorado y nadie duda de su ratificación, a pesar de no haber podido en las últimas semanas frenar un conjunto de protestas populares principalmente la referida a la demanda de aprobación del proyecto de Ley de Pensiones de la COB y a las peticiones de otros sectores, aparentemente estos conflictos no han afectado en gran medida su respaldo social. Lo que si resulta preocupante son los niveles de apoyo en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, efectivamente una mayoritaria votación por el NO a Morales en la Media Luna será un poderoso instrumento para la oligarquía de esa región para avanzar en su plan de desconocimiento del gobierno. Rubén Costas a mediados de julio declaraba: “como el señor Evo Morales será revocado en Santa Cruz, no vamos a decir que no venga nunca más, que venga pero de paseo porque aquí no va a gobernar” (21), haciendo explicita la estrategia separatista de los prefectos para profundizar aun más la ausencia del Estado en la región. Cabe ser muy claros respecto a la declaración de Costas, la autoridad del ejecutivo tiene alcance nacional –a diferencia de los prefectos cuya administración tiene jurisdicción departamental- por lo que a pesar de las intenciones de suprimir el poder del gobierno central en Santa Cruz, de ninguna forma una votación desfavorable a Morales en algún departamento implica su perdida de mandato en el mísmo. Morales ha sido elegido por una votación nacional y su revocatoria solo puede basarse en los resultados nacionales, lo contrario es ir en contra de los principios constitucionales que definen la forma de gobierno y de toda normativa legal.En el caso de los prefectos lo más probable es que Costas y Suárez sean ratificados sin problemas, lo que será utilizado para legitimar la frustrada aprobación de sus estatutos autonómicos en los pasados referendos ilegales y retomar su estrategia de aplicación de facto de las autonomías. En situación opuesta están Paredes y Fernández que deberán irse, acá el caso de Pando resulta muy interesante ya que el repudio mayoritario a su actual prefecto expresa a la vez un quiebre en la hegemonía de la oligarquía del oriente y su separación del proyecto autonomísta, al ser acompañada de un ascenso muy rápido de la popularidad del MAS y la rearticulación de las organizaciones indígenas y campesinas.En una situación intermedia están el resto de los prefectos, pero con la diferencia de que la revocatoria de Virreira y Aguilar no provocará un conflicto mayor al haber asumido orgánicamente la línea del MAS respecto al revocatorio; por otra parte su revocatoria no supone en los hechos una modificación sustancial de la correlación de fuerzas en el país, ya que al haberse consolidado la hegemonía del gobierno en Oruro y Potosí, el MAS podrá mantener su control sobre estas prefecturas ya sea mediante nuevas elecciones (22) o conciliando con las organizaciones de cada departamento una autoridad afín. En cambio todo se complica en los casos de Cossío y Reyes Villa, los datos de diferentes encuestas no permiten identificar una clara tendencia mayoritaria por el SI o el NO, por lo que la ratificación o la revocatoria tendrían una estrecha diferencia. Es en estos casos en los que existe una mayor probabilidad de generarse un conflicto de interpretación. Para revocar a Reyes Villa es necesario el 47,6% de los votos y el 45,6% en el caso de Cossío, en la situación actual es posible llegar a esta cantidad, pero poco probable superar el 50%, al no hacerlo los prefectos recurrirán a la resolución del 31 de julio de la CNE que establece el 50% mas uno para la revocatoria, para quedarse en sus cargos. Es inevitable que la batalla se concentre en la disputa de las prefecturas de Cochabamba y Tarija, por su importancia estratégica en la pugna entre el gobierno y las oligarquías, además de ser dos prefecturas con una gran capacidad de recursos, Tarija es parte fundamental del eje autonomista y la perdida de Cossío afectaría inevitablemente el avance del proyecto autonomísta, por otra parte la prefectura de Cochabamba tiene prioridad para la derecha al actuar siendo parte del CONALDE como la quinta columna en el objetivo de quebrar la hegemonía del MAS e introducir a la región al proyecto autonomísta. Al respecto Reyes Villa ha sido el más claro al definir su completo desacato a los resultados del revocatorio sean cuales fuesen sus resultados.
6. ¿Y después del revocatorio?
En base a lo mencionado podemos imaginar que la reconfiguración política podría darse de la siguiente forma: por el importante respaldo de la población paceña al gobierno y la salida inminente de Paredes es lógico que sea el MAS o su aliado el Movimiento Sin Miedo los que ocupen posteriormente esta prefectura; las prefecturas de Oruro y Potosí indiferentemente a los resultados continuarían bajo el control del MAS; la CONALDE perdería Pando y aunque hay un creciente apoyo al MAS es poco probable que la oligarquía pandina le ceda la prefectura, las campañas iniciadas por el MNR en la región nos hacen pensar que la derecha ya tiene su candidato y que buscará imponerlo. Suárez y Costas se fortalecerán internamente, aunque su estrategia nacional saldrá quebrada con la perdida de algunos aliados. Coyunturalmente después del revocatorio el escenario político tendrá como objetivo la disputa por la prefectura de Cochabamba y posiblemente Tarija (a no ser que se den contundentes votaciones, que no dejen lugar sino a la resignación de prefectos o gobierno).
7. La conspiración de la derecha se mantiene
Dadas así las cosas el revocatorio no parece ser el hecho político trascendental que termine resolviendo la dualidad de dos poderes con proyectos distintos, sus consecuencias son de menor alcance, es cierto que la derecha tendrá algunas bajas a causa del proceso, pero de ninguna forma queda anulada su capacidad de conspiración. Mantiene su control en el Senado, en el aparato judicial y en varias prefecturas, pero fundamentalmente su poder económico –base de su poder ideológico y represivo- se mantiene intacto. La previsión más catastrófica para el futuro –y que esperamos no ocurra- es que pasado el 10 de agosto el país sea sumido por completo en la interpretación de los resultados del revocatorio y seamos asfixiados por un sin fin de recursos políticos y jurídicos similares a los de los últimos dos meses, mientras la derecha prepara y ejecuta su nueva ofensiva. La amenaza está sobre el tapete, el CONALDE ha definido movilizarse por la restitución del IDH y por la capitalía plena, dos demandas completamente políticas cuyo objetivo es continuar el acoso al gobierno, para lo cual cualquier consigna que movilice a algunos sectores le es útil.Como hemos mencionado en la primera parte, la oligarquía no está en condiciones para ejecutar su proyecto autonomista e ir al enfrentamiento directo con el Estado, por lo que solo le queda mantener la tensión contra el gobierno hasta lograr rearticularse y recuperar una base social, mientras mantiene su acoso permanente al ejecutivo con el fin de desgastar su gestión e impedir la aprobación de la nueva CPE. En este sentido y a pesar de la real dispersión de la derecha, los prefectos y la oposición tienen ya un conjunto de acciones previstas para continuar la conspiración.
i) Suárez y Costas apoyados en los resultados del revocatorio promoverán el desacato al ejecutivo, declarando que Morales ya no gobierna en sus departamentos e intentando repetir lo que ya ocurre en Sucre, donde el presidente está vetado de llegar;
ii) se manejará el resultado del revocatorio en Santa Cruz y Beni como la legitimación de los referendos ilegales de mayo y junio demandando al gobierno el pleno reconocimiento de los estatutos autonómicos;
iii) se mantendrá mediante diversas demandas la tensión en contra del gobierno, principalmente por el IDH y la capitalía plena, sobre la cual hace tiempo ya se intenta llevar adelante un referendo, de llegar a introducir la oposición un nuevo referendo en el Congreso para el año 2008, definitivamente ya se habrán perdido las posibilidades de una nueva CPE. Queda claro que la conspiración va a mantenerse y que el gobierno no puede continuar jugando en las condiciones impuestas por la derecha, no puede mantenerse impedido de gobernar y acabando su gestión en respuestas coyunturales a las arremetidas de los opositores. Lo primero que deberá hacer inmediatamente acabado el revocatorio es recurrir a su único poder real: “el apoyo popular” para zanjar rápidamente la aplicación de la ley 3850 obligando a los prefectos revocados a irse y obligando al Congreso a promulgar la ley de referendo de aprobación de la nueva CPE. A partir de ello es necesario un giro de timón a la errada política conciliadora del gobierno, para retomar una gestión dirigida a atender las demandas y necesidades de los sectores populares, que se han visto excluidos del programa de gobierno en los últimos meses, lo que significa entre otras cosas terminar el proceso de saneamiento y redistribución de la tierra, aprobar una Ley de Pensiones Universal, avanzar en la reactivación del aparato productivo, implementar políticas restrictivas al libre mercado para garantizar la soberanía alimentaria del país, etc.
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Notas:
1) Una carta enviada por la agrupación ciudadana PODEMOS al Prefecto Reyes Villa exhortándolo a dejar sus ataques por la aprobación de la Ley de Referendo Revocatorio indica: “el mayor peligro para la democracia boliviana es la aprobación del Proyecto de Constitución del MAS (…) Nuestra organización política, anoticiado que el MAS pretendía repetir esta estrategia (se refiere al “cerco al Congreso”), decidió aprobar en la Cámara Alta la Ley de Convocatoria al Referéndum Revocatorio, impidiendo de esta manera la aprobación del Referéndum para aprobar el Proyecto de Constitución del MAS (en aplicación al artículo 11 párrafo I de la Ley 2769 del Referéndum)” (La Patria: 15-07-08)
2) Ver: “Historia secreta del referendo revocatorio” en Pulso 21-05-08
3) Ver: “Manfred ratifica rechazo al revocatorio; se estrella contra el Conalde y Tuto” en Agencia Boliviana de Información 07-07-08 www.abi.bo
4) Ver: Santibáñez Marco “Encuestas despachan a prefectos” en Bolpress 26-06-08 Ver: “Manfred ratifica rechazo al revocatorio; se estrella contra el Conalde y Tuto” en Agencia Boliviana de Información 07-07-08 www.abi.bo www.bolpress.com
5) Ver: “Embajador de EEUU confía en superar controversia con Bolivia” en El Diario 03-07-08
6) Ver: Artículo 59º de la Ley del Tribunal Constitucional
7) Ver: Artículo 1º inciso I y artículo 4º inciso I de la Constitución Política del Estado
8) Ver: Artículo 64º, parágrafo III de la Ley del Tribunal Constitucional
9)Ver: Artículo 31º, parágrafo 1,3 y 4 de la Ley del Tribunal Constitucional
10) Ver: Artículo 9º de la Ley del Tribunal Constitucional
11) Ver: Artículo 47º, inciso 1 de la Ley del Tribunal Constitucional
12) Ver: Artículo 8º de la Ley del Tribunal Constitucional
13) Ver: Artículo 63º de la Ley del Tribunal Constitucional
14) Ver: Artículo 33º de la Constitución Política del Estado
15) Ver: “Magistrada Salame opina que la Corte Electoral debe paralizar el Referendo Revocatorio” en: Erbol 22-07-08 www.erbol.com.bo
16) Ver: Decreto emitido por Silvia Salame en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por Arturo Murillo en contra del Referendo Revocatorio 21-07-08. En: CEDIB Boletín de Coyuntura Nº 3 http://www.cedib.org/bp/B3/documento8.pdf
17) El 27 de julio, después de cuatro días de haberse descubierto la falsedad de las declaraciones de Salame los medios mantienen como una verdad absoluta la mentira de Salame: “Mediante un decreto, la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, solicitó el 22 de julio a la CNE la suspensión de la consulta ciudadana del 10 de agosto hasta que esa instancia del Poder Judicial emita una sentencia sobre un recurso incidental interpuesto por el diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo contra el referéndum.”(La Prensa 27-07-08 Pinheiro y la Corte cruceña piden suspender el referendo). El 4 de agosto una editorial de El Deber dice: “la Corte Nacional Electoral desconoció dos recursos emitidos por la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, que instruye la suspensión del proceso plebiscitario”.
18) Aclaramos que la corte de Potosí no asistió a causa de los bloqueos y la de Oruro se retiró al oponerse a discutir el tema de los porcentajes del revocatorio, pero ambas ratificaron su apoyo a la consulta.
19) Ver: “CNE cierra polémica sobre porcentajes y recursos legales y ratifica el revocatorio” en Agencia Boliviana de Información 03-08-08 www.abi.bo
20 Ver: “Morales podría considerar cambio de reglas en referendo. Bolivia” Reuters 01-08-08
21) Ver: “Costas dice que evo perderá el mandato en Santa Cruz” en: El Deber 16-07-08
22) Si bien aún no se ha definido el mecanismo para designar a los sustitutos de los prefectos revocados, el gobierno ha expresado su intención de hacerlo mediante el voto directo en elecciones o conciliando con las organizaciones sociales de cada departamento a la nueva autoridad.
Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, Cochabamba.
Comentarios respecto a este artículo puede dirigirlos a:
opinioncritica1@cedib.org
CEDIB
1. La aprobación del revocatorio y la crítica situación de la derecha
El escenario político actual ha sido ineludiblemente ocupado por el referendo revocatorio, al cual se han subordinado otros elementos primordiales de la política nacional como la aprobación de la nueva CPE, los procesos autonómicos e incluso gran parte de la gestión pública del gobierno central y las prefecturas. Los temas que definieron la vida pública del país y que permanecen irresueltos han sido condicionados a la dinámica preelectoral o de resistencia al referendo y se mantienen relativamente latentes mientras el revocatorio defina una posible reconfiguración de las fuerzas políticas en el país.La aprobación de la Ley de Referendo Revocatorio de Mandato Popular se dio en un contexto adverso para la derecha, pocos días después del referendo de estatutos autonómicos en Santa Cruz (4 de mayo), que contra las expectativas de sus organizadores no llegó a tener la contundencia que requería Costas y el Comité Cívico Pro-Santa Cruz para cohesionar bajo su dirección y del CONALDE a las diferentes fracciones de la derecha, consolidar una base social en diferentes regiones, legitimar sus acciones ilegales e imponer mayor fuerza a las acciones de desestabilización del régimen de Morales. Hasta ese momento la derecha había tenido una acción relativamente coherente, manteniendo una cohesión bajo la directiva de obstruir la Asamblea Constituyente, desestabilizar al gobierno y avanzar en su proyecto autonomísta.Bajo las nuevas condiciones impuestas por el relativo fracaso del 4 de mayo, se preveía que el MAS concentre sus esfuerzos en la aprobación del referendo de la nueva CPE, pero la respuesta de la oposición no se dejó esperar, el 8 de mayo la Cámara de Senadores de mayoría opositora aprobó sin modificación alguna y a iniciativa de PODEMOS la Ley de Referendo Revocatorio. Las posteriores declaraciones de senadores y prefectos -de justificación por un lado y de condena por otro- dejan entrever tres motivos principales que explican la actuación de PODEMOS en la sesión del 8 de mayo:
i) el MAS ya había definido utilizar todos sus recursos para aprobar una ley de convocatoria a referéndum para la aprobación de la nueva CPE, la única posibilidad segura y rápida de conjurar esta amenaza era adelantarse con otro referéndum, este ardid legal impedía convocar a un nuevo referéndum en el mismo periodo constitucional (año 2008), lo que a su vez impedía la posibilidad de reelección de Evo Morales como presidente, uno de los temas prioritarios para la oposición (1).
ii) posteriormente el senador Guiteras de PODEMOS en respuesta a las críticas de los prefectos ha revelado otra de las motivaciones principales al mencionar que la aprobación del revocatorio se da porque ninguno de los temas planteados por los prefectos de la Media Luna ha tenido éxito (2). Los hechos del 4 de mayo ya habían permitido a PODEMOS pronosticar el fracaso de la estrategia del CONALDE, que consistía en continuar con los referendos programados para Beni, Pando y Tarija, tener respaldos sociales importantes en la votación e iniciar la instalación de los gobiernos departamentales y la elección de las respectivas Asambleas Legislativas, pero la realidad era distinta: el proceso autonomista se había debilitado, las acciones ilegales y forzosas de los prefectos tenían un gran rechazo nacional e internacional y no tenían la capacidad para sobreponerse a su propia ilegalidad, esto hacía imposible la aplicación práctica de los Estatutos Autonómicos, ante este fracaso el revocatorio sirvió a la vez como un recurso político de la derecha para sortear el grave conflicto interno que significaba la inviabilidad de las autonomías “de facto” prometidas por el CONALDE, trasladando toda la atención a un nuevo escenario electoral en el que el enemigo principal continua siendo el MAS.
iii) finalmente la crisis y la ruptura de las relaciones entre los prefectos y PODEMOS revela el tercer motivo de importancia, expresado cabalmente por Manfred Reyes: “el jefe de Podemos instruyó a sus parlamentarios para aprobar una ley (…) para evitar su desplazamiento de la oposición por los prefectos” (3). La responsabilidad de PODEMOS en la aprobación de una ley que pone en riesgo el cargo de varios prefectos del CONALDE, y a la vez se separa temporalmente de la línea propuesta por la prefectura cruceña, implica una disputa por la dirección de la derecha boliviana, en la cual el partido opositor intenta retomar la iniciativa en el momento en que Costas y sus acólitos han fracasado. En este contexto se da la primera fractura importante de la derecha, que distancia a sus dos grandes organizaciones políticas: el CONALDE desconoce y define su alejamiento del partido de Quiroga y este a su vez rompe la débil relación orgánica que mantenía con los prefectos de su partido: Suárez y Fernández, además de desarticularse de todo el bloque opositor regional.Una vez finalizada la serie de referendos ilegales sobre estatutos autonómicos, los prefectos adoptaron una posición oficial respecto al revocatorio. Según la información filtrada por la misma oposición (4), el día 23 de junio la reunión del CONALDE contó con la participación de miembros de la Embajada de EE.UU. que dieron un informe a los prefectos sobre los datos arrojados por una encuesta encargada por la misma embajada, cuyas previsiones para la votación del 10 de agosto indicaban un incremento en el apoyo a Evo Morales que llegaría al 62,3% de votos y la revocatoria casi inminente de 4 de los nueves prefectos: Manfred Reyes Villa (rechazo: 57,8%), Mario Cossio (rechazo: 49,1%), Leopoldo Fernández (rechazo: 50,3%), José Luís Paredes (rechazo: 52,3%), el resto de los prefectos serían ratificados con diversos márgenes de apoyo. En base a este informe el CONALDE en pleno emitió una resolución en la que definía respaldar la decisión de los prefectos de no someterse al referendo revocatorio, anunciando además la aplicación de los estatutos autonómicos en los departamentos. Evidentemente la precaria situación de la estrategia autonomista se agravaba con la revocatoria de tres de sus promotores, los prefectos de Cochabamba, Tarija, Pando y suspendía indefinidamente la aplicación de hecho de los estatutos en Pando y Tarija. El problema para ellos era que el referendo había sido promulgado por una ley de la república con la participación de la misma oposición, pero aun más grave era una medida completamente legítima a los ojos de la población ya que se le consultaría por primera vez sobre la gestión de sus representantes en el Estado. El rechazo de los prefectos evidenciaba una vez más su esencia antidemocrática y su actuación al margen de toda legalidad, pero además revelaba la fragilidad o ausencia de una dirección de la derecha a nivel nacional, varios prefectos no estaban dispuestos a subordinar sus intereses inmediatos y particulares –garantizados por su coyuntural control de las prefecturas- al proyecto conspirador de la derecha –en este caso- dirigida por Costas.En esta caótica situación, nuevamente la Embajada de EE.UU. intervino con el fin de dar algún orden y cohesión a las acciones de prefectos y oposición. El 3 de julio –según información del Ministerio de Gobierno- funcionarios de la embajada se reunieron con el Prefecto Ernesto Suárez y otros altos políticos de la oposición, el propio ministro Alfredo Rada (5) advirtió el mismo día sobre la posible tarea del embajador Goldberg para articular a la derecha. Un día después los prefectos aglutinados en el CONALDE –a excepción de Reyes Villa- declararon su disposición de someterse al Referendo Revocatorio. Queda claro que la Embajada instruyó –o por lo menos convenció- a los prefectos que en la situación dada solo les quedaba retroceder en su posición de desacato, si es que no querían empeorar su propia crisis. Esta era la única salida del CONALDE, mantener el desacato al Referendo significaba en la práctica primero movilizar a sus grupos de choque en las regiones para impedir el acto electoral, segundo desconocer al gobierno y al congreso y finalmente aplicar sus estatutos autonómicos instalando gobiernos de facto en las regiones, es decir precipitar el enfrentamiento a una escala superior con el Estado nacional. Para la Embajada de los EE.UU. ir a esta aventura en condiciones tan desfavorables para los autonomistas era simplemente un suicidio político, no se podía precipitar el enfrentamiento y se debía mantener la conspiración a baja escala y para esto salvar los espacios de poder que se pudiesen, aún sacrificando algunos elementos relativamente importantes como Manfred Reyes, Leopoldo Fernández e incluso Mario Cossío y aliados circunstanciales como José Luís Paredes. Esto es finalmente lo que hizo el CONALDE lo que a su vez provocó una segunda fractura en su interior; el mismo 4 de julio Manfred Reyes en contra de la nueva posición ratificó su rechazo a someter su cargo a la votación y se distanció del bloque de prefectos.
2. La guerra contra el revocatorio
Pero si bien la coyuntura política y sus propios errores obligaron a los prefectos a consentir públicamente el referendo, esto de ninguna manera significó abandonar el boicot, por el contrario la derecha concentró sus esfuerzos en un conjunto de acciones dirigidas al fracaso del revocatorio y -en caso de no poder evitarlo- a preparar la impugnación y desacato de sus resultados. A esta tarea se abocaron otros representantes de la derecha bajando el perfil de sus mayores cuadros como Costas, otros prefectos de la Media Luna y la cúpula de PODEMOS, evitando así comprometer más su imagen como promotores visibles del boicot.El 9 de julio después de una agresiva campaña mediática tratando de mostrar al referendo como una medida antidemocrática y favorable a Morales -al establecer porcentajes de voto diferentes para la revocatoria de presidente y prefectos- el Senado en ausencia del MAS aprobó una ley de modificación de la ley 3850, estableciendo que la revocatoria se aplicaría cuando el número de votos a favor de la no continuidad de la autoridad fuera igual o superior al cincuenta por ciento más uno de los votos válidos en cualquiera de los casos. Como era previsible la iniciativa fracasó ya que la modificación requería ser aprobada por la Cámara de Diputados mayoritariamente oficialista, que no llegó siquiera a su tratamiento. Pero lo que si logró la propuesta es generar un debate en torno a la legitimidad de los porcentajes establecidos para la aplicación de la revocatoria, preparando peligrosamente el terreno en la opinión pública para la impugnación o resistencia de los prefectos a los resultados. El mismo día las diputadas de PODEMOS Ninoska Lazarte y Lourdes Millares, presentaron una denuncia formal ante la CNE, sobre supuestas irregularidades en el proceso de carnetización, remitiendo como pruebas algunos casos de distintas personas con igual número de cédula de identidad, diferentes registros bajo el mismo nombre, etc. la misma Lazarte se presentaba como caso al haber duplicado su cedula de identidad con otro registro, en tanto funcionarios de la prefectura de Cochabamba cuestionaron el acelerado incremento del padrón electoral, que según ellos se daba en áreas rurales políticamente adeptas al MAS y Rubén Costas denunciaba la alteración del mismo padrón por el gobierno. Se trataba de inculpar al MAS en un supuesto fraude electoral del que serían participes la CNE, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional e incluso la Embajada de Venezuela al haber donado recursos para el Plan de Carnetización, obviamente los denunciantes exigían las suspensión del revocatorio. Las denuncias no prosperaron, no fue difícil demostrar que las pruebas presentadas por Lazarte no comprometían el padrón electoral y más bien se debían a fallas siempre comunes en el deficiente manejo del departamento de identificación, de igual forma el incremento del padrón electoral no era algo atípico ni “sospechoso” ya que el aumento del 8% en relación al año 2006 se debía básicamente a un crecimiento proporcional de la población en edad de votar y al proceso de carnetización, los datos del padrón refutaban las acusaciones del prefecto cochabambino, al demostrar que el crecimiento se daba de manera proporcional en todos los departamentos y que el mayor incremento estaba en las ciudades, pasando lo inverso en el área rural donde el porcentaje de inscritos para votar había disminuido respecto al año 2006. Es decir no había tal incremento en regiones supuestamente más afines al MAS.Pero el golpe más duro a los que buscaban de una u otra forma inculpar al gobierno en la alteración del padrón vino desde fuera, cuando el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica CEELA por un lado y una misión de observadores de la OEA por otro -que habían sido invitados por la CNE para hacer una revisión del padrón electoral y del proceso de organización del referendo- después de una auditoria técnica se pronunciaron el 18 de julio y luego el 1 de agosto descartando toda posibilidad de alteración del Padrón Electoral y cualquier riesgo de fraude en el próximo referendo. Las declaraciones cerraban otro recurso más de la oposición. Pero paralelamente se desplegaban otras acciones, esta vez en el ámbito jurídico. El 24 de junio el diputado de UN Arturo Murillo presentó ante la CNE un recurso indirecto incidental de inconstitucionalidad impugnando la constitucionalidad del referendo bajo el principal argumento de que la revocatoria de mandato no está expresamente considerada en la CPE. Mediante este recurso, Murillo tenía la expectativa de suspender el proceso electoral, en tanto el Tribunal Constitucional (TC) no se pronunciara sobre la impugnación. Tres días después el prefecto de Cochabamba siguió los pasos de Murillo. Ambos recursos siguieron similar procedimiento: la CNE los recibió, posteriormente a su análisis en Sala Plena los rechazó por “carecer de fundamento” y remitió los casos en consulta al TC como correspondía, el cual debería pronunciarse al respecto. Ya que el Tribunal no emitió resolución –por el motivo que fuese- respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de Referendo Revocatorio o de su aplicación, la norma se mantiene y la CNE tiene toda la obligación y ningún impedimento para ejecutarla. Cabe acá hacer un paréntesis aclaratorio sobre el proceso y las consecuencias de un recurso incidental de inconstitucionalidad como los presentados por Murillo y Reyes Villa. El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad “procede en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos” (6), es decir se refiere a los procesos en los que se aplique una ley supuestamente inconstitucional y no a la ley en sí misma, es por eso que los recursos de Murillo y Reyes Villa impugnan el referendo revocatorio y no directamente a la ley 3850. Al impugnar el proceso, el recurso debe ser interpuesto ante la autoridad administrativa responsable del proceso, en este caso la CNE, que debe emitir una resolución de admisión o de rechazo si considera fundamentada la inconstitucionalidad o no respectivamente. En este caso la CNE resolvió el rechazo de los dos recursos al encontrarlos infundados. En su resolución la CNE se apoya en el Art. 4º de la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce al referendo en tanto este normado por ley (7), por lo que al ser el referendo revocatorio reconocido por la CPE y haber sido promulgado por una ley de la república no existe ningún vicio de inconstitucionalidad. Una vez emitida la resolución de rechazo por la CNE ésta debe remitirla en consulta a la Comisión de Admisión del TC (8), la que tiene como atribuciones “absolver las consultas sobre rechazo del incidente de inconstitucionalidad”, admitir o rechazar las demandas, recursos y consultas y en caso de admitirlas pasarlas a tratamiento de los miembros del TC (9). Siguiendo el procedimiento la CNE remitió en consulta su resolución (sobre ambos casos) a la Comisión de Admisión, pero el trámite quedó suspendió en tanto el TC se mantiene acéfalo y no cuenta con el quórum necesario para emitir ninguna resolución, actualmente solo ha quedado una magistrada suplente, lo que implica: i) que la Comisión de Admisión no puede rechazar o admitir ningún recurso, ni pronunciarse respecto a ninguna consulta como la de la CNE, ya que esta comisión según la ley del TC debe estar conformada por tres magistrados (10) miembros del TC;
ii) el TC no puede resolver ninguna demanda, recurso, impugnación o consulta, ya que todas sus decisiones deben ser adoptadas por la mayoría de los miembros (11) de su Sala Plena compuesta por cinco magistrados (12). Todo esto significa que ningún trámite jurídico en contra de la aplicación de la Ley de Referendo Revocatorio puede prosperar en el TC en tanto el Congreso no llene sus acefalías. Se debe aclarar a la vez que la sola presentación de un recurso incidental de inconstitucionalidad no suspende el proceso al que se refiere, ni siquiera la admisión en el TC afecta al proceso en tanto no se emita una sentencia como menciona la ley del TC: “La admisión del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad no suspenderá la tramitación del proceso, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional”(13). Debemos acotar a la vez que la CPE establece que la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo (14), por lo que las sentencias de inconstitucionalidad que pudiesen ser emitidas por el TC a futuro –es decir pasado el referendo revocatorio- no tendrán un efecto retroactivo, no pudiendo de ninguna forma entorpecer la destitución de las autoridades revocadas, dejando sin fundamento la amenaza de algunos opositores. En base a estas consideraciones podemos afirmar que Murillo y Reyes Villa no tienen ningún fundamento jurídico para exigir la suspensión del referendo revocatorio, ni tampoco desconocer sus resultados posteriormente.
3. La magistrada Salame en escena
Hasta acá todo se sujeta a un procedimiento legal sin mayores consecuencias, pero el problema adquirió dimensiones casi catastróficas, cuando el pasado 22 de julio la magistrada Silvia Salame (única vocal del TC) declaró a los medios que mediante un decreto emitido por ella “providenciaba” el memorial presentado por Murillo y sentaba “jurisprudencia” del TC “en consecuencia se comunicará a la Corte Electoral que no puede continuar con el referendo hasta que el TC se pronuncie sobre la inconstitucionalidad o no” declaró textualmente Salame (15). El país atónito entendió poco o nada de lo que dijo, solo le quedó claro que Salame suspendía el referendo, minutos después el gobierno reaccionó desconociendo el decreto y amenazando con iniciar un proceso por prevaricato a la magistrada, después de horas de un inútil debate entre “expertos constitucionalistas” que solo confundieron a la población, el famoso decreto salió a la luz pública y reveló que todo era falso, que Salame había mentido sobre el contenido de su propio decreto y que los medios habían hecho el resto para agrandar el conflicto. El decreto no le decía de ninguna forma a la CNE que debía suspender el revocatorio, simplemente negaba una petición de Murillo para devolver a la CNE el recurso que había sido remitido al TC, nada más que eso (16). Cabe preguntarse entonces ¿Por qué Salame mintió tan descaradamente sobre el contenido de un documento que ella misma había firmado?, la respuesta no tiene que ver con las especulaciones jurídicas que se han dado, sino con un objetivo político claro: Salame tenía la intención de dar un argumento legal para sustentar días después la resistencia al referendo desde las cortes departamentales electorales (CDEs). Si bien la mentira se descubrió pocas horas después, la estrategia cumplió su objetivo de confundir a la población ¿Cuánto bolivianos pudieron informarse sobre el tema después de la gran cobertura dada a las declaraciones de Salame?, ¿Cuántos bolivianos conocen el texto del decreto?, seguramente muchos menos ya que los mismos medios se encargaron de omitir la verdad del asunto (17). Si bien al día siguiente Exeni a nombre de la Sala Plena de la CNE declaró –como correspondía- continuar con el referendo “porque el TC no había fallado ni a favor ni en contra del recurso incidental de Murillo”, esta estratagema dio pié a una nueva y muy peligrosa ofensiva en contra del referendo: el desacato de las CDEs.
4. La conspiración de las Cortes Departamentales Electorales
El 24 de julio la CDE de Chuquisaca solicitó a la CNE la suspensión del revocatorio y el acatamiento de las supuestas determinaciones del TC, mencionando que no existía el marco legal necesario para prevenir futuras impugnaciones al resultado del referendo, dos días después se sumó a la petición la CDE de Santa Cruz y el vocal de la CNE Jerónimo Pinheiro. Los hechos apuntaban a una estrategia contundente que anularía por completo el revocatorio, mediante el desacato de algunas CDEs y principalmente la renuncia del vocal Pinheiro, que de darse dejaría imposibilitada –por falta de quórum- a la CNE para continuar con la consulta. La conspiración se confirmó el 29 de julio, cuando a convocatoria del presidente de la corte cruceña Orlando Parada, se reunieron las cortes de Santa cruz, Tarija, Beni y Pando, para “analizar el decreto de Salame y adoptar una posición conjunta” según dijo la vocal de Pando. Finalizada la reunión y en medio de una manifestación de apoyo organizada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, un vocal de la corte cruceña declaró que las cuatro cortes resolvieron no asistir a la reunión oficial convocada por la CNE para el día siguiente y presentar un recurso en contra del revocatorio, todo lo cual sería expuesto en un pronunciamiento oficial. Pero la amenaza no llegó a cumplirse, al día siguiente todas las cortes (18) reunidas en La Paz decidieron continuar con la consulta y el vocal Pinheiro negó el rumor de su renuncia. Horas después la corte cruceña decidió postergar el inicio de un recurso de inconstitucionalidad hasta no tener el respaldo de otras cortes y finalmente el 1º de agosto resignado Orlando Parada decidía continuar con el referendo y dejar toda impugnación jurídica. No queda duda que en estos pocos días, las cortes reunidas en Santa Cruz y bajo el mandato de los prefectos de la Media Luna, intentaron anular el revocatorio, como no cabe duda de su alineación política al haber sido las mismas las que ilegalmente organizaron los referendos de estatutos autonómicos. Por lo que cabe preguntarnos sobre las causas de este abrupto cambio de posición. La realización del desacato de las cortes tenía varias consecuencias para los presidentes y vocales, como sabemos todos las cortes electorales no tienen ninguna prerrogativa que les faculte negar, modificar o sancionar una ley, su función es estrictamente la ejecución de leyes que normen y establezcan procesos electorales, por lo que bajo ningún parámetro legal -a excepción de una decisión del Congreso o del TC- las cortes podían haber ido en contra de la Ley del Referendo Revocatorio y las ordenes administrativas de la CNE. Estamos de acuerdo en que a estas cortes poco o nada les importa la legalidad –lo hemos visto en los referendos de estatutos- pero para cometer un acto de ilegalidad de estas dimensiones es necesario un respaldo político mayor, cierta legitimidad social que minimice y justifique el hecho mismo, es con esto con lo que no contaban las CDEs rebeldes, la población ya estaba advertida de su complot y a estas alturas hastiada de tantos intentos frustrados en contra de la consulta, los diputados y senadores intentando cuidar su propia imagen política no se comprometieron públicamente a respaldar el boicot y el resto de las CDEs se mantenía firme en la organización del referendo, mientras el gobierno se encargaba de denunciar por todos los medios la estrategia. Cuando el 1º de agosto finalmente Parada consiente el revocatorio, sus escuetas declaraciones pidiendo dejar de “presionar a la corte departamental” dejan entrever que la resistencia de las cortes a las directivas de Exeni no se daban de buena gana sino por una exigencia de los prefectos que ya era insostenible y a la cual el mismo Parada ya no estaba dispuesto a responder. Los presidentes de las cortes rebeldes sabían que continuar en esas condiciones significaba su propia muerte política y la cercana posibilidad de enfrentar solos un conjunto de procesos y juicios de responsabilidades. Pero hay un elemento aún más importante que revela la obediencia de las CDEs a la CNE, y que además tiene graves consecuencias para el revocatorio. El 31 de julio los vocales de la CNE y los presidentes de las departamentales –a excepción de Oruro que se retiró rechazando la medida- emitieron una resolución que “modifica” la ley 3850 estableciendo que la revocatoria de los prefectos se daría en caso de que los votos por el NO superen el 50 %, manteniendo para el presidente y vicepresidente el 53,740% o los 1.544.374 establecidos en la Ley del Referendo. Según Exeni la resolución de la CNE no vulnera la ley 3850, ya que se trataría solo de “la aplicación de un criterio técnico”. Si recordamos días antes la CNE había solicitado al Congreso una “ley interpretativa” que “aclare” la aplicación de los resultados del revocatorio, al no haberse dado ninguna respuesta de parte del legislativo, lo que se aplica son los artículos específicos de la ley que establecen el porcentaje y número de votos para la revocatoria de cada uno de los prefectos. Pero lo que hace la corte a nombre de “un criterio técnico” es modificar la ley misma, usurpando una atribución exclusiva del Congreso. Esta por demás decir que la resolución solo favorece a los prefectos y de ser aplicada cambiaría por completo las expectativas sobre el revocatorio convirtiéndolo en un acto sin ninguna trascendencia para el país, ya que hace muy improbable que algún prefecto pierda su cargo, dejando así intacta la configuración de fuerzas con las que llegamos a este revocatorio y que según todos sus promotores es la causa principal de la consulta: “resolver” lo que García Linera llama “empate catastrófico”. En una última declaración de Exeni se advierte la determinación de mantener el tema sin aclarar, hasta después de la consulta: "La ley (3850) declara claramente, que los prefectos serán revocados con un porcentaje superior a los votos conseguido el 2005 (…) pero la ley no establece cuál es ese mínimo para revocar a los prefectos (…) por lo que la CNE con apego a principios constitucionales de igualdad ha determinado que ese mínimo es del 50 por ciento” (19). A pesar de la importancia y gravedad del asunto, solo se plantearon posiciones ambiguas de parte del gobierno: al tiempo que el vicepresidente desestimaba la resolución de la CNE considerándola una “sugerencia” y ratificando el cumplimiento de la ley 3850, el Presidente mencionaba la posibilidad de aceptar algunos cambios en las reglas del revocatorio, peor aún Edmundo Novillo presidente de la Cámara de Diputados indicaba que “los cambios establecidos por la corte no contradecían a la ley” (20). Lo primero que salta a la vista, es que en la reunión de la CNE del 31 de julio, Pinheiro y las CDEs negociaron la organización del referendo, por el cambio en los porcentajes del revocatorio para favorecer a sus prefectos, lo que no es poca cosa. Lo segundo es que aparentemente Exeni se ha prestado al juego en la perspectiva de garantizar el acto electoral como un fin en si mismo, sin el menor reparo sobre sus consecuencias políticas y legales. Por otro lado la reacción del MAS y del Ejecutivo, en el sentido de prestarle poca atención al hecho, nos hace pensar que también ha optado por garantizar el acto de consulta y postergar a futuro el serio conflicto que implica la interpretación de los resultados.Cabe remarcar que la resolución de la CNE, no tiene ninguna validez para ser aplicada, a no ser que el Congreso la asuma modificando la Ley 3850, cosa que a estas alturas parece imposible. Lo que si parece más cercano es que una vez arrojados los resultados del referendo los prefectos revocados con un porcentaje menor al 50% tendrán en la resolución una importante arma para aferrarse a sus cargos y que deberá ser el Congreso el que asuma la aplicación de los resultados con una ley interpretativa.
5. ¿Quién pierde en el revocatorio?
Según una última encuesta realizada por Captura Consulting el presidente tendría un apoyo del 54 % para ser ratificado, las encuestas de la consultora Ipsos superan esta cifra otorgándole un 59% de apoyo en las principales ciudades del país. Según los resultados de Captura Consulting -publicados el 4 de agosto en el diario La Prensa- Morales tiene un alto grado de apoyo en los departamentos de La Paz (77%), Oruro (75%), Potosí (67%), Cochabamba (54%) y Pando (51%), ocurriendo lo contrario en parte del oriente, donde la votación por el NO a la continuidad de Morales crece: Santa Cruz (70%) Chuquisaca (59%) Tarija (61%) y Beni (57%). En el caso de los prefectos la encuesta los clasifica en tres: los que serán ratificados: Rubén Costas (74% apoyo), Ernesto Suárez (64% apoyo), Cossio (58% apoyo); los que se encuentran en peligro de ser revocados: Manfred Reyes Villa (48% apoyo/48% rechazo), Luís Aguilar (48% apoyo/48% rechazo) y Mario Virreira (46% apoyo/42% rechazo); finalmente los que serían revocados: José Luís Paredes (53% rechazo) y Leopoldo Fernández (49% rechazo).Si bien en Bolivia sabemos que las encuestas son de cuidado, y su veracidad esta sujeta a los intereses de quien las encarga, cuyo principal objetivo es incidir en el voto de la población, sus datos pueden brindar una somera aproximación a las tendencias generales de la intención de voto. Así las cifras que mencionamos nos pueden ayudar a ubicar un posible panorama en el revocatorio.El gobierno no solo ha mantenido su popularidad, sino que ésta se ha incrementado, se encuentra en una posición muy cómoda respecto al electorado y nadie duda de su ratificación, a pesar de no haber podido en las últimas semanas frenar un conjunto de protestas populares principalmente la referida a la demanda de aprobación del proyecto de Ley de Pensiones de la COB y a las peticiones de otros sectores, aparentemente estos conflictos no han afectado en gran medida su respaldo social. Lo que si resulta preocupante son los niveles de apoyo en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, efectivamente una mayoritaria votación por el NO a Morales en la Media Luna será un poderoso instrumento para la oligarquía de esa región para avanzar en su plan de desconocimiento del gobierno. Rubén Costas a mediados de julio declaraba: “como el señor Evo Morales será revocado en Santa Cruz, no vamos a decir que no venga nunca más, que venga pero de paseo porque aquí no va a gobernar” (21), haciendo explicita la estrategia separatista de los prefectos para profundizar aun más la ausencia del Estado en la región. Cabe ser muy claros respecto a la declaración de Costas, la autoridad del ejecutivo tiene alcance nacional –a diferencia de los prefectos cuya administración tiene jurisdicción departamental- por lo que a pesar de las intenciones de suprimir el poder del gobierno central en Santa Cruz, de ninguna forma una votación desfavorable a Morales en algún departamento implica su perdida de mandato en el mísmo. Morales ha sido elegido por una votación nacional y su revocatoria solo puede basarse en los resultados nacionales, lo contrario es ir en contra de los principios constitucionales que definen la forma de gobierno y de toda normativa legal.En el caso de los prefectos lo más probable es que Costas y Suárez sean ratificados sin problemas, lo que será utilizado para legitimar la frustrada aprobación de sus estatutos autonómicos en los pasados referendos ilegales y retomar su estrategia de aplicación de facto de las autonomías. En situación opuesta están Paredes y Fernández que deberán irse, acá el caso de Pando resulta muy interesante ya que el repudio mayoritario a su actual prefecto expresa a la vez un quiebre en la hegemonía de la oligarquía del oriente y su separación del proyecto autonomísta, al ser acompañada de un ascenso muy rápido de la popularidad del MAS y la rearticulación de las organizaciones indígenas y campesinas.En una situación intermedia están el resto de los prefectos, pero con la diferencia de que la revocatoria de Virreira y Aguilar no provocará un conflicto mayor al haber asumido orgánicamente la línea del MAS respecto al revocatorio; por otra parte su revocatoria no supone en los hechos una modificación sustancial de la correlación de fuerzas en el país, ya que al haberse consolidado la hegemonía del gobierno en Oruro y Potosí, el MAS podrá mantener su control sobre estas prefecturas ya sea mediante nuevas elecciones (22) o conciliando con las organizaciones de cada departamento una autoridad afín. En cambio todo se complica en los casos de Cossío y Reyes Villa, los datos de diferentes encuestas no permiten identificar una clara tendencia mayoritaria por el SI o el NO, por lo que la ratificación o la revocatoria tendrían una estrecha diferencia. Es en estos casos en los que existe una mayor probabilidad de generarse un conflicto de interpretación. Para revocar a Reyes Villa es necesario el 47,6% de los votos y el 45,6% en el caso de Cossío, en la situación actual es posible llegar a esta cantidad, pero poco probable superar el 50%, al no hacerlo los prefectos recurrirán a la resolución del 31 de julio de la CNE que establece el 50% mas uno para la revocatoria, para quedarse en sus cargos. Es inevitable que la batalla se concentre en la disputa de las prefecturas de Cochabamba y Tarija, por su importancia estratégica en la pugna entre el gobierno y las oligarquías, además de ser dos prefecturas con una gran capacidad de recursos, Tarija es parte fundamental del eje autonomista y la perdida de Cossío afectaría inevitablemente el avance del proyecto autonomísta, por otra parte la prefectura de Cochabamba tiene prioridad para la derecha al actuar siendo parte del CONALDE como la quinta columna en el objetivo de quebrar la hegemonía del MAS e introducir a la región al proyecto autonomísta. Al respecto Reyes Villa ha sido el más claro al definir su completo desacato a los resultados del revocatorio sean cuales fuesen sus resultados.
6. ¿Y después del revocatorio?
En base a lo mencionado podemos imaginar que la reconfiguración política podría darse de la siguiente forma: por el importante respaldo de la población paceña al gobierno y la salida inminente de Paredes es lógico que sea el MAS o su aliado el Movimiento Sin Miedo los que ocupen posteriormente esta prefectura; las prefecturas de Oruro y Potosí indiferentemente a los resultados continuarían bajo el control del MAS; la CONALDE perdería Pando y aunque hay un creciente apoyo al MAS es poco probable que la oligarquía pandina le ceda la prefectura, las campañas iniciadas por el MNR en la región nos hacen pensar que la derecha ya tiene su candidato y que buscará imponerlo. Suárez y Costas se fortalecerán internamente, aunque su estrategia nacional saldrá quebrada con la perdida de algunos aliados. Coyunturalmente después del revocatorio el escenario político tendrá como objetivo la disputa por la prefectura de Cochabamba y posiblemente Tarija (a no ser que se den contundentes votaciones, que no dejen lugar sino a la resignación de prefectos o gobierno).
7. La conspiración de la derecha se mantiene
Dadas así las cosas el revocatorio no parece ser el hecho político trascendental que termine resolviendo la dualidad de dos poderes con proyectos distintos, sus consecuencias son de menor alcance, es cierto que la derecha tendrá algunas bajas a causa del proceso, pero de ninguna forma queda anulada su capacidad de conspiración. Mantiene su control en el Senado, en el aparato judicial y en varias prefecturas, pero fundamentalmente su poder económico –base de su poder ideológico y represivo- se mantiene intacto. La previsión más catastrófica para el futuro –y que esperamos no ocurra- es que pasado el 10 de agosto el país sea sumido por completo en la interpretación de los resultados del revocatorio y seamos asfixiados por un sin fin de recursos políticos y jurídicos similares a los de los últimos dos meses, mientras la derecha prepara y ejecuta su nueva ofensiva. La amenaza está sobre el tapete, el CONALDE ha definido movilizarse por la restitución del IDH y por la capitalía plena, dos demandas completamente políticas cuyo objetivo es continuar el acoso al gobierno, para lo cual cualquier consigna que movilice a algunos sectores le es útil.Como hemos mencionado en la primera parte, la oligarquía no está en condiciones para ejecutar su proyecto autonomista e ir al enfrentamiento directo con el Estado, por lo que solo le queda mantener la tensión contra el gobierno hasta lograr rearticularse y recuperar una base social, mientras mantiene su acoso permanente al ejecutivo con el fin de desgastar su gestión e impedir la aprobación de la nueva CPE. En este sentido y a pesar de la real dispersión de la derecha, los prefectos y la oposición tienen ya un conjunto de acciones previstas para continuar la conspiración.
i) Suárez y Costas apoyados en los resultados del revocatorio promoverán el desacato al ejecutivo, declarando que Morales ya no gobierna en sus departamentos e intentando repetir lo que ya ocurre en Sucre, donde el presidente está vetado de llegar;
ii) se manejará el resultado del revocatorio en Santa Cruz y Beni como la legitimación de los referendos ilegales de mayo y junio demandando al gobierno el pleno reconocimiento de los estatutos autonómicos;
iii) se mantendrá mediante diversas demandas la tensión en contra del gobierno, principalmente por el IDH y la capitalía plena, sobre la cual hace tiempo ya se intenta llevar adelante un referendo, de llegar a introducir la oposición un nuevo referendo en el Congreso para el año 2008, definitivamente ya se habrán perdido las posibilidades de una nueva CPE. Queda claro que la conspiración va a mantenerse y que el gobierno no puede continuar jugando en las condiciones impuestas por la derecha, no puede mantenerse impedido de gobernar y acabando su gestión en respuestas coyunturales a las arremetidas de los opositores. Lo primero que deberá hacer inmediatamente acabado el revocatorio es recurrir a su único poder real: “el apoyo popular” para zanjar rápidamente la aplicación de la ley 3850 obligando a los prefectos revocados a irse y obligando al Congreso a promulgar la ley de referendo de aprobación de la nueva CPE. A partir de ello es necesario un giro de timón a la errada política conciliadora del gobierno, para retomar una gestión dirigida a atender las demandas y necesidades de los sectores populares, que se han visto excluidos del programa de gobierno en los últimos meses, lo que significa entre otras cosas terminar el proceso de saneamiento y redistribución de la tierra, aprobar una Ley de Pensiones Universal, avanzar en la reactivación del aparato productivo, implementar políticas restrictivas al libre mercado para garantizar la soberanía alimentaria del país, etc.
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Notas:
1) Una carta enviada por la agrupación ciudadana PODEMOS al Prefecto Reyes Villa exhortándolo a dejar sus ataques por la aprobación de la Ley de Referendo Revocatorio indica: “el mayor peligro para la democracia boliviana es la aprobación del Proyecto de Constitución del MAS (…) Nuestra organización política, anoticiado que el MAS pretendía repetir esta estrategia (se refiere al “cerco al Congreso”), decidió aprobar en la Cámara Alta la Ley de Convocatoria al Referéndum Revocatorio, impidiendo de esta manera la aprobación del Referéndum para aprobar el Proyecto de Constitución del MAS (en aplicación al artículo 11 párrafo I de la Ley 2769 del Referéndum)” (La Patria: 15-07-08)
2) Ver: “Historia secreta del referendo revocatorio” en Pulso 21-05-08
3) Ver: “Manfred ratifica rechazo al revocatorio; se estrella contra el Conalde y Tuto” en Agencia Boliviana de Información 07-07-08 www.abi.bo
4) Ver: Santibáñez Marco “Encuestas despachan a prefectos” en Bolpress 26-06-08 Ver: “Manfred ratifica rechazo al revocatorio; se estrella contra el Conalde y Tuto” en Agencia Boliviana de Información 07-07-08 www.abi.bo www.bolpress.com
5) Ver: “Embajador de EEUU confía en superar controversia con Bolivia” en El Diario 03-07-08
6) Ver: Artículo 59º de la Ley del Tribunal Constitucional
7) Ver: Artículo 1º inciso I y artículo 4º inciso I de la Constitución Política del Estado
8) Ver: Artículo 64º, parágrafo III de la Ley del Tribunal Constitucional
9)Ver: Artículo 31º, parágrafo 1,3 y 4 de la Ley del Tribunal Constitucional
10) Ver: Artículo 9º de la Ley del Tribunal Constitucional
11) Ver: Artículo 47º, inciso 1 de la Ley del Tribunal Constitucional
12) Ver: Artículo 8º de la Ley del Tribunal Constitucional
13) Ver: Artículo 63º de la Ley del Tribunal Constitucional
14) Ver: Artículo 33º de la Constitución Política del Estado
15) Ver: “Magistrada Salame opina que la Corte Electoral debe paralizar el Referendo Revocatorio” en: Erbol 22-07-08 www.erbol.com.bo
16) Ver: Decreto emitido por Silvia Salame en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por Arturo Murillo en contra del Referendo Revocatorio 21-07-08. En: CEDIB Boletín de Coyuntura Nº 3 http://www.cedib.org/bp/B3/documento8.pdf
17) El 27 de julio, después de cuatro días de haberse descubierto la falsedad de las declaraciones de Salame los medios mantienen como una verdad absoluta la mentira de Salame: “Mediante un decreto, la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, solicitó el 22 de julio a la CNE la suspensión de la consulta ciudadana del 10 de agosto hasta que esa instancia del Poder Judicial emita una sentencia sobre un recurso incidental interpuesto por el diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo contra el referéndum.”(La Prensa 27-07-08 Pinheiro y la Corte cruceña piden suspender el referendo). El 4 de agosto una editorial de El Deber dice: “la Corte Nacional Electoral desconoció dos recursos emitidos por la única magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, que instruye la suspensión del proceso plebiscitario”.
18) Aclaramos que la corte de Potosí no asistió a causa de los bloqueos y la de Oruro se retiró al oponerse a discutir el tema de los porcentajes del revocatorio, pero ambas ratificaron su apoyo a la consulta.
19) Ver: “CNE cierra polémica sobre porcentajes y recursos legales y ratifica el revocatorio” en Agencia Boliviana de Información 03-08-08 www.abi.bo
20 Ver: “Morales podría considerar cambio de reglas en referendo. Bolivia” Reuters 01-08-08
21) Ver: “Costas dice que evo perderá el mandato en Santa Cruz” en: El Deber 16-07-08
22) Si bien aún no se ha definido el mecanismo para designar a los sustitutos de los prefectos revocados, el gobierno ha expresado su intención de hacerlo mediante el voto directo en elecciones o conciliando con las organizaciones sociales de cada departamento a la nueva autoridad.
Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, Cochabamba.
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Desterrado Evo Morales en su propia tierra
Desterrado Evo Morales en su propia tierra
En la emblemática fecha del aniversario 183 del Día de la Independencia, el presidente boliviano Evo Morales no pudo presentar su informe nacional en la capital constitucional del país, que lleva el nombre del Libertador de Bolivia, el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Según Evo, él no estará en Sucre “para no dar motivos a un eventual enfrentamiento entre bolivianos que podría terminar con graves consecuencias”, debido a que las autoridades de Chuquisaca-Sucre respaldan las provocaciones de grupos violentos contra su gobierno.A su vez, la sesión de honor del Congreso Nacional en Sucre, prevista por el día de la fundación del país, fue suspendida por el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, dado que no se podía garantizar las condiciones de seguridad física de los parlamentarios, funcionarios estatales e invitados diplomáticos.Por la misma razón fue cancelada la cumbre de los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Argentina, Cristina Fernández y de Evo Morales, en Tarija. Los fuertes ataques contra las delegaciones de avanzada de los tres presidentes, organizados por los separatistas de Tarija, motivaron la cancelación de la visita de Chávez y Fernández, desde Buenos Aires.
El significado de estos tres eventos es muy claro. El Presidente legítimo de la República de Bolivia es una especie de desterrado o expatriado en la mayoría de las provincias de su propia tierra a las cuales solo puede ir, cuando la oligarquía lo permite. En una analogía formal con el lenguaje de la guerra irregular tendríamos que decir que la contrarrevolución ha conquistado “zonas liberadas” en las cuales el gobierno central no puede entrar; es decir, ha establecido un Estado dual periférico paralelo al Estado central del altiplano.
La esencia del conflicto en Bolivia es el choque entre el poder fáctico y el constitucional, entre la alianza oligárquica-imperial y el gobierno de Evo. Cuando el poder fáctico desconoce el legítimo poder constitucional, éste tiene los recursos de la justicia y la fuerza militar para imponer la ley. El gobierno de Evo no ha usado esos poderes por dos razones, una pragmática y otra moral: a) no está segura de la lealtad de la justicia y de la Fuerza Armada y, b) la ética y formación política de Evo rechazan el uso de la represión estatal legítima para imponer su proyecto político.
El mismo carácter de la contradicción boliviana ---la dualidad de poderes basada en lo fáctico-contrarrevolucionario y lo legal-progresista--- hace improbable que el referendo del 10 de agosto pueda resolverla. Esencialmente, va a reafirmar la correlación de fuerzas del status quo.
Sigue por lo tanto la división de facto de Bolivia en dos países y la fase de acumulación de fuerzas, hasta que uno de los dos poderes antagónicos esté en condiciones de dar el golpe decisivo, para liquidar al otro. Como demuestran los atentados contra Evo y el Ministro de la Presidencia, para la derecha esto incluye el asesinato político.
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