A PROPOSITO DE LAS ELECCIONES LOCALES EN VENEZUELA
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Frei Betto
ALAI AMLATINA, 14/07/2008, Sao Paulo.
En octubre tendremos elecciones municipales. A través de nuestro voto y de nuestros impuestos vamos a dar empleo y poder a quien, en nuestro nombre, va a administrar el municipio. Muchos electores votan sin conocer a los candidatos a concejales y a alcalde, presionados por los medios de comunicación, por la propaganda electoral, por familiares y amigos, y hasta chantajeados por activistas electorales.
La democracia brasileña, sin embargo, ha madurado, a pesar de los políticos que conciertan alianzas sin ninguna propuesta programática, sólo centrados en una obsesión: mantenerse en el poder.
No siempre recordamos el nombre del candidato a concejal que votamos en las elecciones anteriores. Ahora se fortalece en todo Brasil el movimiento para negar el voto a quien se le ha abierto expediente judicial. Al menos el elector tiene el derecho de saber si su candidato tiene currículo, expediente, ficha policial o sentencia condenatoria.
En una democracia participativa los concejales debieran representar la voluntad de los electores. ¿Cuántas veces su concejal le llamó para pedirle su opinión? Normalmente la mayoría de los concejales acaban representando intereses corporativos, como el de las empresas de transporte público o de la especulación inmobiliaria. Y no son raros los que, captados por el ejecutivo municipal, hacen lo contrario, durante el ejercicio de su mandato, de todo cuanto prometieron en la campaña electoral.
Ahora se da algo nuevo, no en el reino de Dinamarca, sino en la democracia brasileña: el control del poder público municipal por la sociedad civil. En vísperas de la elección de nuevos alcaldes, la iniciativa merece ser reproducida en todo el Brasil. Se trata del Movimiento Nuestra São Paulo.
Sin carácter partidario, congrega a casi 450 movimientos sociales e instituciones interesadas en mejorar la calidad de vida de la mayor metrópoli brasileña y de reducir el abismo entre el gobierno municipal y la población, fortaleciendo la democracia participativa.
El Movimiento Nuestra São Paulo nació hace unos dos años. Creó grupos de trabajo para estudiar cómo se podía volver más habitable la ciudad, y más eficiente la administración. En febrero de este año consiguió introducir una enmienda a la Ley Orgánica, que obliga al próximo alcalde a presentar, 90 días después de su toma de posesión, un programa detallado de las metas, basado en indicadores para cada área de la administración municipal y por cada una de las 31 vicealcaldías y de los 96 distritos de São Paulo.
Al establecer metas, el poder ejecutivo contribuye a un mayor control de los gastos públicos, o sea, al modo de administrar y gastar el dinero del pueblo confiado a él a través de los impuestos.
En mayo el Movimiento promovió el 1º Foro Nuestra São Paulo –Propuestas para una Ciudad Justa y Sustentable-, en el que participé junto a 750 representantes de la sociedad civil. Allí fueron analizados los principales desafíos sociales, económicos, políticos, ambientales y urbanos de la capital bandeirante, sugeridos por la sociedad civil y por los grupos de trabajo del Movimiento.
Ahora, el próximo 21 de julio, serán entregados a los candidatos a la alcaldía de la capital paulista las 1.500 propuestas de movimientos sociales, universidades, empresas y ciudadanos interesados en construir una ciudad justa y sustentable. En dicha ocasión cada candidato podrá hacer uso de la palabra durante diez minutos. Se espera que incorporen las propuestas a sus programas electorales y de gobierno.
Iniciativas como ésta contribuyen a mejorar el nivel de nuestros representantes políticos. Ética no es sólo rechazar la corrupción y no aprovecharse del cargo para obtener ventajas personales, familiares y corporativas. Es también coherencia de principios, servicio al bien común, respeto a la voluntad y a las aspiraciones de los ciudadanos.
Quiera Dios -y los electores- que esa moda tenga éxito. Así estaremos elevando el nivel de la democracia brasileña, haciéndola verdaderamente participativa. (Traducción de J.L.Burguet)
- Frei Betto es escritor, autor de “La mosca azul. Reflexión sobre el poder”, entre otros libros.
Más información: http://alainet.org/
martes, 15 de julio de 2008
jueves, 10 de julio de 2008
INFLACION, AGRONEGOCIOS Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD
ALAI, América Latina en Movimiento 2008-07-09
Argentina
Jorge Beinstein
Hacia mediados de Junio la confrontación entre el gobierno y las asociaciones patronales del campo parecía haber llegado a un punto de ruptura total, pero no fue así, pocos días después las aguas se calmaban. La presidente decidía transferir al Parlamento la decisión final sobre los impuestos a la exportación de productos agrícolas, es lo que esperaban los empresarios rurales para levantar su lockout que empezaba a desgastarse rápidamente al igual que la popularidad del gobierno. Fue el fin provisorio de más de cien días de enfrentamiento luego de los cuales, como dicen ahora algunos politólogos, “Argentina ya no es la misma”.
La imagen de la presidenta había llegado a un nivel de deterioro solo comparable con el del ex presidente De la Rua en diciembre de 2001, sus convocatorias a la movilización en apoyo al gobierno habían enardecido en su contra a las clases altas y a sectores crecientes de las clases medias. Por su parte los ruralistas habían extendido su influencia unificando detrás de ellos al conjunto de la oposición de derecha y a vastos sectores de las clases medias rurales y urbanas, en este último caso incluso a grupos medios-bajos afectados por un proceso inflacionario que a lo largo de los últimos meses ha deteriorado su nivel de vida. Sin embargo su radicalización los llevaba a un callejón sin salida, especialmente en el caso de la pequeña burguesía agraria prospera, una suerte de “nuevos ricos” furiosos ante las cargas fiscales que enturbiaban sus expectativas de ganancias abundantes y ascendentes.
La intransigencia extremista a que habían llegado en sus exigencias era de hecho una convocatoria al golpe de estado, en el pasado tal vez su deseo se hubiera podido materializar, pero ahora, a un cuarto de siglo del fin de la última dictadura militar, la capacidad de intervención de las Fuerzas Armadas es casi nula, su degradación institucional y la lápida moral que pesa sobre ellas llamada genocidio hace impracticable esa posibilidad.
La otra alternativa golpista era la de una pueblada de derecha (una suerte de 2001 al revés) amplificada por los medios de comunicación y finalmente manipulada por un sector del sistema institucional (judicial, parlamentario nacional, gobiernos provinciales, etc.). Pero los dirigentes de las derechas política y rural no estaban dispuestos a intentar semejante aventura, en primer lugar porque el actual gobierno más allá de su imagen progresista ha respetado integralmente al sistema neoliberal dominante heredado de los años 1990 y en consecuencia núcleos decisivos del poder económico no apoyarían de ninguna manera el desalojo de la presidenta.
En segundo término porque ese hecho habría abierto una suerte de caja de pandora, un desorden general que unido al más que probable hundimiento de las clases populares acorraladas por el alza de los precios de los alimentos podría haber generado una avalancha muy extendida de protestas sociales. Y finalmente porque hacia mediados de junio pese a la persistente agitación de los medios de comunicación la popularidad del derechazo mostraba serios signos de deterioro, el alza de precios y la amenaza de desabastecimiento comenzaban a producir reacciones hostiles hacia los ruralistas provenientes de importantes sectores de las clases medias y bajas. Las asociaciones tradicionales de la burguesía terrateniente como la Sociedad Rural que a lo largo del conflicto habían mantenido un perfil relativamente moderado presionaron con fuerza para desacelerar la protesta. Los nuevos ricos del mundo agrario (pequeños y medianos rentistas y agricultores) fueron de hecho la masa de maniobras del bando de los agronegocios, se creyeron sujeto de una suerte de cruzada gaucha contra el “estado-ladrón” que les quería cobrar tributos extraordinarios. Por debajo de las escarapelas y banderas patrias se movía azuzada por las clases altas una clase media agraria mezquina que pretendía apropiarse de una parte sustancial del botín de super ganancias del negocio exportador.
Sin embargo sería un grueso error limitar el fenómeno a ese aspecto socioeconómico, el abanico civil movilizado contra el gobierno fue mucho más amplio, se extendió a las ciudades, cobró ímpetu en los grandes conglomerados urbanos incorporando a importantes sectores medios la mayor parte de ellos sin vínculos materiales directos con el mundo agrario.
Es cierto que en los barrios acomodados de Buenos Aires, por ejemplo, la vanguardia de los cacerolazos fueron las “cacerolas de teflón” esgrimidas por los ricos acompañados por nostálgicos de la última dictadura militar, pero el movimiento se extendió a las zonas de clase media y fue visible la simpatía despertada en sectores importantes de clase media urbana baja.
La desestabilización
Las movilizaciones promovidas por el gobierno se realizaron a fuerza de aparato, el clima entre los trabajadores fue de apatía o indiferencia y en ciertos casos de repudio no muy entusiasta a la derecha, el activismo pro gubernamental a veces autocalificado como “anti oligárquico” fue claramente minoritario.
Un factor decisivo del ascenso opositor en las capas medias y de alejamiento respecto del oficialismo en las clases bajas (donde la presidenta hizo su mejor cosecha de votos en 2007) es la inflación que ha deteriorado rápidamente los ingresos reales de los asalariados.
Actualmente la derecha política y su paraguas empresario señalan a la inflación como el enemigo principal a combatir para lo cual vuelven a levantar las tradicionales recetas neoliberales centradas en el llamado “enfriamiento de la economía” alcanzado a través de la reducción del gasto público y del freno a los salarios. El resultado sería un rápido incremento de la desocupación y la precarización laboral y el achicamiento de la demanda de las clases bajas pero no de los beneficios empresarios que se mantendrían o aumentarían gracias al descenso de los costos salariales reales.
Con menores gastos el Estado podría preservar el superávit fiscal sin necesidad de aumentar los impuestos lo que beneficiaría obviamente a empresarios y clases altas en general. Allí se detiene la ofensiva liberal, porque según ellos el Estado debería seguir interviniendo en el mercado cambiario acumulando dólares y sosteniendo así un dólar artificialmente muy alto lo que permitiría mantener o aumentar los altos ingresos en pesos de los exportadores industriales y agropecuarios. En este esquema económico la gobernabilidad solo podría ser sostenida con dosis crecientes de represión social y con la consolidación del bloque reaccionario (clases altas y medias) tal como se ha ido conformando en los últimos meses. Pero ambas condiciones son de muy difícil obtención, las bases populares han cambiado mucho desde la década pasada, la experiencia de 2001-2002 marca un punto de inflexión casi irreversible. Si se impone la opción neoliberal la generalización y radicalización de las protestas populares conformaría un panorama de alta turbulencia al que seguramente se incorporarían sectores intermedios que afectados por la concentración de ingresos abandonarían sus delirios elitistas para volver a mirar con simpatía a los de abajo.
Por su parte el gobierno trata desde hace algo más de un año de enfrentar la inflación con medidas puntuales que no consiguen frenar el proceso. Desde el ocultamiento de la realidad manipulando las estadísticas hasta los acuerdos de precios sectoriales pasando por toda clase de negociaciones con grupos empresarios y burocracias sindicales, fue desplegado un complicado juego destinado ahuyentar el clima inflacionario preservando la alianza social y mediática que había sido la base de la gobernabilidad desde 2003.
El gobierno temía que dicha alianza se rompiera desde abajo, desde el espacio de los trabajadores debido a la persistente degradación de los salarios reales pero se rompió por arriba, desde el mundo de los agronegocios, desde las capas sociales más beneficiadas por la estrategia económica kirchnerista desatando una ola reaccionaria cuya magnitud y radicalidad sorprendió a todos, al gobierno por supuesto pero también a sus instigadores directos, los dirigentes empresarios rurales.
La aplicación de impuestos o retenciones móviles a la exportaciones agrícolas, que apuntan centralmente a las ventas externas de soja no constituyen una medida fiscalista, el estado dispone de una amplia variedad de fuentes tributarias alternativas y cuenta con un superávit fiscal considerable, su objetivo es el sistema de precios, la inflación empujada por la repercusión interna del alza internacional de los precios de los productos agrícolas. Midió muy mal las posibles repercusiones de la medida pero ¿quien las midió bien?, ni los dirigentes patronales agrarios, ni los medios de comunicación que los apoyan, sospechaban la ola de protestas que se desataría y mucho menos la rápida conformación de una masa social reaccionaria cuyo volumen y dinamismo no tiene precedentes en el último medio siglo. Par encontrar algo parecido deberíamos retroceder hasta 1955 cuando un enorme bloque de clases medias y altas apoyó (impulsó) al golpe militar antiperonista, también en ese entonces como ahora salpicado con brotes racistas contra los pobres.
Inflación, capitalismo realmente existente y agronegocios
El proceso inflacionario no es el resultado de un supuesto “recalentamiento” económico sino de una combinación de factores internos y externos cuya convergencia desborda tanto al oficialismo como a su oposición de derecha.
Desde el ángulo de los costos productivos, la inflación internacional hizo subir los precios de una amplia variedad de insumos importados, esa tendencia se vio reforzada por la política de dólar alto en beneficio de los exportadores.
Pero un factor decisivo ha sido la carrera entre salarios y beneficios empresarios. Tomando como base las estadísticas oficiales los salarios reales cayeron en promedio un 30 % en 2002 y comenzaron a recuperarse al año siguiente, hacia 2007 ya se encontraban casi en el nivel de 2001, antes del desplome, pero eran todavía inferiores a los de mediados de los años 1990.
Tenemos que tomar en cuenta tendencias de largo plazo como las del crecimiento de la tasa de desocupación y de la concentración de ingresos, las mismas fueron avanzando lentamente desde mediados de los años 1950 a través de un movimiento zigzagueante expresión de la puja entre los sindicatos y las empresas, el golpe militar de 1976 aceleró su marcha que adquirió mayor velocidad en los años 1990. En 2001-2002 se produjo el derrumbe de los salarios y del gasto público en términos reales pero desde 2003 la recomposición económica produjo un gradual incremento de la ocupación que creció cerca del 20 % entre 2003 y el primer trimestre de 2007, de los salarios reales (crecieron algo más del 30 % en el mismo período) y de la participación de los trabajadores en el Ingreso Nacional: 23 % en 2003 y 28 % a comienzos de 2007 aunque todavía inferior a la de 2001 próxima al 31 % , todo esto siguiendo las estadísticas oficiales (1). Es muy probable que dichas estadísticas exageren las cifras positivas, además la recomposición salarial fue muy despareja, sin embargo resulta evidente que entre 2003 y 2006, el período de gloria del kirchnerismo, las tres variables arriba mencionadas aumentaron. Frente a ello el conjunto de la clase capitalista aprovechó en una primera etapa los bajos salarios reales para acumular beneficios festejando la expansión general de la demanda interna. Pero cuando entre fines de 2006 y comienzos de 2007 los salarios reales comenzaron a aproximarse a los niveles de 2001 los empresarios reaccionaron tratando de revertir la situación; comerciantes, industriales, productores agropecuarios, etc., fueron aumentando los precios de sus productos. Desde su punto de vista los aumentos en los precios de insumos y de los salarios estaban comprimiendo margenes de beneficios hasta niveles “inaceptables”, para ellos 2001-2002 (al igual que 1976) marcaba un hito histórico irreversible.
La primera oleada inflacionaria fue suave y pudo ser absorbida por el conjunto de la población (incluidos los asalariados) y las relativamente pequeñas retracciones iniciales de la demanda en las clases bajas fue más que compensada por incrementos paralelos en la demanda de las clases superiores. Más adelante la reconcentración de ingresos (paralela al deterioro de los salarios reales) impulso con mayor fuerza el fenómeno de “inflación de demanda” proveniente de los sectores medios-superiores y altos.
El empujón final lo produjo la aceleración del alza de los precios internacionales de los productos agrícolas repercutiendo sobre el sistema interno de precios (y sobre las expectativas de superbeneficios en las clases altas y medias del mundo rural).
Como ya lo señalé el gobierno cuyo negocio principal es la “gobernabilidad”, madre del poder político y de todos los negocios oficiales, reaccionó tratando de imponer retenciones móviles a las exportaciones agrícolas partiendo de la base de que sus precios futuros, en un horizonte previsible, serán cada vez más altos. Fue a la vez una medida defensiva y preventiva que provocó el amotinamiento ya conocido lo que a su vez aceleró el proceso inflacionario.
En uno de sus primeros discursos, al iniciarse la protesta rural, la presidenta señaló estar “en contra de la lucha de clases”, lo expresó como una suerte de “principio doctrinario” irrenunciable; como lo estamos viendo se podrá estar a favor o en contra pero la lucha de clases existe. El fundador de su movimiento solía repetir hace varias décadas una y otra vez que “la única verdad es la realidad”, queda abierto el debate acerca de si se trataba o no de un principio doctrinario o sobre el significado filosófico del concepto de “realidad” , etc., pero no podrá negarse que constituía un llamado a la sensatez y a la desacralización de fantasías irracionales, por ejemplo (si nos situamos en la Argentina actual) la ilusión respecto de un capitalismo armónico, estable, aunque subdesarrollado y crecientemente dominado por los agronegocios (inmersos en una avalancha de superganancias especulativas) y en medio de una formidable crisis global.
La larga marcha del parasitismo financiero
Los agronegocios aparecen hoy como la cabeza, el área más prospera del capitalismo argentino, la agresividad de sus huestes, su tono autoritario ha llevado a diversos grupos y comunicadores pro gubernamentales a calificar al fenómeno de “renacimiento oligárquico”, de resultado de la “reprimarización económica”, de retorno al viejo sistema agroexportador sobre el que la aristocracia terrateniente colonial asentó su poder hace algo más de un siglo, desplazado después por la industrialización y el primer peronismo.
Esa imagen oculta el carácter claramente “financiero” de los agronegocios y en consecuencia su pertenencia al movimiento global de financierización ascendente desde hace cuatro décadas que ha terminado por establecer su hegemonía sobre la economía mundial. La masa total de fondos que circulan en sus redes especulativas se aproxima a los mil millones de millones de dólares (equivalente a casi 16 veces el Producto Bruto Mundial), solo los negocios con los llamados “productos financieros derivados”, registrados por el Banco de Basilea, rondan los 600 millones de millones de dólares. Esta hipertrofia parasitaria ha impuesto su sello subcultural a las más variadas actividades productivas tanto en los países centrales como en los periféricos, es una de las causas decisivas de la inflación internacional (cuyo pilar fundamental es obviamente la explosión del precio del petróleo) y la principal fuente nutricia de la depredación ambiental planetaria.
Dicha tendencia, expresión de decadencia civilizacional, atrapó a las sociedades latinoamericanas hace ya mucho tiempo. El inicio de la declinación de la economía argentina suele establecerse en el segundo lustro de los años 1970, durante la dictadura militar, cuando emergió dominante el sector financiero como cabeza de un sistema más vasto de actividades especulativas que fue dejando en un segundo plano a los sectores productivos, principalmente la industria. Entre 1976 y 1981 el sector industrial creció apenas un 2% en términos reales, mientras el financiero lo hizo en casi 150% (2).
En Argentina el nacimiento de la hegemonía financiera, que desde el comienzo asumió formas mafiosas, apareció como resultado del agotamiento y descomposición del proceso de industrialización (subdesarrollada) evidente desde fines de los años 1960 cuya más alta expresión política fue el primer gobierno peronista (1945-55). Dicho proceso nunca había podido superar el viejo esquema agroexportador, con el que coexistió de manera inestable y confusa: dependía para funcionar de las divisas de las exportaciones provenientes del sector rural, lo que determinaba una debilidad estratégica fundamental en su inserción internacional. Esto prosiguió hasta mediados de los 1970, en un contexto de interminable sucesión de golpes y contragolpes de Estado y asociaciones intersectoriales de las que participaban las transnacionales que iban ocupando posiciones, los acreedores externos, los industriales más o menos "nacionales", los intereses de la alta burguesía rural y comercial, los sindicatos, etc., en una suerte de eterno "empate" donde ningún sector conseguía prevalecer de manera durable. En los hechos se iba produciendo poco a poco la recolonización del aparato económico argentino (a través de la deuda externa, las inversiones extranjeras, el debilitamiento comercial) al mismo tiempo que se concentraban los ingresos y se degradaba el Estado. Este retroceso general debilitaba, quebraba una tras otra las zonas de protección económicas, institucionales y sociales, transformando al capitalismo local en su conjunto.
La dictadura instalada en 1976 produjo un cambio cualitativo, marcado por la avalancha especulativa, la caída salarial y la apertura importadora salvaje, coincidente desde la especificidad periférica argentina con el proceso global de dominación financiera.
El predominio de los agronegocios debe ser visto en consecuencia como la resultante (la más reciente degeneración socioeconómica nacional) de ese movimiento externo-interno, la dinámica del mundo rural argentino de hoy es inexplicable sin la introducción de términos como “pool de siembra”, “fondo fiduciaro” o “rentista rural”. Por otra parte su auge es el producto del alza acelerada de los precios internacionales de los productos agrícolas: componente de la crisis mundial del capitalismo, resultado del agotamiento tecnológico de la modernización agrícola convertida en mega depredadora de recursos naturales, generadora de hambrunas en vastas zonas subdesarrolladas, desestabilizadora de economías centrales y periféricas.
De todos modos la “cultura financiera” de los centros dinámicos del sistema rural argentino no significa la presencia de una “nueva burguesía” borrando por completo las viejas raíces oligárquicas. El proceso histórico ha sido mas complejo, las antiguas clases dominantes agrarias fueron mutando en las últimas décadas, sobre todo desde los 1990, algunos sectores desapareciendo del escenario, otros adaptándose con dificultades y finalmente los ganadores incorporándose de manera plena a los nuevos tiempos, asociándose con los recién llegados por lo general especuladores, estructuras financieras locales y transnacionales (en numerosos casos es casi imposible diferenciar estas dos últimas categorías). Hoy cuando observamos a la élite dirigente de la economía agraria encontramos viejos apellidos de la aristocracia rural combinados con personajes surgidos de los negocios rápidos de la era neoliberal, grupos financieros globales, etc. A este proceso de “financierización” han ingresado amplias capas de la clase media agraria en tanto socias de los nuevos emprendimientos o como rentistas.
Por otra parte no deberíamos oponer de manera esquemática los nuevos comportamientos a la antigua cultura “oligárquica”, muchas veces señalada erróneamente como “poco-capitalista”, “atrasada” desde el punto de vista del desarrollo burgués. Desde sus orígenes en el siglo XIX la élite pampeana estuvo impregnada de una gran dinámica comercial-financiera, su carácter colonial le otorgó una identidad “internacional” (pro europea), diversificó sus negocios en el área urbana donde por lo general residía, etc.
En consecuencia su última mutación hacia los agronegocios de alta tecnología no significó el ingreso a un mundo totalmente nuevo sino más bien el salto cualitativo de procesos recientes y también de otros muy lejanos en el tiempo.
Crisis de gobernabilidad
La economía mundial, con centro en los Estados Unidos, va ingresando en una situación caracterizada por la combinación de inflación y desaceleración productiva. El desorden inflacionario global llegó para quedarse seguramente durante mucho tiempo, acunado por la hipertrofia financiera, empujado por el alza incesante de los precios del petróleo, los alimentos y la commodities en general.
Los agronegocios actuales son entre otras cosas “negocios inflacionarios”, impulsados por (e impulsando) corridas especulativas internacionales (e intranacionales), golpes de mano y operaciones de corto plazo en procura de superganancias, acumulaciones veloces de liquidez destinada a ser reinvertida en ese rubro o en otros. La depredación de todo lo que se les cruza en el camino (recursos naturales, estructuras sociales, etc.) es una componente esencial de su comportamiento. En el caso específico argentino es posible afirmar que el clima cultural prevaleciente a comienzos de esta década (bien abonado por el período menemista) estaba perfectamente preparado para esa avalancha capitalista global, el gobierno de los Kirchner ahora victima del fenómeno lo alentó desde su llegada porque lo consideró un factor decisivo de la “prosperidad económica” que aseguraba la estabilidad institucional. Los records de exportaciones agrícolas (es decir el ascenso triunfal de los agronegocios) era presentado desde el oficialismo como ejemplo de éxito empresario de la nueva Argentina donde la acumulación de reservas dolarizadas, las altas tasas de crecimiento del PBI y el enriquecimiento de los poderosos solían ser asociadas a la integración social, la recuperación de salarios y empleos y la consolidación de la convivencia republicana.
Al parecer el “progresismo” había por fin encontrado la fórmula de la cuadratura del círculo: subdesarrollo capitalista prospero con inclusión de los de abajo y democracia representativa. Pero la fiesta duró menos de un lustro, los agronegocios fueron acumulando poder económico, mediático y político y en el primer semestre de 2008 ya estuvieron en condiciones de exponer su poderío y avanzar hacia una super concentración de ingresos.
Al hacerlo deterioraron gravemente no solo a la gobernabilidad progresista sino a la gobernabilidad en general: la inflación descontrolada y la irrupción de una masa social reaccionaria muy agresiva y extendida con claros brotes protofascistas puso al desnudo la debilidad del régimen político, su insuficiente legitimidad. De manera aparentemente “inesperada” ha comenzado la enésima de crisis de gobernabilidad de la historia argentina, la misma no ha sido originada por el derrumbe económico sino por la prosperidad (agroexportadora), su contexto internacional esta sobredeterminado por la crisis estanflacionaria global, la burguesía ganadora que la ha desatado difícilmente podrá transformar su dominio económico en un sistema integral y durable de control político de la sociedad, su ascenso es desestabilizante. De todos modos no parece preocuparle demasiado el futuro en general y mucho menos el futuro de la “democracia” virtual argentina, su obsesión es acumular grandes beneficios lo más rápido posible, su mundo es el del corto plazo y se corresponde con la vorágine nihilista de los centros financieros del planeta.
Mientras tanto el gobierno y la totalidad de los grandes medios de comunicación insisten en que Argentina se encuentra ante “una gran oportunidad” para enriquecerse gracias al ascenso vertiginoso de los precios de los alimentos, el hecho de que el mismo sumerja en el hambre a centenares de millones de seres humanos no parece motivar en ellos ninguna reacción ética. Su pequeña “racionalidad” amoral les impide percibir desde una visión racional más amplia la catástrofe hacia la que se encaminan mientras contabilizan sus ganancias extraordinarias, al zambullirse en el mar turbulento del área más inestable de la economía mundial con sus precios zigzagueantes y sus estampidas financieras.
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(1), Eduardo M. Basualdo, “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condiciones estructurales”, Memoria Anual 2008, Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.
(2), Jorge Beinstein, “Crisis de régimen en Argentina. Pujas internas en la dirigencia, descontento social”, Le Monde Diplomatique, “el diplo”, número 22, abril 2001.
Argentina
Jorge Beinstein
Hacia mediados de Junio la confrontación entre el gobierno y las asociaciones patronales del campo parecía haber llegado a un punto de ruptura total, pero no fue así, pocos días después las aguas se calmaban. La presidente decidía transferir al Parlamento la decisión final sobre los impuestos a la exportación de productos agrícolas, es lo que esperaban los empresarios rurales para levantar su lockout que empezaba a desgastarse rápidamente al igual que la popularidad del gobierno. Fue el fin provisorio de más de cien días de enfrentamiento luego de los cuales, como dicen ahora algunos politólogos, “Argentina ya no es la misma”.
La imagen de la presidenta había llegado a un nivel de deterioro solo comparable con el del ex presidente De la Rua en diciembre de 2001, sus convocatorias a la movilización en apoyo al gobierno habían enardecido en su contra a las clases altas y a sectores crecientes de las clases medias. Por su parte los ruralistas habían extendido su influencia unificando detrás de ellos al conjunto de la oposición de derecha y a vastos sectores de las clases medias rurales y urbanas, en este último caso incluso a grupos medios-bajos afectados por un proceso inflacionario que a lo largo de los últimos meses ha deteriorado su nivel de vida. Sin embargo su radicalización los llevaba a un callejón sin salida, especialmente en el caso de la pequeña burguesía agraria prospera, una suerte de “nuevos ricos” furiosos ante las cargas fiscales que enturbiaban sus expectativas de ganancias abundantes y ascendentes.
La intransigencia extremista a que habían llegado en sus exigencias era de hecho una convocatoria al golpe de estado, en el pasado tal vez su deseo se hubiera podido materializar, pero ahora, a un cuarto de siglo del fin de la última dictadura militar, la capacidad de intervención de las Fuerzas Armadas es casi nula, su degradación institucional y la lápida moral que pesa sobre ellas llamada genocidio hace impracticable esa posibilidad.
La otra alternativa golpista era la de una pueblada de derecha (una suerte de 2001 al revés) amplificada por los medios de comunicación y finalmente manipulada por un sector del sistema institucional (judicial, parlamentario nacional, gobiernos provinciales, etc.). Pero los dirigentes de las derechas política y rural no estaban dispuestos a intentar semejante aventura, en primer lugar porque el actual gobierno más allá de su imagen progresista ha respetado integralmente al sistema neoliberal dominante heredado de los años 1990 y en consecuencia núcleos decisivos del poder económico no apoyarían de ninguna manera el desalojo de la presidenta.
En segundo término porque ese hecho habría abierto una suerte de caja de pandora, un desorden general que unido al más que probable hundimiento de las clases populares acorraladas por el alza de los precios de los alimentos podría haber generado una avalancha muy extendida de protestas sociales. Y finalmente porque hacia mediados de junio pese a la persistente agitación de los medios de comunicación la popularidad del derechazo mostraba serios signos de deterioro, el alza de precios y la amenaza de desabastecimiento comenzaban a producir reacciones hostiles hacia los ruralistas provenientes de importantes sectores de las clases medias y bajas. Las asociaciones tradicionales de la burguesía terrateniente como la Sociedad Rural que a lo largo del conflicto habían mantenido un perfil relativamente moderado presionaron con fuerza para desacelerar la protesta. Los nuevos ricos del mundo agrario (pequeños y medianos rentistas y agricultores) fueron de hecho la masa de maniobras del bando de los agronegocios, se creyeron sujeto de una suerte de cruzada gaucha contra el “estado-ladrón” que les quería cobrar tributos extraordinarios. Por debajo de las escarapelas y banderas patrias se movía azuzada por las clases altas una clase media agraria mezquina que pretendía apropiarse de una parte sustancial del botín de super ganancias del negocio exportador.
Sin embargo sería un grueso error limitar el fenómeno a ese aspecto socioeconómico, el abanico civil movilizado contra el gobierno fue mucho más amplio, se extendió a las ciudades, cobró ímpetu en los grandes conglomerados urbanos incorporando a importantes sectores medios la mayor parte de ellos sin vínculos materiales directos con el mundo agrario.
Es cierto que en los barrios acomodados de Buenos Aires, por ejemplo, la vanguardia de los cacerolazos fueron las “cacerolas de teflón” esgrimidas por los ricos acompañados por nostálgicos de la última dictadura militar, pero el movimiento se extendió a las zonas de clase media y fue visible la simpatía despertada en sectores importantes de clase media urbana baja.
La desestabilización
Las movilizaciones promovidas por el gobierno se realizaron a fuerza de aparato, el clima entre los trabajadores fue de apatía o indiferencia y en ciertos casos de repudio no muy entusiasta a la derecha, el activismo pro gubernamental a veces autocalificado como “anti oligárquico” fue claramente minoritario.
Un factor decisivo del ascenso opositor en las capas medias y de alejamiento respecto del oficialismo en las clases bajas (donde la presidenta hizo su mejor cosecha de votos en 2007) es la inflación que ha deteriorado rápidamente los ingresos reales de los asalariados.
Actualmente la derecha política y su paraguas empresario señalan a la inflación como el enemigo principal a combatir para lo cual vuelven a levantar las tradicionales recetas neoliberales centradas en el llamado “enfriamiento de la economía” alcanzado a través de la reducción del gasto público y del freno a los salarios. El resultado sería un rápido incremento de la desocupación y la precarización laboral y el achicamiento de la demanda de las clases bajas pero no de los beneficios empresarios que se mantendrían o aumentarían gracias al descenso de los costos salariales reales.
Con menores gastos el Estado podría preservar el superávit fiscal sin necesidad de aumentar los impuestos lo que beneficiaría obviamente a empresarios y clases altas en general. Allí se detiene la ofensiva liberal, porque según ellos el Estado debería seguir interviniendo en el mercado cambiario acumulando dólares y sosteniendo así un dólar artificialmente muy alto lo que permitiría mantener o aumentar los altos ingresos en pesos de los exportadores industriales y agropecuarios. En este esquema económico la gobernabilidad solo podría ser sostenida con dosis crecientes de represión social y con la consolidación del bloque reaccionario (clases altas y medias) tal como se ha ido conformando en los últimos meses. Pero ambas condiciones son de muy difícil obtención, las bases populares han cambiado mucho desde la década pasada, la experiencia de 2001-2002 marca un punto de inflexión casi irreversible. Si se impone la opción neoliberal la generalización y radicalización de las protestas populares conformaría un panorama de alta turbulencia al que seguramente se incorporarían sectores intermedios que afectados por la concentración de ingresos abandonarían sus delirios elitistas para volver a mirar con simpatía a los de abajo.
Por su parte el gobierno trata desde hace algo más de un año de enfrentar la inflación con medidas puntuales que no consiguen frenar el proceso. Desde el ocultamiento de la realidad manipulando las estadísticas hasta los acuerdos de precios sectoriales pasando por toda clase de negociaciones con grupos empresarios y burocracias sindicales, fue desplegado un complicado juego destinado ahuyentar el clima inflacionario preservando la alianza social y mediática que había sido la base de la gobernabilidad desde 2003.
El gobierno temía que dicha alianza se rompiera desde abajo, desde el espacio de los trabajadores debido a la persistente degradación de los salarios reales pero se rompió por arriba, desde el mundo de los agronegocios, desde las capas sociales más beneficiadas por la estrategia económica kirchnerista desatando una ola reaccionaria cuya magnitud y radicalidad sorprendió a todos, al gobierno por supuesto pero también a sus instigadores directos, los dirigentes empresarios rurales.
La aplicación de impuestos o retenciones móviles a la exportaciones agrícolas, que apuntan centralmente a las ventas externas de soja no constituyen una medida fiscalista, el estado dispone de una amplia variedad de fuentes tributarias alternativas y cuenta con un superávit fiscal considerable, su objetivo es el sistema de precios, la inflación empujada por la repercusión interna del alza internacional de los precios de los productos agrícolas. Midió muy mal las posibles repercusiones de la medida pero ¿quien las midió bien?, ni los dirigentes patronales agrarios, ni los medios de comunicación que los apoyan, sospechaban la ola de protestas que se desataría y mucho menos la rápida conformación de una masa social reaccionaria cuyo volumen y dinamismo no tiene precedentes en el último medio siglo. Par encontrar algo parecido deberíamos retroceder hasta 1955 cuando un enorme bloque de clases medias y altas apoyó (impulsó) al golpe militar antiperonista, también en ese entonces como ahora salpicado con brotes racistas contra los pobres.
Inflación, capitalismo realmente existente y agronegocios
El proceso inflacionario no es el resultado de un supuesto “recalentamiento” económico sino de una combinación de factores internos y externos cuya convergencia desborda tanto al oficialismo como a su oposición de derecha.
Desde el ángulo de los costos productivos, la inflación internacional hizo subir los precios de una amplia variedad de insumos importados, esa tendencia se vio reforzada por la política de dólar alto en beneficio de los exportadores.
Pero un factor decisivo ha sido la carrera entre salarios y beneficios empresarios. Tomando como base las estadísticas oficiales los salarios reales cayeron en promedio un 30 % en 2002 y comenzaron a recuperarse al año siguiente, hacia 2007 ya se encontraban casi en el nivel de 2001, antes del desplome, pero eran todavía inferiores a los de mediados de los años 1990.
Tenemos que tomar en cuenta tendencias de largo plazo como las del crecimiento de la tasa de desocupación y de la concentración de ingresos, las mismas fueron avanzando lentamente desde mediados de los años 1950 a través de un movimiento zigzagueante expresión de la puja entre los sindicatos y las empresas, el golpe militar de 1976 aceleró su marcha que adquirió mayor velocidad en los años 1990. En 2001-2002 se produjo el derrumbe de los salarios y del gasto público en términos reales pero desde 2003 la recomposición económica produjo un gradual incremento de la ocupación que creció cerca del 20 % entre 2003 y el primer trimestre de 2007, de los salarios reales (crecieron algo más del 30 % en el mismo período) y de la participación de los trabajadores en el Ingreso Nacional: 23 % en 2003 y 28 % a comienzos de 2007 aunque todavía inferior a la de 2001 próxima al 31 % , todo esto siguiendo las estadísticas oficiales (1). Es muy probable que dichas estadísticas exageren las cifras positivas, además la recomposición salarial fue muy despareja, sin embargo resulta evidente que entre 2003 y 2006, el período de gloria del kirchnerismo, las tres variables arriba mencionadas aumentaron. Frente a ello el conjunto de la clase capitalista aprovechó en una primera etapa los bajos salarios reales para acumular beneficios festejando la expansión general de la demanda interna. Pero cuando entre fines de 2006 y comienzos de 2007 los salarios reales comenzaron a aproximarse a los niveles de 2001 los empresarios reaccionaron tratando de revertir la situación; comerciantes, industriales, productores agropecuarios, etc., fueron aumentando los precios de sus productos. Desde su punto de vista los aumentos en los precios de insumos y de los salarios estaban comprimiendo margenes de beneficios hasta niveles “inaceptables”, para ellos 2001-2002 (al igual que 1976) marcaba un hito histórico irreversible.
La primera oleada inflacionaria fue suave y pudo ser absorbida por el conjunto de la población (incluidos los asalariados) y las relativamente pequeñas retracciones iniciales de la demanda en las clases bajas fue más que compensada por incrementos paralelos en la demanda de las clases superiores. Más adelante la reconcentración de ingresos (paralela al deterioro de los salarios reales) impulso con mayor fuerza el fenómeno de “inflación de demanda” proveniente de los sectores medios-superiores y altos.
El empujón final lo produjo la aceleración del alza de los precios internacionales de los productos agrícolas repercutiendo sobre el sistema interno de precios (y sobre las expectativas de superbeneficios en las clases altas y medias del mundo rural).
Como ya lo señalé el gobierno cuyo negocio principal es la “gobernabilidad”, madre del poder político y de todos los negocios oficiales, reaccionó tratando de imponer retenciones móviles a las exportaciones agrícolas partiendo de la base de que sus precios futuros, en un horizonte previsible, serán cada vez más altos. Fue a la vez una medida defensiva y preventiva que provocó el amotinamiento ya conocido lo que a su vez aceleró el proceso inflacionario.
En uno de sus primeros discursos, al iniciarse la protesta rural, la presidenta señaló estar “en contra de la lucha de clases”, lo expresó como una suerte de “principio doctrinario” irrenunciable; como lo estamos viendo se podrá estar a favor o en contra pero la lucha de clases existe. El fundador de su movimiento solía repetir hace varias décadas una y otra vez que “la única verdad es la realidad”, queda abierto el debate acerca de si se trataba o no de un principio doctrinario o sobre el significado filosófico del concepto de “realidad” , etc., pero no podrá negarse que constituía un llamado a la sensatez y a la desacralización de fantasías irracionales, por ejemplo (si nos situamos en la Argentina actual) la ilusión respecto de un capitalismo armónico, estable, aunque subdesarrollado y crecientemente dominado por los agronegocios (inmersos en una avalancha de superganancias especulativas) y en medio de una formidable crisis global.
La larga marcha del parasitismo financiero
Los agronegocios aparecen hoy como la cabeza, el área más prospera del capitalismo argentino, la agresividad de sus huestes, su tono autoritario ha llevado a diversos grupos y comunicadores pro gubernamentales a calificar al fenómeno de “renacimiento oligárquico”, de resultado de la “reprimarización económica”, de retorno al viejo sistema agroexportador sobre el que la aristocracia terrateniente colonial asentó su poder hace algo más de un siglo, desplazado después por la industrialización y el primer peronismo.
Esa imagen oculta el carácter claramente “financiero” de los agronegocios y en consecuencia su pertenencia al movimiento global de financierización ascendente desde hace cuatro décadas que ha terminado por establecer su hegemonía sobre la economía mundial. La masa total de fondos que circulan en sus redes especulativas se aproxima a los mil millones de millones de dólares (equivalente a casi 16 veces el Producto Bruto Mundial), solo los negocios con los llamados “productos financieros derivados”, registrados por el Banco de Basilea, rondan los 600 millones de millones de dólares. Esta hipertrofia parasitaria ha impuesto su sello subcultural a las más variadas actividades productivas tanto en los países centrales como en los periféricos, es una de las causas decisivas de la inflación internacional (cuyo pilar fundamental es obviamente la explosión del precio del petróleo) y la principal fuente nutricia de la depredación ambiental planetaria.
Dicha tendencia, expresión de decadencia civilizacional, atrapó a las sociedades latinoamericanas hace ya mucho tiempo. El inicio de la declinación de la economía argentina suele establecerse en el segundo lustro de los años 1970, durante la dictadura militar, cuando emergió dominante el sector financiero como cabeza de un sistema más vasto de actividades especulativas que fue dejando en un segundo plano a los sectores productivos, principalmente la industria. Entre 1976 y 1981 el sector industrial creció apenas un 2% en términos reales, mientras el financiero lo hizo en casi 150% (2).
En Argentina el nacimiento de la hegemonía financiera, que desde el comienzo asumió formas mafiosas, apareció como resultado del agotamiento y descomposición del proceso de industrialización (subdesarrollada) evidente desde fines de los años 1960 cuya más alta expresión política fue el primer gobierno peronista (1945-55). Dicho proceso nunca había podido superar el viejo esquema agroexportador, con el que coexistió de manera inestable y confusa: dependía para funcionar de las divisas de las exportaciones provenientes del sector rural, lo que determinaba una debilidad estratégica fundamental en su inserción internacional. Esto prosiguió hasta mediados de los 1970, en un contexto de interminable sucesión de golpes y contragolpes de Estado y asociaciones intersectoriales de las que participaban las transnacionales que iban ocupando posiciones, los acreedores externos, los industriales más o menos "nacionales", los intereses de la alta burguesía rural y comercial, los sindicatos, etc., en una suerte de eterno "empate" donde ningún sector conseguía prevalecer de manera durable. En los hechos se iba produciendo poco a poco la recolonización del aparato económico argentino (a través de la deuda externa, las inversiones extranjeras, el debilitamiento comercial) al mismo tiempo que se concentraban los ingresos y se degradaba el Estado. Este retroceso general debilitaba, quebraba una tras otra las zonas de protección económicas, institucionales y sociales, transformando al capitalismo local en su conjunto.
La dictadura instalada en 1976 produjo un cambio cualitativo, marcado por la avalancha especulativa, la caída salarial y la apertura importadora salvaje, coincidente desde la especificidad periférica argentina con el proceso global de dominación financiera.
El predominio de los agronegocios debe ser visto en consecuencia como la resultante (la más reciente degeneración socioeconómica nacional) de ese movimiento externo-interno, la dinámica del mundo rural argentino de hoy es inexplicable sin la introducción de términos como “pool de siembra”, “fondo fiduciaro” o “rentista rural”. Por otra parte su auge es el producto del alza acelerada de los precios internacionales de los productos agrícolas: componente de la crisis mundial del capitalismo, resultado del agotamiento tecnológico de la modernización agrícola convertida en mega depredadora de recursos naturales, generadora de hambrunas en vastas zonas subdesarrolladas, desestabilizadora de economías centrales y periféricas.
De todos modos la “cultura financiera” de los centros dinámicos del sistema rural argentino no significa la presencia de una “nueva burguesía” borrando por completo las viejas raíces oligárquicas. El proceso histórico ha sido mas complejo, las antiguas clases dominantes agrarias fueron mutando en las últimas décadas, sobre todo desde los 1990, algunos sectores desapareciendo del escenario, otros adaptándose con dificultades y finalmente los ganadores incorporándose de manera plena a los nuevos tiempos, asociándose con los recién llegados por lo general especuladores, estructuras financieras locales y transnacionales (en numerosos casos es casi imposible diferenciar estas dos últimas categorías). Hoy cuando observamos a la élite dirigente de la economía agraria encontramos viejos apellidos de la aristocracia rural combinados con personajes surgidos de los negocios rápidos de la era neoliberal, grupos financieros globales, etc. A este proceso de “financierización” han ingresado amplias capas de la clase media agraria en tanto socias de los nuevos emprendimientos o como rentistas.
Por otra parte no deberíamos oponer de manera esquemática los nuevos comportamientos a la antigua cultura “oligárquica”, muchas veces señalada erróneamente como “poco-capitalista”, “atrasada” desde el punto de vista del desarrollo burgués. Desde sus orígenes en el siglo XIX la élite pampeana estuvo impregnada de una gran dinámica comercial-financiera, su carácter colonial le otorgó una identidad “internacional” (pro europea), diversificó sus negocios en el área urbana donde por lo general residía, etc.
En consecuencia su última mutación hacia los agronegocios de alta tecnología no significó el ingreso a un mundo totalmente nuevo sino más bien el salto cualitativo de procesos recientes y también de otros muy lejanos en el tiempo.
Crisis de gobernabilidad
La economía mundial, con centro en los Estados Unidos, va ingresando en una situación caracterizada por la combinación de inflación y desaceleración productiva. El desorden inflacionario global llegó para quedarse seguramente durante mucho tiempo, acunado por la hipertrofia financiera, empujado por el alza incesante de los precios del petróleo, los alimentos y la commodities en general.
Los agronegocios actuales son entre otras cosas “negocios inflacionarios”, impulsados por (e impulsando) corridas especulativas internacionales (e intranacionales), golpes de mano y operaciones de corto plazo en procura de superganancias, acumulaciones veloces de liquidez destinada a ser reinvertida en ese rubro o en otros. La depredación de todo lo que se les cruza en el camino (recursos naturales, estructuras sociales, etc.) es una componente esencial de su comportamiento. En el caso específico argentino es posible afirmar que el clima cultural prevaleciente a comienzos de esta década (bien abonado por el período menemista) estaba perfectamente preparado para esa avalancha capitalista global, el gobierno de los Kirchner ahora victima del fenómeno lo alentó desde su llegada porque lo consideró un factor decisivo de la “prosperidad económica” que aseguraba la estabilidad institucional. Los records de exportaciones agrícolas (es decir el ascenso triunfal de los agronegocios) era presentado desde el oficialismo como ejemplo de éxito empresario de la nueva Argentina donde la acumulación de reservas dolarizadas, las altas tasas de crecimiento del PBI y el enriquecimiento de los poderosos solían ser asociadas a la integración social, la recuperación de salarios y empleos y la consolidación de la convivencia republicana.
Al parecer el “progresismo” había por fin encontrado la fórmula de la cuadratura del círculo: subdesarrollo capitalista prospero con inclusión de los de abajo y democracia representativa. Pero la fiesta duró menos de un lustro, los agronegocios fueron acumulando poder económico, mediático y político y en el primer semestre de 2008 ya estuvieron en condiciones de exponer su poderío y avanzar hacia una super concentración de ingresos.
Al hacerlo deterioraron gravemente no solo a la gobernabilidad progresista sino a la gobernabilidad en general: la inflación descontrolada y la irrupción de una masa social reaccionaria muy agresiva y extendida con claros brotes protofascistas puso al desnudo la debilidad del régimen político, su insuficiente legitimidad. De manera aparentemente “inesperada” ha comenzado la enésima de crisis de gobernabilidad de la historia argentina, la misma no ha sido originada por el derrumbe económico sino por la prosperidad (agroexportadora), su contexto internacional esta sobredeterminado por la crisis estanflacionaria global, la burguesía ganadora que la ha desatado difícilmente podrá transformar su dominio económico en un sistema integral y durable de control político de la sociedad, su ascenso es desestabilizante. De todos modos no parece preocuparle demasiado el futuro en general y mucho menos el futuro de la “democracia” virtual argentina, su obsesión es acumular grandes beneficios lo más rápido posible, su mundo es el del corto plazo y se corresponde con la vorágine nihilista de los centros financieros del planeta.
Mientras tanto el gobierno y la totalidad de los grandes medios de comunicación insisten en que Argentina se encuentra ante “una gran oportunidad” para enriquecerse gracias al ascenso vertiginoso de los precios de los alimentos, el hecho de que el mismo sumerja en el hambre a centenares de millones de seres humanos no parece motivar en ellos ninguna reacción ética. Su pequeña “racionalidad” amoral les impide percibir desde una visión racional más amplia la catástrofe hacia la que se encaminan mientras contabilizan sus ganancias extraordinarias, al zambullirse en el mar turbulento del área más inestable de la economía mundial con sus precios zigzagueantes y sus estampidas financieras.
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(1), Eduardo M. Basualdo, “La distribución del ingreso en la Argentina y sus condiciones estructurales”, Memoria Anual 2008, Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.
(2), Jorge Beinstein, “Crisis de régimen en Argentina. Pujas internas en la dirigencia, descontento social”, Le Monde Diplomatique, “el diplo”, número 22, abril 2001.
miércoles, 9 de julio de 2008
DIFUSIÓN URGENTE
El fantasma del "golpe suave" acecha la democracia
El riesgo de un "golpe suave" contra el proceso de transformación que en democracia lidera el presidente Evo Morales se ha incrementado en los últimos días. Grupos paramilitares han reactivado sus planes para tomar instituciones públicas, crear un clima de desconfianza frente al Gobierno, generar un clima de ingobernabilidad y, si es posible, detener el referendo revocatorio de mandato popular previsto para el 10 de agosto.
El plan desestabilizador, denunciado por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en la segunda semana de junio, aunque no explicado en detalle, habría cobrado mayor atención de los "duros" de la oposición al constatar que el Ejecutivo dispone de un porcentaje de apoyo ciudadano superior al 50 por ciento para la consulta, según se han encargado de mostrar varios sondeos de opinión en mayo, incluyendo el realizado por la Embajada de los Estados Unidos en La Paz.
El desarrollo del "golpe suave", una nueva modalidad de desestabilización fabricada en los laboratorios de la Central de Inteligencia Americana (CIA) que ya ha sido experimentada en Europa del Este y Venezuela, se estaría incubando en sectores radicalizados de la ultraderecha boliviana que aprecian con temor la recuperación del masivo apoyo social con el que cuenta Morales.
Esta recreación del golpe como método para interrumpir procesos de amplia participación popular, concebidos por intelectuales como el politólogo estadounidense Gene Sharp, pasa por la puesta en marcha de varias fases, desarrolladas incluso simultáneamente, que van desde el ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, hasta la fractura institucional.
La estrategia golpista se ejecutó con éxito en el derrocamiento del presidente georgiano Eduard Chevarnadze, en noviembre de 2003, y la ascensión al poder de Viktor Yuschenko en Ucrania, en diciembre de 2004, pero fracasó en Venezuela en abril de 2002, cuando se pretendió expulsar del poder a Hugo Chávez.
CARGA CONTRA EL GOBIERNO
La ofensiva contra el Gobierno tendría por objetivo fundamental la renuncia del Jefe de Estado, el primero de ascendencia indígena que ocupa Palacio Quemado en toda la historia de este pequeño país ubicado en el corazón de Sudamérica, y la convocatoria a elecciones anticipadas.
La ejecución del plan desestabilizador, afinado en las últimas semanas, se ha intensificado a dos semanas después de un frustrado intento de asesinato del presidente Morales en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde está el epicentro de la oposición y la matriz de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización paramilitar que dice estar integrada por más de 80 mil jóvenes.
A la organización paramilitar, que ha tomado la iniciativa de impulsar la conformación de la Unión Juvenil Nacional, se le atribuyen varios actos, como el intento de asesinar al Presidente, y se tienen sospechas de que el plan de ingreso de armas desde Argentina, detectado y evitado a tiempo por el gobierno del vecino país, habría estado a cargo de la UJC.
El eje de la conspiración es la generación de un clima de ingobernabilidad, atizado con temas de desabastecimiento y crecimiento de la conflictividad social, que meta al país a un callejón sin otra salida que la de colocar en tapete el cuestionamiento de la continuidad del proceso inaugurado en diciembre de 2005, cuando un 53.74 por ciento de la población favoreció con su voto al candidato del MAS.
Los obstáculos previsibles al revocatorio de parte de los prefectos, que buscan carta libre para sus estatutos, aprobados ilegalmente en consultas que el Gobierno les dio el valor de simples encuestas, están dentro de la estrategia para evitar el referendo del 10 de agosto y desestabilizar a Evo en el mediano plazo.
De hecho, la aceptación de tres prefectos opositores de ir al revocatorio -Rubén Costas de Santa Cruz, Ernesto Suárez Sartori de Beni y Mario Cossío de Tarija- y la negativa de hacer lo mismo de parte de Leopoldo Fernández de Pando y Manfred Reyes Villa de Cochabamba, y el rechazo del llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los comités cívicos de esos departamentos y que en realidad son los que sustentan a las autoridades departamentales, es parte de un libreto de la desestabilización.
Es más, el plazo otorgado hasta el 8 de agosto por los prefectos de la denominada "media luna" para que el Gobierno les devuelva la totalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), del que una parte ha sido utilizado para pagar la renta Dignidad, de más de 25 dólares al mes- para más de 700 mil ancianos mayores de 60 años, complementa esa aparente flexibilidad (ir al revocatorio) con una mano de dureza (conminar a reconocer estatutos y devolver IDH), en el marco de una línea de conspiración.
A lo anterior hay que sumar la acusación lanzada por la oposición contra el ministro Juan Ramón Quintana de estar involucrado en varios actos de violencia y "terrorismo", como los ocurridos en enero de 2007 en Cochabamba, en Sucre ese mismo año cuando se aprobó la Constitución en su estación en grande y en Yacuiba, donde un canal de televisión privado fue objeto de un atentado dinamitero.
Los esfuerzos por relacionar a Quintana y a miembros del ex F-10, una unidad de elite anti-terrorista, además de comprometer a la embajada de Venezuela, en realidad constituye un primer paso para afectar la credibilidad y legitimidad del presidente Evo Morales, a quien también se pensaría, después de lograr su renuncia, abrir un juicio de responsabilidades.
Sentar al Presidente ante la comisión del Senado que investiga el caso es solo un detalle de lo que se está tramando, se ha encargado de advertir el diputado oficialista Cesar Navarro.
Por lo demás, alimentar desconfianzas internas y rumores dentro del Gobierno y el MAS es parte de la arremetida.
¿PARAMILITARES Y POLICÍA?
La estrategia del "golpe suave" no funciona, sin embargo, sin la participación de los militares que hasta ahora se han mantenido leales a su Capitán General y con una clara señal democrática respecto de un pasado que con el apoyo de Estados Unidos significó conculcación de libertades democráticas, la represión de sindicatos y el asesinato de dirigentes sociales e intelectuales comprometidos.
Tocar la puerta de los cuarteles para meter a los militares en la política es parte de las recetas del Pentágono y que, coincidencia o no, encontraron eco en algunos militares de servicio pasivo, como el general Marcelo Antezana, quien en 2006 ha sido denunciado por el actual Gobierno de estar en afanes conspirativos.
De acuerdo al intelectual Heinz Dieterich, de origen alemán y docente universitario en México, un ensayo de golpe de Estado se produjo el 30 de abril pasado, un día antes de que el presidente Morales nacionalizara cuatro empresas petroleras y la compañía de telecomunicaciones (Entel).
La acusación a Palacio de estar involucrado en un atentado dinamitero contra un canal de televisión privado en Yacuiba, calificada como "terrorismo de Estado" por el opositor Podemos y a la que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, respondió que es una "basura podrida", está siendo utilizada para tratar de generar malestar dentro de las Fuerzas Armadas.
A la par de procurar una adhesión de los militares al golpe o al menos lograr su neutralidad en caso de intensificación del conflicto, lo cual representaría darle la espalda al gobierno, los esfuerzos también se orientan hacia la generación de problemas y fricciones dentro de la Policía Nacional.
Las posibilidades de materializar el plan desestabilizador dentro de la Policía no son pocas debido a la fuerte influencia de la Embajada de los Estados Unidos sobre los organismos de inteligencia con los que ha trabajado años de forma directa y de los que no se tiene la seguridad que se hayan desmantelado, a pesar de que Rada dispusiera la desactivación de Odep (ex COPES), una instancia que disfrazaba la actuación de la CIA en Bolivia.
USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Esta nueva modalidad golpista, a la que el vicepresidente Álvaro García Linera identificó hace poco como de "corbata y cuello blanco", tendría pocas posibilidades de éxito sin el aporte, directo o no, de los medios de comunicación privados que se encargan de reproducir y amplificar en detalle los gritos de la oposición y de callar las medidas y los reclamos del oficialismo.
Es una locura orientar el dedo en alguna dirección, pero la experiencia de Ucrania, Georgia y Venezuela, que experimentaron la fuerza del "golpe suave", confirma el uso que los conductores de la desestabilización hacen de climas construidos por criterios informativos, por muy inocentes que resulten siendo una parte de ellos.
También, coincidencia o no, una suerte de coordinación mediática se ha producido a partir de que Morales asumió la conducción del país, ya sea para dar cuenta de una posición frente a la nacionalización del petróleo y la Asamblea Constituyente, según puso en evidencia el Observatorio de Medios de la Fundación UNIR, o en torno a las consultas por los estatutos autonómicos, la elección de Prefecto en Chuquisaca y el referéndum revocatorio de mandato.
Una revisión de las editoriales, de los titulares y de las fuentes consultadas permite apreciar, sin mucho esfuerzo, elementos comunes en varios medios de comunicación privados de su posición frente al gobierno y que han sido utilizados por la oposición en todos sus ámbitos.
LAS HUELLAS DE USA
Según Moldiz en su publicación en el semanario La Época, los planes de poco sirven si no hay poderosas fuerzas que las respalden. El peligro del golpe contra la democracia boliviana también ha sido advertido por el presidente venezolano Hugo Chávez, contra quien se alimenta un rechazo desde la oposición político-mediática.
"Desde Estados Unidos hablan de Bolivia como un Estado fallido, ya están calificando porque es lo que ellos quieren, y quieren sacar a Evo (…) ahora Evo convoca a referendo, no quieren; qué quieren, derrocarlo, matarlo", denunció en su intervención en la cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Argentina hace poco.
Y entonces la memoria vuelve hacia la presencia estadounidense en los gobiernos militares de las décadas de los 70 y 80, pero también a un tiempo más próximo, cuando el gobierno actual, principalmente en voz de Evo Morales, denunció al embajador Philip Golberg y a Usaid de estar muy activos para desestabilizar el proceso de cambio.
De hecho, además de Usaid, otras fundaciones con financiamiento estadounidense, como el National Democratic Institute y Human Rights Foundation (HRF), han sido acusadas de apoyar con recursos a la oposición -prefectos y cívicos principalmente-, según denuncias del ministro Quintana y la investigadora Eva Golinger.
La certeza sobre la participación oficial estadounidense se ha acrecentado por la denuncia que un becario hizo contra un alto funcionario de ese país, Vicent Cooper quien le pidió espiar a médicos cubanos y técnicos venezolanos, pero también por la frecuente presencia de Golberg en Santa Cruz para reunirse con los opositores.
En definitiva, el "golpe suave" acecha la democracia boliviana. De aquí al día del referéndum revocatorio falta menos de 40 días, pero es una eternidad en la que todo puede pasar y un tiempo en el cual se probará la convicción democrática de la oposición.
Hugo Moldiz - Bolivia
El riesgo de un "golpe suave" contra el proceso de transformación que en democracia lidera el presidente Evo Morales se ha incrementado en los últimos días. Grupos paramilitares han reactivado sus planes para tomar instituciones públicas, crear un clima de desconfianza frente al Gobierno, generar un clima de ingobernabilidad y, si es posible, detener el referendo revocatorio de mandato popular previsto para el 10 de agosto.
El plan desestabilizador, denunciado por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en la segunda semana de junio, aunque no explicado en detalle, habría cobrado mayor atención de los "duros" de la oposición al constatar que el Ejecutivo dispone de un porcentaje de apoyo ciudadano superior al 50 por ciento para la consulta, según se han encargado de mostrar varios sondeos de opinión en mayo, incluyendo el realizado por la Embajada de los Estados Unidos en La Paz.
El desarrollo del "golpe suave", una nueva modalidad de desestabilización fabricada en los laboratorios de la Central de Inteligencia Americana (CIA) que ya ha sido experimentada en Europa del Este y Venezuela, se estaría incubando en sectores radicalizados de la ultraderecha boliviana que aprecian con temor la recuperación del masivo apoyo social con el que cuenta Morales.
Esta recreación del golpe como método para interrumpir procesos de amplia participación popular, concebidos por intelectuales como el politólogo estadounidense Gene Sharp, pasa por la puesta en marcha de varias fases, desarrolladas incluso simultáneamente, que van desde el ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, hasta la fractura institucional.
La estrategia golpista se ejecutó con éxito en el derrocamiento del presidente georgiano Eduard Chevarnadze, en noviembre de 2003, y la ascensión al poder de Viktor Yuschenko en Ucrania, en diciembre de 2004, pero fracasó en Venezuela en abril de 2002, cuando se pretendió expulsar del poder a Hugo Chávez.
CARGA CONTRA EL GOBIERNO
La ofensiva contra el Gobierno tendría por objetivo fundamental la renuncia del Jefe de Estado, el primero de ascendencia indígena que ocupa Palacio Quemado en toda la historia de este pequeño país ubicado en el corazón de Sudamérica, y la convocatoria a elecciones anticipadas.
La ejecución del plan desestabilizador, afinado en las últimas semanas, se ha intensificado a dos semanas después de un frustrado intento de asesinato del presidente Morales en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde está el epicentro de la oposición y la matriz de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización paramilitar que dice estar integrada por más de 80 mil jóvenes.
A la organización paramilitar, que ha tomado la iniciativa de impulsar la conformación de la Unión Juvenil Nacional, se le atribuyen varios actos, como el intento de asesinar al Presidente, y se tienen sospechas de que el plan de ingreso de armas desde Argentina, detectado y evitado a tiempo por el gobierno del vecino país, habría estado a cargo de la UJC.
El eje de la conspiración es la generación de un clima de ingobernabilidad, atizado con temas de desabastecimiento y crecimiento de la conflictividad social, que meta al país a un callejón sin otra salida que la de colocar en tapete el cuestionamiento de la continuidad del proceso inaugurado en diciembre de 2005, cuando un 53.74 por ciento de la población favoreció con su voto al candidato del MAS.
Los obstáculos previsibles al revocatorio de parte de los prefectos, que buscan carta libre para sus estatutos, aprobados ilegalmente en consultas que el Gobierno les dio el valor de simples encuestas, están dentro de la estrategia para evitar el referendo del 10 de agosto y desestabilizar a Evo en el mediano plazo.
De hecho, la aceptación de tres prefectos opositores de ir al revocatorio -Rubén Costas de Santa Cruz, Ernesto Suárez Sartori de Beni y Mario Cossío de Tarija- y la negativa de hacer lo mismo de parte de Leopoldo Fernández de Pando y Manfred Reyes Villa de Cochabamba, y el rechazo del llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los comités cívicos de esos departamentos y que en realidad son los que sustentan a las autoridades departamentales, es parte de un libreto de la desestabilización.
Es más, el plazo otorgado hasta el 8 de agosto por los prefectos de la denominada "media luna" para que el Gobierno les devuelva la totalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), del que una parte ha sido utilizado para pagar la renta Dignidad, de más de 25 dólares al mes- para más de 700 mil ancianos mayores de 60 años, complementa esa aparente flexibilidad (ir al revocatorio) con una mano de dureza (conminar a reconocer estatutos y devolver IDH), en el marco de una línea de conspiración.
A lo anterior hay que sumar la acusación lanzada por la oposición contra el ministro Juan Ramón Quintana de estar involucrado en varios actos de violencia y "terrorismo", como los ocurridos en enero de 2007 en Cochabamba, en Sucre ese mismo año cuando se aprobó la Constitución en su estación en grande y en Yacuiba, donde un canal de televisión privado fue objeto de un atentado dinamitero.
Los esfuerzos por relacionar a Quintana y a miembros del ex F-10, una unidad de elite anti-terrorista, además de comprometer a la embajada de Venezuela, en realidad constituye un primer paso para afectar la credibilidad y legitimidad del presidente Evo Morales, a quien también se pensaría, después de lograr su renuncia, abrir un juicio de responsabilidades.
Sentar al Presidente ante la comisión del Senado que investiga el caso es solo un detalle de lo que se está tramando, se ha encargado de advertir el diputado oficialista Cesar Navarro.
Por lo demás, alimentar desconfianzas internas y rumores dentro del Gobierno y el MAS es parte de la arremetida.
¿PARAMILITARES Y POLICÍA?
La estrategia del "golpe suave" no funciona, sin embargo, sin la participación de los militares que hasta ahora se han mantenido leales a su Capitán General y con una clara señal democrática respecto de un pasado que con el apoyo de Estados Unidos significó conculcación de libertades democráticas, la represión de sindicatos y el asesinato de dirigentes sociales e intelectuales comprometidos.
Tocar la puerta de los cuarteles para meter a los militares en la política es parte de las recetas del Pentágono y que, coincidencia o no, encontraron eco en algunos militares de servicio pasivo, como el general Marcelo Antezana, quien en 2006 ha sido denunciado por el actual Gobierno de estar en afanes conspirativos.
De acuerdo al intelectual Heinz Dieterich, de origen alemán y docente universitario en México, un ensayo de golpe de Estado se produjo el 30 de abril pasado, un día antes de que el presidente Morales nacionalizara cuatro empresas petroleras y la compañía de telecomunicaciones (Entel).
La acusación a Palacio de estar involucrado en un atentado dinamitero contra un canal de televisión privado en Yacuiba, calificada como "terrorismo de Estado" por el opositor Podemos y a la que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, respondió que es una "basura podrida", está siendo utilizada para tratar de generar malestar dentro de las Fuerzas Armadas.
A la par de procurar una adhesión de los militares al golpe o al menos lograr su neutralidad en caso de intensificación del conflicto, lo cual representaría darle la espalda al gobierno, los esfuerzos también se orientan hacia la generación de problemas y fricciones dentro de la Policía Nacional.
Las posibilidades de materializar el plan desestabilizador dentro de la Policía no son pocas debido a la fuerte influencia de la Embajada de los Estados Unidos sobre los organismos de inteligencia con los que ha trabajado años de forma directa y de los que no se tiene la seguridad que se hayan desmantelado, a pesar de que Rada dispusiera la desactivación de Odep (ex COPES), una instancia que disfrazaba la actuación de la CIA en Bolivia.
USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Esta nueva modalidad golpista, a la que el vicepresidente Álvaro García Linera identificó hace poco como de "corbata y cuello blanco", tendría pocas posibilidades de éxito sin el aporte, directo o no, de los medios de comunicación privados que se encargan de reproducir y amplificar en detalle los gritos de la oposición y de callar las medidas y los reclamos del oficialismo.
Es una locura orientar el dedo en alguna dirección, pero la experiencia de Ucrania, Georgia y Venezuela, que experimentaron la fuerza del "golpe suave", confirma el uso que los conductores de la desestabilización hacen de climas construidos por criterios informativos, por muy inocentes que resulten siendo una parte de ellos.
También, coincidencia o no, una suerte de coordinación mediática se ha producido a partir de que Morales asumió la conducción del país, ya sea para dar cuenta de una posición frente a la nacionalización del petróleo y la Asamblea Constituyente, según puso en evidencia el Observatorio de Medios de la Fundación UNIR, o en torno a las consultas por los estatutos autonómicos, la elección de Prefecto en Chuquisaca y el referéndum revocatorio de mandato.
Una revisión de las editoriales, de los titulares y de las fuentes consultadas permite apreciar, sin mucho esfuerzo, elementos comunes en varios medios de comunicación privados de su posición frente al gobierno y que han sido utilizados por la oposición en todos sus ámbitos.
LAS HUELLAS DE USA
Según Moldiz en su publicación en el semanario La Época, los planes de poco sirven si no hay poderosas fuerzas que las respalden. El peligro del golpe contra la democracia boliviana también ha sido advertido por el presidente venezolano Hugo Chávez, contra quien se alimenta un rechazo desde la oposición político-mediática.
"Desde Estados Unidos hablan de Bolivia como un Estado fallido, ya están calificando porque es lo que ellos quieren, y quieren sacar a Evo (…) ahora Evo convoca a referendo, no quieren; qué quieren, derrocarlo, matarlo", denunció en su intervención en la cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Argentina hace poco.
Y entonces la memoria vuelve hacia la presencia estadounidense en los gobiernos militares de las décadas de los 70 y 80, pero también a un tiempo más próximo, cuando el gobierno actual, principalmente en voz de Evo Morales, denunció al embajador Philip Golberg y a Usaid de estar muy activos para desestabilizar el proceso de cambio.
De hecho, además de Usaid, otras fundaciones con financiamiento estadounidense, como el National Democratic Institute y Human Rights Foundation (HRF), han sido acusadas de apoyar con recursos a la oposición -prefectos y cívicos principalmente-, según denuncias del ministro Quintana y la investigadora Eva Golinger.
La certeza sobre la participación oficial estadounidense se ha acrecentado por la denuncia que un becario hizo contra un alto funcionario de ese país, Vicent Cooper quien le pidió espiar a médicos cubanos y técnicos venezolanos, pero también por la frecuente presencia de Golberg en Santa Cruz para reunirse con los opositores.
En definitiva, el "golpe suave" acecha la democracia boliviana. De aquí al día del referéndum revocatorio falta menos de 40 días, pero es una eternidad en la que todo puede pasar y un tiempo en el cual se probará la convicción democrática de la oposición.
Hugo Moldiz - Bolivia
DIFUSIÓN URGENTE
El fantasma del "golpe suave" acecha la democracia
El riesgo de un "golpe suave" contra el proceso de transformación que en democracia lidera el presidente Evo Morales se ha incrementado en los últimos días. Grupos paramilitares han reactivado sus planes para tomar instituciones públicas, crear un clima de desconfianza frente al Gobierno, generar un clima de ingobernabilidad y, si es posible, detener el referendo revocatorio de mandato popular previsto para el 10 de agosto.
El plan desestabilizador, denunciado por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en la segunda semana de junio, aunque no explicado en detalle, habría cobrado mayor atención de los "duros" de la oposición al constatar que el Ejecutivo dispone de un porcentaje de apoyo ciudadano superior al 50 por ciento para la consulta, según se han encargado de mostrar varios sondeos de opinión en mayo, incluyendo el realizado por la Embajada de los Estados Unidos en La Paz.
El desarrollo del "golpe suave", una nueva modalidad de desestabilización fabricada en los laboratorios de la Central de Inteligencia Americana (CIA) que ya ha sido experimentada en Europa del Este y Venezuela, se estaría incubando en sectores radicalizados de la ultraderecha boliviana que aprecian con temor la recuperación del masivo apoyo social con el que cuenta Morales.
Esta recreación del golpe como método para interrumpir procesos de amplia participación popular, concebidos por intelectuales como el politólogo estadounidense Gene Sharp, pasa por la puesta en marcha de varias fases, desarrolladas incluso simultáneamente, que van desde el ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, hasta la fractura institucional.
La estrategia golpista se ejecutó con éxito en el derrocamiento del presidente georgiano Eduard Chevarnadze, en noviembre de 2003, y la ascensión al poder de Viktor Yuschenko en Ucrania, en diciembre de 2004, pero fracasó en Venezuela en abril de 2002, cuando se pretendió expulsar del poder a Hugo Chávez.
CARGA CONTRA EL GOBIERNO
La ofensiva contra el Gobierno tendría por objetivo fundamental la renuncia del Jefe de Estado, el primero de ascendencia indígena que ocupa Palacio Quemado en toda la historia de este pequeño país ubicado en el corazón de Sudamérica, y la convocatoria a elecciones anticipadas.
La ejecución del plan desestabilizador, afinado en las últimas semanas, se ha intensificado a dos semanas después de un frustrado intento de asesinato del presidente Morales en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde está el epicentro de la oposición y la matriz de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización paramilitar que dice estar integrada por más de 80 mil jóvenes.
A la organización paramilitar, que ha tomado la iniciativa de impulsar la conformación de la Unión Juvenil Nacional, se le atribuyen varios actos, como el intento de asesinar al Presidente, y se tienen sospechas de que el plan de ingreso de armas desde Argentina, detectado y evitado a tiempo por el gobierno del vecino país, habría estado a cargo de la UJC.
El eje de la conspiración es la generación de un clima de ingobernabilidad, atizado con temas de desabastecimiento y crecimiento de la conflictividad social, que meta al país a un callejón sin otra salida que la de colocar en tapete el cuestionamiento de la continuidad del proceso inaugurado en diciembre de 2005, cuando un 53.74 por ciento de la población favoreció con su voto al candidato del MAS.
Los obstáculos previsibles al revocatorio de parte de los prefectos, que buscan carta libre para sus estatutos, aprobados ilegalmente en consultas que el Gobierno les dio el valor de simples encuestas, están dentro de la estrategia para evitar el referendo del 10 de agosto y desestabilizar a Evo en el mediano plazo.
De hecho, la aceptación de tres prefectos opositores de ir al revocatorio -Rubén Costas de Santa Cruz, Ernesto Suárez Sartori de Beni y Mario Cossío de Tarija- y la negativa de hacer lo mismo de parte de Leopoldo Fernández de Pando y Manfred Reyes Villa de Cochabamba, y el rechazo del llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los comités cívicos de esos departamentos y que en realidad son los que sustentan a las autoridades departamentales, es parte de un libreto de la desestabilización.
Es más, el plazo otorgado hasta el 8 de agosto por los prefectos de la denominada "media luna" para que el Gobierno les devuelva la totalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), del que una parte ha sido utilizado para pagar la renta Dignidad, de más de 25 dólares al mes- para más de 700 mil ancianos mayores de 60 años, complementa esa aparente flexibilidad (ir al revocatorio) con una mano de dureza (conminar a reconocer estatutos y devolver IDH), en el marco de una línea de conspiración.
A lo anterior hay que sumar la acusación lanzada por la oposición contra el ministro Juan Ramón Quintana de estar involucrado en varios actos de violencia y "terrorismo", como los ocurridos en enero de 2007 en Cochabamba, en Sucre ese mismo año cuando se aprobó la Constitución en su estación en grande y en Yacuiba, donde un canal de televisión privado fue objeto de un atentado dinamitero.
Los esfuerzos por relacionar a Quintana y a miembros del ex F-10, una unidad de elite anti-terrorista, además de comprometer a la embajada de Venezuela, en realidad constituye un primer paso para afectar la credibilidad y legitimidad del presidente Evo Morales, a quien también se pensaría, después de lograr su renuncia, abrir un juicio de responsabilidades.
Sentar al Presidente ante la comisión del Senado que investiga el caso es solo un detalle de lo que se está tramando, se ha encargado de advertir el diputado oficialista Cesar Navarro.
Por lo demás, alimentar desconfianzas internas y rumores dentro del Gobierno y el MAS es parte de la arremetida.
¿PARAMILITARES Y POLICÍA?
La estrategia del "golpe suave" no funciona, sin embargo, sin la participación de los militares que hasta ahora se han mantenido leales a su Capitán General y con una clara señal democrática respecto de un pasado que con el apoyo de Estados Unidos significó conculcación de libertades democráticas, la represión de sindicatos y el asesinato de dirigentes sociales e intelectuales comprometidos.
Tocar la puerta de los cuarteles para meter a los militares en la política es parte de las recetas del Pentágono y que, coincidencia o no, encontraron eco en algunos militares de servicio pasivo, como el general Marcelo Antezana, quien en 2006 ha sido denunciado por el actual Gobierno de estar en afanes conspirativos.
De acuerdo al intelectual Heinz Dieterich, de origen alemán y docente universitario en México, un ensayo de golpe de Estado se produjo el 30 de abril pasado, un día antes de que el presidente Morales nacionalizara cuatro empresas petroleras y la compañía de telecomunicaciones (Entel).
La acusación a Palacio de estar involucrado en un atentado dinamitero contra un canal de televisión privado en Yacuiba, calificada como "terrorismo de Estado" por el opositor Podemos y a la que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, respondió que es una "basura podrida", está siendo utilizada para tratar de generar malestar dentro de las Fuerzas Armadas.
A la par de procurar una adhesión de los militares al golpe o al menos lograr su neutralidad en caso de intensificación del conflicto, lo cual representaría darle la espalda al gobierno, los esfuerzos también se orientan hacia la generación de problemas y fricciones dentro de la Policía Nacional.
Las posibilidades de materializar el plan desestabilizador dentro de la Policía no son pocas debido a la fuerte influencia de la Embajada de los Estados Unidos sobre los organismos de inteligencia con los que ha trabajado años de forma directa y de los que no se tiene la seguridad que se hayan desmantelado, a pesar de que Rada dispusiera la desactivación de Odep (ex COPES), una instancia que disfrazaba la actuación de la CIA en Bolivia.
USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Esta nueva modalidad golpista, a la que el vicepresidente Álvaro García Linera identificó hace poco como de "corbata y cuello blanco", tendría pocas posibilidades de éxito sin el aporte, directo o no, de los medios de comunicación privados que se encargan de reproducir y amplificar en detalle los gritos de la oposición y de callar las medidas y los reclamos del oficialismo.
Es una locura orientar el dedo en alguna dirección, pero la experiencia de Ucrania, Georgia y Venezuela, que experimentaron la fuerza del "golpe suave", confirma el uso que los conductores de la desestabilización hacen de climas construidos por criterios informativos, por muy inocentes que resulten siendo una parte de ellos.
También, coincidencia o no, una suerte de coordinación mediática se ha producido a partir de que Morales asumió la conducción del país, ya sea para dar cuenta de una posición frente a la nacionalización del petróleo y la Asamblea Constituyente, según puso en evidencia el Observatorio de Medios de la Fundación UNIR, o en torno a las consultas por los estatutos autonómicos, la elección de Prefecto en Chuquisaca y el referéndum revocatorio de mandato.
Una revisión de las editoriales, de los titulares y de las fuentes consultadas permite apreciar, sin mucho esfuerzo, elementos comunes en varios medios de comunicación privados de su posición frente al gobierno y que han sido utilizados por la oposición en todos sus ámbitos.
LAS HUELLAS DE USA
Según Moldiz en su publicación en el semanario La Época, los planes de poco sirven si no hay poderosas fuerzas que las respalden. El peligro del golpe contra la democracia boliviana también ha sido advertido por el presidente venezolano Hugo Chávez, contra quien se alimenta un rechazo desde la oposición político-mediática.
"Desde Estados Unidos hablan de Bolivia como un Estado fallido, ya están calificando porque es lo que ellos quieren, y quieren sacar a Evo (…) ahora Evo convoca a referendo, no quieren; qué quieren, derrocarlo, matarlo", denunció en su intervención en la cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en Argentina hace poco.
Y entonces la memoria vuelve hacia la presencia estadounidense en los gobiernos militares de las décadas de los 70 y 80, pero también a un tiempo más próximo, cuando el gobierno actual, principalmente en voz de Evo Morales, denunció al embajador Philip Golberg y a Usaid de estar muy activos para desestabilizar el proceso de cambio.
De hecho, además de Usaid, otras fundaciones con financiamiento estadounidense, como el National Democratic Institute y Human Rights Foundation (HRF), han sido acusadas de apoyar con recursos a la oposición -prefectos y cívicos principalmente-, según denuncias del ministro Quintana y la investigadora Eva Golinger.
La certeza sobre la participación oficial estadounidense se ha acrecentado por la denuncia que un becario hizo contra un alto funcionario de ese país, Vicent Cooper quien le pidió espiar a médicos cubanos y técnicos venezolanos, pero también por la frecuente presencia de Golberg en Santa Cruz para reunirse con los opositores.
En definitiva, el "golpe suave" acecha la democracia boliviana. De aquí al día del referéndum revocatorio falta menos de 40 días, pero es una eternidad en la que todo puede pasar y un tiempo en el cual se probará la convicción democrática de la oposición.
Hugo Moldiz - Bolivia
Entrevista con Miguel Altieri
Un promotor de la agroecología
Autor: Carlos Amorin © Rel-UITAEditado por Ecosur Ltda.
Miguel Altieri es Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, desde 1980 es Profesor de Agroecología en la Universidad de California, Berkeley. También es colaborador en materias científicas de CLADES, consorcio de ONGs latinoamericanas que desarrolla trabajos de desarrollo campesino con una base agroecológica y desde 1996 es el coordinador general de SANE (Sustainable Agricultural Networking and Extension), programa auspiciado por PNUD para promover la capacitación de enfoques agroecológicos en el mundo en desarrollo. Desde 1997 ha servido como Presidente del comité de ONGs del CGIAR (Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, que agrupa a varios centros de investigación), con la misión de influenciar la agenda de los centros internacionales de investigación agrícola para el beneficio de los agricultores pobres de Asia, África y América Latina. Sus contribuciones en control biológico de plagas, agricultura sustentable y últimamente sobre el impacto ecológico de la biotecnología agraria, se encuentran plasmados en más de 200 artículos científicos y 7 libros, entre los cuales "Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable" ha sido editado en 5 idiomas con una circulación mundial de más de 50 mil ejemplares.
¿Qué es la agroecología?
Es una ciencia que plantea un nuevo paradigma científico para el desarrollo de la agricultura. En realidad, rescata lo que es verdaderamente la ciencia, porque la que promueve la agricultura industrial, agroquímica, biotecnológica, es una ciencia cooptada que sirve a los intereses de las transnacionales. La agroecología no sólo se basa en los elementos de la ciencia moderna, sino también en lo que llamamos la etnociencia, o sea, el conocimiento de los propios agricultores. Al inicio de su desarrollo la agroecología ha puesto mucho interés en el trabajo con los campesinos de América Latina porque rescata mucho el conocimiento ancestral de los Andes, de Meso América. Por lo tanto, es una combinación de saberes que resulta en una serie de principios que se transforman en formas tecnológicas que finalmente nacen de lo que nosotros llamamos la investigación participativa. Los agricultores forman parte del proceso de investigación en un pie de igualdad con los universitarios o técnicos especializados. La agroecología implica, entonces, un verdadero cambio del paradigma científico, pero también de la práctica, de la tecnología concreta de trabajo, de la relación con la tierra y con el producto de ella.
¿Cuáles son las diferencias esenciales de esa nueva ciencia con la actualmente hegemónica?
Todos los agricultores milenarios tienen una cosmovisión y han desarrollado un sistema de clasificación y apropiación de la naturaleza. La etnociencia consiste en ése saber generado por los agricultores, no necesariamente milenarios, sino que también proviene de aquellos que han trabajado varias generaciones en el campo. No es necesario entrar en detalles acerca de cómo cada grupo étnico trata a la naturaleza porque habría que lidiar con multitud de cosmovisiones diferentes y de conceptos de etnobotánica. Nosotros tratamos de rescatar los principios según los cuales esas comunidades se han relacionado con la naturaleza. Y vemos que esos principios son en realidad universales.
¿Son técnicas concretas?
No, son principios que generan técnicas.
Por ejemplo...
La diversidad, siempre la diversidad. Jamás el monocultivo. Pero en los Andes será la mixtura de las papas nativas, y en el trópico medio bajo será agroforestación, y en Mesoamérica serán policultivos de maíz con frijol. El principio siempre es el mismo: la diversidad ecológica. Otro principio esencial es la rotación de los cultivos, o dicho de otra forma el reciclaje de los nutrientes con integración de animales. Estos principios toman formas tecnológicas diferentes, pero su esencia es siempre estable. Nosotros rescatamos ese conocimiento como los grandes principios de la agroecología que explican cómo funcionan los sistemas agrícolas, al igual que los sistemas naturales. Si se toma una tundra por un lado, y un sistema tropical húmedo por otro, se verá que los principios de cómo funciona cada uno son exactamente los mismos, lo que pasa es que cada uno toma su propia dinámica: la tundra es mucho menos diversificada que el trópico, pero hay sucesión, hay competencia, hay flujos de energía.
En la agroecología no trabajamos con recetas ni con paquetes tecnológicos sino con estos principios.
¿Por qué es importante la diversidad?
Es esencial. No se trata de diversificar los cultivos porque sí, de cualquier manera, como sembrar lechuga con tomate, por ejemplo. Tratamos de crear combinaciones de cultivos y animales que creen una sinergia, que se potencien en un sistema autorregulado. Pero esas combinaciones tampoco pueden ser caprichos teóricos, sino que deben estar basadas en el conocimiento profundo de las interacciones ecológicas de cada lugar. Por ejemplo, si creamos un sistema que resulta benéfico para desarrollo de ciertos insectos que matan plagas, entonces ya no es necesario el pesticida externo, pero tampoco se precisan "insecticidas botánicos" y ese tipo de cosas que usan muchos agricultores orgánicos.
Otro principio es el del reciclaje de los nutrientes. Las formas en las que se incorpora a la tierra la biomasa vegetal y animal, cómo se debe utilizar de manera eficiente para que el sistema autorregule su materia orgánica, la fertilidad del suelo. Hay muchas formas de hacerlo.
¿Cuál es la diferencia entre la agricultura orgánica y la agroecología?
Bueno, en Estados Unidos, al menos, gran parte de la agricultura orgánica que se practica actualmente se basa en la sustitución de unos insumos por otros, siguiendo el mismo patrón que la agricultura convencional. Conozco muchos agricultores orgánicos en California que son muy dependientes de las empresas que fabrican los insumos. Son otras industrias, más biológicas, pero a la vez es el mismo modelo capitalista dependiente. Nosotros creamos un sistema en el cual no hay dependencia.
¿Esa forma de vincularse con la naturaleza está más presente en algunos países de América Latina más que en otros?
Históricamente esos vínculos están muy enraizados en culturas tradicionales nuestras, en agriculturas milenarias. Ellos no le llaman agroecología, pero es lo que practican en los Andes, en Meso América. Cuando nace como ciencia, a fin de los años setenta, la agroecología toma mucho auge en las organizaciones no gubernamentales (ONG), en países como Chile, Perú, Bolivia. En esa época las ONG trabajaban en un contexto de dictaduras en todo el Cono Sur. En esos momentos habían enfocado la necesidad de los agricultores pobres de implementar tecnologías que les permitieran sobrevivir. Así se empezaron a implementar redes entre los grupos, sobre todo andinos. Pero después ese movimiento llegó influenciar a la academia, y también a institutos de investigación. El país donde más se ha desarrollado la agroecología es Cuba, que desde la crisis que empezó a vivir a fin de los ochenta se creó un grupo que se llama Asociación Cubana de Agricultura Orgánica, que implementó un proceso de desarrollo de agricultura orgánica basado en la agroecología. El segundo país es Brasil. Allí la agroecología ya es un movimiento social, sobre todo en el sur, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y otros estados, están empezando a utilizar la agroecología como una herramienta de desarrollo de la agricultura familiar, pero lo más importante es que ha penetrado en las instituciones estaduales, como el Emater en Rio Grande do Sul.
Estamos trabajando en Brasil y para continuar con el programa de entrenamiento de 400 investigadores y extensionistas de EPAGRI, la institución del estado catarinenese responsable de la investigación y la extensión agrícolas. El gobernador de ese estado ha dicho que en dos años deberán desaparecer todos los agrotóxicos de Santa Catarina, y segundo que tiene que haber una moratoria de cinco años para la biotecnología hasta que se demuestre que su aplicación en agricultura no causa impactos ambientales desfavorables. De hecho, cuando la agroecología se asume como una política, causa enormes cambios dentro de las estructuras.
Algunas personas critican la opción cubana por la agricultura orgánica porque consideran que el gobierno hizo un cambio meramente instrumental sin una revisión profunda del modelo convencional.
Es así a nivel de la cúpula dirigente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para la mayoría de ellos fue un cambio meramente oportunista. Pero a nivel de base, los grupos que promovieron la agroecología, crearon un proceso de capacitación con los principios de la agroecología, proceso en el cual participamos activamente. De hecho, se logró crear una masa crítica no sólo de profesionales sino también de agricultores practicando la agroecología. Y eso es independiente de las políticas del gobierno. Se trata de un verdadero movimiento de masas. El grupo gestor de este proceso, la ACAO, fue suprimido, lo terminaron.
¿Cómo lo terminaron?
Lo colocaron bajo la supervisión y dependencia del gobierno y con un control muy fuerte. Pero yo he regresado a Cuba varias veces, y el movimiento ya es imparable. Comparto, entonces, esa crítica, pero este grupo fue muy inteligente, y utilizó como siete años para hacer una educación masiva de lo que es la agroecología. Se hicieron seminarios, cursos a distancia, bibliotecas móviles, se crearon "faros agroecologicos" que eran establecimientos modelo de producción adonde acudían de visita cientos de agricultores cada mes. Yo creo que en Cuba ese movimiento de base es imparable.
¿Se puede decir que los países del Cono Sur son los más refractarios a este tipo de planteos?
Chile, Argentina y Uruguay, sí. Son países que están completamente entregados al modelo agroexportador. El campesinado ha perdido mucha fuerza, las ONG fueron corrompidas o absorbidas por el sistema. El aparato público fue desmantelado así como la crítica académica, y es el sector privado el que dirige las políticas. En Brasil sucede lo contrario, allí el aparato público está vivo. Podrá tener sus problemas, pero también admite mucha crítica interna. En los países del Cono Sur prácticamente se ha suprimido el diálogo. Estuve en Argentina recientemente, todas las personas me dijeron que no existe allí un diálogo, ni siquiera un debate sobre los vegetales transgenicos. Se organizan foros, coloquios, pero las empresas y los funcionarios públicos los ignoran, lo que es una clara muestra de pensamiento poco democrático.
¿En qué países la agroecología ha llegado a la academia?
En varios países europeos como España, Italia y otros. En la universidad española de Córdoba ya se desarrolló un doctorado en agroecología, y existe una maestría para latinoamericanos que cuenta con el apoyo del gobierno de Andalucía. De allí salen unos 35 latinoamericanos cada año formados en esta nueva ciencia, tanto a nivel de doctorado como de maestría. En Italia hay algunos polos importantes de irradiación de estos principios, incluso en Estados Unidos también los hay. No son aún masivamente reconocidos, pero sí son respetados y tienen mucha actividad, publicaciones de investigaciones que demuestran la viabilidad científica de la propuesta. En ese sentido, existe una preocupación de no quedarse sólo en la crítica, sino de mostrar alternativas concretas y con las mismas herramientas científicas, de manera de que no haya duda de que la agroecología está respaldada por un conocimiento desarrollado. Lentamente se comienza a lograr generar impactos en las políticas públicas. Por ejemplo en Berkeley, la ciudad donde vivimos, los movimientos de consumidores, de cultivadores orgánicos, de ambientalista y otros lograron que la ciudad decidiera que todas las meriendas que se ofrecen deben ser elaboradas exclusivamente con productos orgánicos. Estamos hablando de 42 mil bocas que diariamente se alimentan así. Eso ha abierto un importante mercado para los agricultores orgánicos periurbanos y aún más lejanos que está creando una revolución. También hay prefecturas del PT en Brasil que adoptan políticas parecidas y logran cambios radicales. Esa es una característica esencial de nuestra propuesta, la de provocar modificaciones a nivel local, regional, pero no meterse con el rollo globalizante porque en ese nivel no hay manera de competir con el poder.
Muchos dicen que la agricultura sin químicos tiene baja productividad y que con ese sistema de cultivo no se genera suficiente alimento para todo el mundo.
El problema del hambre en el mundo no tiene nada que ver con la producción de los alimentos. Es un asunto de distribución. Hay 2 mil millones de personas viviendo con menos de dos dólares al día. Existe una mala distribución de la tierra y de su uso. En países africanos netamente exportadores de alimentos la gente muere de hambre. El 70% del grano que se produce en Argentina, en el Cono Sur, es para alimentar ganado. Toda la soja y la mandioca que se cultiva acá tiene ese fin. Los sistemas agroecologicos son en realidad más productivos que el sistema convencional (con químicos), no sólo en cuestión de rendimiento, también porque proporciona una serie de servicios ambientales. Es multifuncional. Algunos estudios que hemos hecho en California sobre manzanos, por ejemplo, permitieron comprobar que en ambos sistemas son igualmente productivos en el mediano y largo plazo. Pero tienen una enorme diferencia en el impacto ambiental: el del agroecológico es 30 veces menor que el convencional, siendo que sólo medimos residuos de pesticidas y concentración de nitrato en suelo, sin tener en cuenta biodiversidad y otros parámetros asociados. Ese escaso impacto ambiental no está siendo compensado por la sociedad. Creo que este tipo de enfoque puede empezar a influenciar a los políticos para que entiendan que se debe premiar a esa gente y castigar a los otros. Ya casi nadie hace comparaciones de productividad porque está más que demostrado que la agricultura orgánica, paradojalmente sin el apoyo científico de los aparatos público y académico, es igualmente productiva que la convencional. Y eso con escasos medios de investigación, mientras que los convencionales tienen 50 o 60 años ininterrumpidos de apoyo científico estatal, y apenas llegan a tener la misma productividad, pero con un tremendo impacto ambiental que la sociedad está pagando caro.
Otra crítica que se hace es que los vegetales orgánicos son más caros, y que por lo tanto no son productos para el pueblo.
Desgraciadamente mucho de la agricultura orgánica está controlada por intereses que no tienen nada que ver con el pensamiento de un modelo alternativo. Están en eso porque se abrieron brechas en el modelo neoliberal que premian ese tipo de agricultura. Lo hacen estrictamente como un negocio, como harían cualquier otro negocio. Pero existe tanto en Europa como en Estados Unidos un amplio movimiento de crítica a esta postura que están planteando que los aspectos sociales fueron ignorados por la agricultura orgánica, y que es necesario cambiar eso. De hecho, ya se están implementando las redes de distribución directa de los agricultores a los consumidores mediante, por ejemplo, ferias orgánicas y las canastas semanales.
Pero atención: hay mucha agricultura orgánica que no es agroecológica porque sigue siendo de monocultivo y de sustitución de insumos, y además abasteciendo mercados elitistas. En las primera discusiones que se promovieron en California para reglamentar la certificación, varios grupos planteamos que se debía limitar la escala a no más de 50 hectáreas, porque hay empresarios que tienen 2 o 3 mil hectáreas que desplazan a los pequeños y medianos, y también defendimos la posición de que se debía incluir una definición de condiciones laborales aceptables para los trabajadores rurales asalariados, pero todos esos reclamos quedaron fuera. En la actualidad, en Estados Unidos la agricultura orgánica es mayormente una etiqueta que dice que no se usaron tóxicos para cultivar esos productos, pero no es un planteo sustentable porque ignora completamente los aspectos sociales, La agroecología, en cambio, se juega con base científica por un modelo de desarrollo alternativo de atiende la equidad social, la seguridad alimentaria, la superación de la pobreza. Es una propuesta política con base científica y, claro, de izquierda.
¿Entonces por qué la izquierda tradicional en América Latina se ha jugado históricamente por la opción productivista?
Porque la agronomía capitalista y la soviética fueron alimentadas teóricamente por el mismo paradigma científico. La revolución verde convenció igualmente a los estadounidenses, a los mexicanos, a los soviéticos y a los uruguayos. Según ese esquema siempre habrá un factor limitante en la agricultura, y cualquiera sea ese factor se deberá usar químicos para superarlo, sin advertir que esa limitante era un síntoma de una enfermedad más sistémica de la agricultura. La agroecología desecha los síntomas y ataca las causas fundamentales que son los desequilibrios biológicos en la tierra. Hay que crear las condiciones para restaurar ese equilibrio.
¿Pudo haber existido en la izquierda un cierto menosprecio del saber popular, del conocimiento campesino?
Lo dice la historia. Cuando la Fundación Rockefeller comenzó a pensar en la revolución verde envió una comisión de científicos a México y cometieron el error de invitar a Carl Sauer, que era geógrafo. Escribió él un informe en solitario, en el que decía que si un grupo de agrónomos estadounidenses agresivos iría a México para llevar el maíz de Iowa y de Ohio, sucedería un catástrofe que describió con bastante detalle. Esa catástrofe es exactamente lo que está sucediendo desde hace varias décadas en el mundo. Sauer fue sustituido en la comisión por otro que no hacía críticas. La revolución verde no sólo significó el cambio de una variedad por otra, sino la supresión de todo un conocimiento acumulado durante milenios. Lo mismo está pasando ahora con la biotecnología: las instituciones públicas son cooptadas por las transnacionales. La universidad de Berkeley donde yo trabajo recibe 50 millones de dólares anuales de la Novartis. Eso crea un sesgo institucional del cual emerge una visión y se suprimen las otras. A nosotros nos intentan suprimir a menudo. Y eso es muy peligroso para la sociedad, porque las opciones, la diversidad de enfoques empieza a desaparecer. Ni siquiera los agricultores soyeros convencionales que usan químicos ya no tienen muchas opciones: o Roundup o nada. O entran en el juego o quedan fuera. En Estados Unidos, como en Argentina, disminuye la cantidad de agricultores dedicados a la soya, pero aumenta la cantidad de hectáreas. Porque esa tecnología alienta la concentración de la tierra. En Estados Unidos el sistema de subsidio, creado por el lobby de los grandes empresarios agrícolas, otorga 40 dólares por acre a quienes tienen menos de 400 acres, pero le da 400 dólares por acre a quienes tienen más 400 acres. Es una agricultura sin agricultores.
La biotecnología es la fructificación del modelo de la revolución verde y es impulsada por los mismos actores. Yo no distingo entre agroquímicas y transgenicos. Nuestra idea es condenar igualmente a ambas agriculturas porque están podridas.
¿La imposición de la revolución verde en América Latina puede tener alguna relación con la generalización de las dictaduras en ese período?
No sé si ambas cosas tienen un vínculo directo, pero no pienso que las estrategias de desarrollo rural que impulsa el gobierno de Estados Unidos sean diferentes a su política externa. Todo surge de la misma concepción. La dominación tiene muchos campos, y una manera de dominar ha sido educar al mundo científico latinoamericano con una mentalidad al servicio de ese modelo. Cuando llegué a California me di cuenta de que en Chile me habían enseñado agronomía californiana. Todos mis profesores habían hecho uso de un convenio por el cual completaron su formación en California. Nunca me enseñaron agricultura campesina. En mi opinión, tanto la revolución verde como la biotecnología actúan de manera fascista, porque suprimen la disidencia. A mí no me han podido echar de la universidad porque va contra los principios del centro de estudios, y además porque soy profesor titular del máximo nivel, pero las ganas no han faltado. El costo de hablar esto públicamente es muy alto, enseguida empiezan a tildarte de pseudo científico, antiprogreso, y segundo te cortan todos los fondos. Por eso es que allá ahora hay mucha gente que ya no habla. La represión es muy grande.
¿Puede haber un cambio de modelo agrícola si no se produce un cambio social general?
Sí, de hecho esos cambios se están dando ahora mismo. Recientemente participé en una actividad en la cual evaluamos 208 proyectos provenientes África, América Latina y Asia, y estimamos que hay 9 millones de campesinos que han adoptado el modelo agroecológico, cubriendo aproximadamente 30 millones de hectáreas, con una producción de 1,7 toneladas de grano por hectárea en zonas marginales. Estos pequeños ejemplos son los que denominamos "faros agroecologicos", porque influencian a su entorno y crean redes entre agricultores por donde pasa el conocimiento. No sé si la suma de los cambios locales provocará un cambio global, pero pienso que es posible. Cómo se dará eso en el futuro, lo ignoro, pero hay mucha gente buscando nuevos caminos.
Principales publicaciones
Altieri, M.A. and Liebman, M.Z. 1988. Weed management: Ecological guidelines. In: Weed Management in Agroecosystems: Ecological Approaches. M.A. Altieri and M.Z. Liebman, eds. CRC Press, Boca Raton, Fl. Altieri, M.A. 1990. Agroecology and rural development in Latin America. In: Agroecology and small farm development. M.A. Altieri, S.B. Hecht, eds. CRC Press, Florida, pp. 113-118. Altieri, M.A. 1993. Crop Protection Strategies for Subsistence Farmers. Westview Press, Inc. Boulder, CO, 197 pp. Altieri, M.A. 1994 Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Haworth Press, Inc., NY. Altieri, M.A. 1995. Agroecology: The science of sustainable agriculture. Westview Press, Boulder, CO. Revised and expanded edition.
Autor: Carlos Amorin © Rel-UITAEditado por Ecosur Ltda.
Miguel Altieri es Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, desde 1980 es Profesor de Agroecología en la Universidad de California, Berkeley. También es colaborador en materias científicas de CLADES, consorcio de ONGs latinoamericanas que desarrolla trabajos de desarrollo campesino con una base agroecológica y desde 1996 es el coordinador general de SANE (Sustainable Agricultural Networking and Extension), programa auspiciado por PNUD para promover la capacitación de enfoques agroecológicos en el mundo en desarrollo. Desde 1997 ha servido como Presidente del comité de ONGs del CGIAR (Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional, que agrupa a varios centros de investigación), con la misión de influenciar la agenda de los centros internacionales de investigación agrícola para el beneficio de los agricultores pobres de Asia, África y América Latina. Sus contribuciones en control biológico de plagas, agricultura sustentable y últimamente sobre el impacto ecológico de la biotecnología agraria, se encuentran plasmados en más de 200 artículos científicos y 7 libros, entre los cuales "Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable" ha sido editado en 5 idiomas con una circulación mundial de más de 50 mil ejemplares.
¿Qué es la agroecología?
Es una ciencia que plantea un nuevo paradigma científico para el desarrollo de la agricultura. En realidad, rescata lo que es verdaderamente la ciencia, porque la que promueve la agricultura industrial, agroquímica, biotecnológica, es una ciencia cooptada que sirve a los intereses de las transnacionales. La agroecología no sólo se basa en los elementos de la ciencia moderna, sino también en lo que llamamos la etnociencia, o sea, el conocimiento de los propios agricultores. Al inicio de su desarrollo la agroecología ha puesto mucho interés en el trabajo con los campesinos de América Latina porque rescata mucho el conocimiento ancestral de los Andes, de Meso América. Por lo tanto, es una combinación de saberes que resulta en una serie de principios que se transforman en formas tecnológicas que finalmente nacen de lo que nosotros llamamos la investigación participativa. Los agricultores forman parte del proceso de investigación en un pie de igualdad con los universitarios o técnicos especializados. La agroecología implica, entonces, un verdadero cambio del paradigma científico, pero también de la práctica, de la tecnología concreta de trabajo, de la relación con la tierra y con el producto de ella.
¿Cuáles son las diferencias esenciales de esa nueva ciencia con la actualmente hegemónica?
Todos los agricultores milenarios tienen una cosmovisión y han desarrollado un sistema de clasificación y apropiación de la naturaleza. La etnociencia consiste en ése saber generado por los agricultores, no necesariamente milenarios, sino que también proviene de aquellos que han trabajado varias generaciones en el campo. No es necesario entrar en detalles acerca de cómo cada grupo étnico trata a la naturaleza porque habría que lidiar con multitud de cosmovisiones diferentes y de conceptos de etnobotánica. Nosotros tratamos de rescatar los principios según los cuales esas comunidades se han relacionado con la naturaleza. Y vemos que esos principios son en realidad universales.
¿Son técnicas concretas?
No, son principios que generan técnicas.
Por ejemplo...
La diversidad, siempre la diversidad. Jamás el monocultivo. Pero en los Andes será la mixtura de las papas nativas, y en el trópico medio bajo será agroforestación, y en Mesoamérica serán policultivos de maíz con frijol. El principio siempre es el mismo: la diversidad ecológica. Otro principio esencial es la rotación de los cultivos, o dicho de otra forma el reciclaje de los nutrientes con integración de animales. Estos principios toman formas tecnológicas diferentes, pero su esencia es siempre estable. Nosotros rescatamos ese conocimiento como los grandes principios de la agroecología que explican cómo funcionan los sistemas agrícolas, al igual que los sistemas naturales. Si se toma una tundra por un lado, y un sistema tropical húmedo por otro, se verá que los principios de cómo funciona cada uno son exactamente los mismos, lo que pasa es que cada uno toma su propia dinámica: la tundra es mucho menos diversificada que el trópico, pero hay sucesión, hay competencia, hay flujos de energía.
En la agroecología no trabajamos con recetas ni con paquetes tecnológicos sino con estos principios.
¿Por qué es importante la diversidad?
Es esencial. No se trata de diversificar los cultivos porque sí, de cualquier manera, como sembrar lechuga con tomate, por ejemplo. Tratamos de crear combinaciones de cultivos y animales que creen una sinergia, que se potencien en un sistema autorregulado. Pero esas combinaciones tampoco pueden ser caprichos teóricos, sino que deben estar basadas en el conocimiento profundo de las interacciones ecológicas de cada lugar. Por ejemplo, si creamos un sistema que resulta benéfico para desarrollo de ciertos insectos que matan plagas, entonces ya no es necesario el pesticida externo, pero tampoco se precisan "insecticidas botánicos" y ese tipo de cosas que usan muchos agricultores orgánicos.
Otro principio es el del reciclaje de los nutrientes. Las formas en las que se incorpora a la tierra la biomasa vegetal y animal, cómo se debe utilizar de manera eficiente para que el sistema autorregule su materia orgánica, la fertilidad del suelo. Hay muchas formas de hacerlo.
¿Cuál es la diferencia entre la agricultura orgánica y la agroecología?
Bueno, en Estados Unidos, al menos, gran parte de la agricultura orgánica que se practica actualmente se basa en la sustitución de unos insumos por otros, siguiendo el mismo patrón que la agricultura convencional. Conozco muchos agricultores orgánicos en California que son muy dependientes de las empresas que fabrican los insumos. Son otras industrias, más biológicas, pero a la vez es el mismo modelo capitalista dependiente. Nosotros creamos un sistema en el cual no hay dependencia.
¿Esa forma de vincularse con la naturaleza está más presente en algunos países de América Latina más que en otros?
Históricamente esos vínculos están muy enraizados en culturas tradicionales nuestras, en agriculturas milenarias. Ellos no le llaman agroecología, pero es lo que practican en los Andes, en Meso América. Cuando nace como ciencia, a fin de los años setenta, la agroecología toma mucho auge en las organizaciones no gubernamentales (ONG), en países como Chile, Perú, Bolivia. En esa época las ONG trabajaban en un contexto de dictaduras en todo el Cono Sur. En esos momentos habían enfocado la necesidad de los agricultores pobres de implementar tecnologías que les permitieran sobrevivir. Así se empezaron a implementar redes entre los grupos, sobre todo andinos. Pero después ese movimiento llegó influenciar a la academia, y también a institutos de investigación. El país donde más se ha desarrollado la agroecología es Cuba, que desde la crisis que empezó a vivir a fin de los ochenta se creó un grupo que se llama Asociación Cubana de Agricultura Orgánica, que implementó un proceso de desarrollo de agricultura orgánica basado en la agroecología. El segundo país es Brasil. Allí la agroecología ya es un movimiento social, sobre todo en el sur, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y otros estados, están empezando a utilizar la agroecología como una herramienta de desarrollo de la agricultura familiar, pero lo más importante es que ha penetrado en las instituciones estaduales, como el Emater en Rio Grande do Sul.
Estamos trabajando en Brasil y para continuar con el programa de entrenamiento de 400 investigadores y extensionistas de EPAGRI, la institución del estado catarinenese responsable de la investigación y la extensión agrícolas. El gobernador de ese estado ha dicho que en dos años deberán desaparecer todos los agrotóxicos de Santa Catarina, y segundo que tiene que haber una moratoria de cinco años para la biotecnología hasta que se demuestre que su aplicación en agricultura no causa impactos ambientales desfavorables. De hecho, cuando la agroecología se asume como una política, causa enormes cambios dentro de las estructuras.
Algunas personas critican la opción cubana por la agricultura orgánica porque consideran que el gobierno hizo un cambio meramente instrumental sin una revisión profunda del modelo convencional.
Es así a nivel de la cúpula dirigente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para la mayoría de ellos fue un cambio meramente oportunista. Pero a nivel de base, los grupos que promovieron la agroecología, crearon un proceso de capacitación con los principios de la agroecología, proceso en el cual participamos activamente. De hecho, se logró crear una masa crítica no sólo de profesionales sino también de agricultores practicando la agroecología. Y eso es independiente de las políticas del gobierno. Se trata de un verdadero movimiento de masas. El grupo gestor de este proceso, la ACAO, fue suprimido, lo terminaron.
¿Cómo lo terminaron?
Lo colocaron bajo la supervisión y dependencia del gobierno y con un control muy fuerte. Pero yo he regresado a Cuba varias veces, y el movimiento ya es imparable. Comparto, entonces, esa crítica, pero este grupo fue muy inteligente, y utilizó como siete años para hacer una educación masiva de lo que es la agroecología. Se hicieron seminarios, cursos a distancia, bibliotecas móviles, se crearon "faros agroecologicos" que eran establecimientos modelo de producción adonde acudían de visita cientos de agricultores cada mes. Yo creo que en Cuba ese movimiento de base es imparable.
¿Se puede decir que los países del Cono Sur son los más refractarios a este tipo de planteos?
Chile, Argentina y Uruguay, sí. Son países que están completamente entregados al modelo agroexportador. El campesinado ha perdido mucha fuerza, las ONG fueron corrompidas o absorbidas por el sistema. El aparato público fue desmantelado así como la crítica académica, y es el sector privado el que dirige las políticas. En Brasil sucede lo contrario, allí el aparato público está vivo. Podrá tener sus problemas, pero también admite mucha crítica interna. En los países del Cono Sur prácticamente se ha suprimido el diálogo. Estuve en Argentina recientemente, todas las personas me dijeron que no existe allí un diálogo, ni siquiera un debate sobre los vegetales transgenicos. Se organizan foros, coloquios, pero las empresas y los funcionarios públicos los ignoran, lo que es una clara muestra de pensamiento poco democrático.
¿En qué países la agroecología ha llegado a la academia?
En varios países europeos como España, Italia y otros. En la universidad española de Córdoba ya se desarrolló un doctorado en agroecología, y existe una maestría para latinoamericanos que cuenta con el apoyo del gobierno de Andalucía. De allí salen unos 35 latinoamericanos cada año formados en esta nueva ciencia, tanto a nivel de doctorado como de maestría. En Italia hay algunos polos importantes de irradiación de estos principios, incluso en Estados Unidos también los hay. No son aún masivamente reconocidos, pero sí son respetados y tienen mucha actividad, publicaciones de investigaciones que demuestran la viabilidad científica de la propuesta. En ese sentido, existe una preocupación de no quedarse sólo en la crítica, sino de mostrar alternativas concretas y con las mismas herramientas científicas, de manera de que no haya duda de que la agroecología está respaldada por un conocimiento desarrollado. Lentamente se comienza a lograr generar impactos en las políticas públicas. Por ejemplo en Berkeley, la ciudad donde vivimos, los movimientos de consumidores, de cultivadores orgánicos, de ambientalista y otros lograron que la ciudad decidiera que todas las meriendas que se ofrecen deben ser elaboradas exclusivamente con productos orgánicos. Estamos hablando de 42 mil bocas que diariamente se alimentan así. Eso ha abierto un importante mercado para los agricultores orgánicos periurbanos y aún más lejanos que está creando una revolución. También hay prefecturas del PT en Brasil que adoptan políticas parecidas y logran cambios radicales. Esa es una característica esencial de nuestra propuesta, la de provocar modificaciones a nivel local, regional, pero no meterse con el rollo globalizante porque en ese nivel no hay manera de competir con el poder.
Muchos dicen que la agricultura sin químicos tiene baja productividad y que con ese sistema de cultivo no se genera suficiente alimento para todo el mundo.
El problema del hambre en el mundo no tiene nada que ver con la producción de los alimentos. Es un asunto de distribución. Hay 2 mil millones de personas viviendo con menos de dos dólares al día. Existe una mala distribución de la tierra y de su uso. En países africanos netamente exportadores de alimentos la gente muere de hambre. El 70% del grano que se produce en Argentina, en el Cono Sur, es para alimentar ganado. Toda la soja y la mandioca que se cultiva acá tiene ese fin. Los sistemas agroecologicos son en realidad más productivos que el sistema convencional (con químicos), no sólo en cuestión de rendimiento, también porque proporciona una serie de servicios ambientales. Es multifuncional. Algunos estudios que hemos hecho en California sobre manzanos, por ejemplo, permitieron comprobar que en ambos sistemas son igualmente productivos en el mediano y largo plazo. Pero tienen una enorme diferencia en el impacto ambiental: el del agroecológico es 30 veces menor que el convencional, siendo que sólo medimos residuos de pesticidas y concentración de nitrato en suelo, sin tener en cuenta biodiversidad y otros parámetros asociados. Ese escaso impacto ambiental no está siendo compensado por la sociedad. Creo que este tipo de enfoque puede empezar a influenciar a los políticos para que entiendan que se debe premiar a esa gente y castigar a los otros. Ya casi nadie hace comparaciones de productividad porque está más que demostrado que la agricultura orgánica, paradojalmente sin el apoyo científico de los aparatos público y académico, es igualmente productiva que la convencional. Y eso con escasos medios de investigación, mientras que los convencionales tienen 50 o 60 años ininterrumpidos de apoyo científico estatal, y apenas llegan a tener la misma productividad, pero con un tremendo impacto ambiental que la sociedad está pagando caro.
Otra crítica que se hace es que los vegetales orgánicos son más caros, y que por lo tanto no son productos para el pueblo.
Desgraciadamente mucho de la agricultura orgánica está controlada por intereses que no tienen nada que ver con el pensamiento de un modelo alternativo. Están en eso porque se abrieron brechas en el modelo neoliberal que premian ese tipo de agricultura. Lo hacen estrictamente como un negocio, como harían cualquier otro negocio. Pero existe tanto en Europa como en Estados Unidos un amplio movimiento de crítica a esta postura que están planteando que los aspectos sociales fueron ignorados por la agricultura orgánica, y que es necesario cambiar eso. De hecho, ya se están implementando las redes de distribución directa de los agricultores a los consumidores mediante, por ejemplo, ferias orgánicas y las canastas semanales.
Pero atención: hay mucha agricultura orgánica que no es agroecológica porque sigue siendo de monocultivo y de sustitución de insumos, y además abasteciendo mercados elitistas. En las primera discusiones que se promovieron en California para reglamentar la certificación, varios grupos planteamos que se debía limitar la escala a no más de 50 hectáreas, porque hay empresarios que tienen 2 o 3 mil hectáreas que desplazan a los pequeños y medianos, y también defendimos la posición de que se debía incluir una definición de condiciones laborales aceptables para los trabajadores rurales asalariados, pero todos esos reclamos quedaron fuera. En la actualidad, en Estados Unidos la agricultura orgánica es mayormente una etiqueta que dice que no se usaron tóxicos para cultivar esos productos, pero no es un planteo sustentable porque ignora completamente los aspectos sociales, La agroecología, en cambio, se juega con base científica por un modelo de desarrollo alternativo de atiende la equidad social, la seguridad alimentaria, la superación de la pobreza. Es una propuesta política con base científica y, claro, de izquierda.
¿Entonces por qué la izquierda tradicional en América Latina se ha jugado históricamente por la opción productivista?
Porque la agronomía capitalista y la soviética fueron alimentadas teóricamente por el mismo paradigma científico. La revolución verde convenció igualmente a los estadounidenses, a los mexicanos, a los soviéticos y a los uruguayos. Según ese esquema siempre habrá un factor limitante en la agricultura, y cualquiera sea ese factor se deberá usar químicos para superarlo, sin advertir que esa limitante era un síntoma de una enfermedad más sistémica de la agricultura. La agroecología desecha los síntomas y ataca las causas fundamentales que son los desequilibrios biológicos en la tierra. Hay que crear las condiciones para restaurar ese equilibrio.
¿Pudo haber existido en la izquierda un cierto menosprecio del saber popular, del conocimiento campesino?
Lo dice la historia. Cuando la Fundación Rockefeller comenzó a pensar en la revolución verde envió una comisión de científicos a México y cometieron el error de invitar a Carl Sauer, que era geógrafo. Escribió él un informe en solitario, en el que decía que si un grupo de agrónomos estadounidenses agresivos iría a México para llevar el maíz de Iowa y de Ohio, sucedería un catástrofe que describió con bastante detalle. Esa catástrofe es exactamente lo que está sucediendo desde hace varias décadas en el mundo. Sauer fue sustituido en la comisión por otro que no hacía críticas. La revolución verde no sólo significó el cambio de una variedad por otra, sino la supresión de todo un conocimiento acumulado durante milenios. Lo mismo está pasando ahora con la biotecnología: las instituciones públicas son cooptadas por las transnacionales. La universidad de Berkeley donde yo trabajo recibe 50 millones de dólares anuales de la Novartis. Eso crea un sesgo institucional del cual emerge una visión y se suprimen las otras. A nosotros nos intentan suprimir a menudo. Y eso es muy peligroso para la sociedad, porque las opciones, la diversidad de enfoques empieza a desaparecer. Ni siquiera los agricultores soyeros convencionales que usan químicos ya no tienen muchas opciones: o Roundup o nada. O entran en el juego o quedan fuera. En Estados Unidos, como en Argentina, disminuye la cantidad de agricultores dedicados a la soya, pero aumenta la cantidad de hectáreas. Porque esa tecnología alienta la concentración de la tierra. En Estados Unidos el sistema de subsidio, creado por el lobby de los grandes empresarios agrícolas, otorga 40 dólares por acre a quienes tienen menos de 400 acres, pero le da 400 dólares por acre a quienes tienen más 400 acres. Es una agricultura sin agricultores.
La biotecnología es la fructificación del modelo de la revolución verde y es impulsada por los mismos actores. Yo no distingo entre agroquímicas y transgenicos. Nuestra idea es condenar igualmente a ambas agriculturas porque están podridas.
¿La imposición de la revolución verde en América Latina puede tener alguna relación con la generalización de las dictaduras en ese período?
No sé si ambas cosas tienen un vínculo directo, pero no pienso que las estrategias de desarrollo rural que impulsa el gobierno de Estados Unidos sean diferentes a su política externa. Todo surge de la misma concepción. La dominación tiene muchos campos, y una manera de dominar ha sido educar al mundo científico latinoamericano con una mentalidad al servicio de ese modelo. Cuando llegué a California me di cuenta de que en Chile me habían enseñado agronomía californiana. Todos mis profesores habían hecho uso de un convenio por el cual completaron su formación en California. Nunca me enseñaron agricultura campesina. En mi opinión, tanto la revolución verde como la biotecnología actúan de manera fascista, porque suprimen la disidencia. A mí no me han podido echar de la universidad porque va contra los principios del centro de estudios, y además porque soy profesor titular del máximo nivel, pero las ganas no han faltado. El costo de hablar esto públicamente es muy alto, enseguida empiezan a tildarte de pseudo científico, antiprogreso, y segundo te cortan todos los fondos. Por eso es que allá ahora hay mucha gente que ya no habla. La represión es muy grande.
¿Puede haber un cambio de modelo agrícola si no se produce un cambio social general?
Sí, de hecho esos cambios se están dando ahora mismo. Recientemente participé en una actividad en la cual evaluamos 208 proyectos provenientes África, América Latina y Asia, y estimamos que hay 9 millones de campesinos que han adoptado el modelo agroecológico, cubriendo aproximadamente 30 millones de hectáreas, con una producción de 1,7 toneladas de grano por hectárea en zonas marginales. Estos pequeños ejemplos son los que denominamos "faros agroecologicos", porque influencian a su entorno y crean redes entre agricultores por donde pasa el conocimiento. No sé si la suma de los cambios locales provocará un cambio global, pero pienso que es posible. Cómo se dará eso en el futuro, lo ignoro, pero hay mucha gente buscando nuevos caminos.
Principales publicaciones
Altieri, M.A. and Liebman, M.Z. 1988. Weed management: Ecological guidelines. In: Weed Management in Agroecosystems: Ecological Approaches. M.A. Altieri and M.Z. Liebman, eds. CRC Press, Boca Raton, Fl. Altieri, M.A. 1990. Agroecology and rural development in Latin America. In: Agroecology and small farm development. M.A. Altieri, S.B. Hecht, eds. CRC Press, Florida, pp. 113-118. Altieri, M.A. 1993. Crop Protection Strategies for Subsistence Farmers. Westview Press, Inc. Boulder, CO, 197 pp. Altieri, M.A. 1994 Biodiversity and Pest Management in Agroecosystems. Haworth Press, Inc., NY. Altieri, M.A. 1995. Agroecology: The science of sustainable agriculture. Westview Press, Boulder, CO. Revised and expanded edition.
martes, 8 de julio de 2008
DEBATE PENDIENTE EN LA SOBERANIA AGROALIMENTARIA
07-07-08,
Por Miguel Ángel Núñez *
La agroecología y su andamiaje técnico, además de elevar nuevas formas de organización social, emerge como la única opción científicamente valida para superar los distintos retos, amenazas y debilidades en la producción agrícola. Como millones de campesinos lo han aclamado y afirmado en otros foros internacionales, la soberanía agroalimentaria necesariamente debe verse y accionarla desde el prisma agroecológico.
Los sistemas sociales emergentes en la agricultura
El colapso del modelo tecnocrático agrícola de la revolución verde del pasado siglo y que en esta nueva época por las sostenidas exigencias de las tecnologías neoliberales-globalizadoras, se reacomoda y consustancia en la bio-revolución transgénica como la única y magnifica iniciativa para enfrentar la crisis ética-agroalimentaria planetaria. Ante este el magno desafío, se nos plantea continuar firme y corresponsablemente, en seguir apostando a las propuestas alternativas de producción agrícola, las cuales sustentan su histórico despliegue en la agroecología.
La agroecología esta llamada a enfrentar las apetencias de la revolución biotecnológica tal como se ha concebido. Por cuanto esta última se ajusta y prolonga su dependencia ante las exigencias del libre mercado por la acumulación de recursos, ganancias y modalidades especulativas articuladas a los sectores financieros-bursátiles-agroalimentarios. La agroecología y su andamiaje técnico, además de elevar nuevas formas de organización social de la producción como más adelante veremos, emerge como la única opción científicamente valida para superar los distintos retos, amenazas y debilidades en la producción agrícola.
Afirmamos que la evolución de la agroecología se eleva, se pronuncia e irrumpe ante los agravios eco-productivos que estamos encontrando en nuestros agroecosistemas por cuanto se necesitan cambios ante la dinámica en los medios y modos de producción agrícola. Las tensiones agroambientales, sociales y culturales abandonadas por la bio-revolución las seguimos encontrando en nuestros campos. De inmediato se exigen ser superadas por nuevas prácticas agrícolas más eficientes, eficaces y efectivas. Definitivamente NO podemos reproducir las prácticas enajenantes que nos han dejado los modelos agrícola depredadores.
En concordancia con lo anterior y por la naturaleza de la agroecología, esta favorece al rescate del dialogo de saberes, sus tradiciones, ancestros y razones culturales de nuestros campesinos para formular y diseñar propuestas de trabajo y consideraciones teóricas en la comprensión de un componente particular del agroecosistema que puede o no encontrarse afectado. Por ejemplo: si una técnica, insumo o práctica agrícola en particular contribuye o no a reconocer la aplicación de los principios científicos agroecológicos, en la orientación hacia la sustentabilidad.
La dinámica anterior también nos conlleva a reconocer, el cumulo de conocimientos que se encuentran interactuando y organizándose inteligentemente, una vez sistematizados emergen como nuevas razones teóricas para avanzar en la teoría de la producción.
Como también lo afirma Leff (2001); las múltiples técnicas que integran el arsenal de instrumentos y saberes de la agroecología no sólo se funden con las cosmogonías de los pueblos de donde emergen y se aplican sus principios; sus conocimientos y prácticas se aglutinan en torno a una nueva teoría de la producción, en un paradigma ecotecnológico fundado en la productividad neguentrópica del planeta Tierra. Esta nueva teoría de la producción toma sus principios en la ciencia ecológica, del territorio, en el que la intervención sobre la tierra se nutre de sus potenciales ecológicos y significativos culturales, y en principio de la fotosíntesis que Ignacio Sachs propusiera en los años 70 como fundamento para la construcción de una nueva civilización de los trópicos. (Sachs, 1976).
Los saberes agroecológicos son una constelación de conocimientos, técnicas, saberes y prácticas dispersas, que responden a condiciones ecológicas, económicas, técnicas y culturales de cada geografía y cada población. Estos saberes y estas prácticas no se unifican en torno a una ciencia; las condiciones históricas de su producción están articuladas a diferentes niveles de producción teórica y acción política que abre el camino para la aplicación de sus métodos y para la implementación de sus propuestas. Los saberes agroecológicos se forjan en la interfase entre las cosmovisones, teorías y prácticas. La agroecologia, como reacción a los modelos agrícolas depredadores, se configura a través de un nuevo campo de saberes prácticos para una agricultura sustentable, orientada al bien común y el equilibrio ecológico del planeta, y como una herramienta para la autosubsistencia y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.(Leff, 2001).
Esa constelación de conocimientos agroecológicos que nos ha llegado, nos esta deviniendo y que inteligentemente nos seguirán surgiendo nos permiten enérgicamente afirmar que son tangibles las tantas dimensiones productivas y cognoscitivas y organizacionales que continuaran emergiendo en las sociedades rurales espontáneamente y sin normas, ni leyes para establecer su surgimiento y en la pertinencia social que también en esos espacios florece.
¿Ciencia con Conciencia y Tecnología con Pertinencia?
Afirmamos que el modelo depredador agrícola se sustento en propuestas científicas y tecnológicas demuestran que sus resultados nunca consideraron, ni razonaron el cumplimiento de las elementales leyes de la naturaleza. Estas propuestas tecnológicas además de seguir creando caos e incertidumbres productivas en los agroecosistemas; prosiguen con la contaminación transgénica y de agrotóxicos, generándonos problemas de salud pública en las poblaciones. Estas tecnologías siempre han estado solucionando los problemas científicos y técnicos de los agroempresarios totalmente alejados de la realidad socio-productiva de los pequeños y medianos productores. Contrario a la agroecología que en su dinámica tecno política va implícita la inclusión social.
Situación que fue evaluada por un periodo de tres años (2005-2007) por el International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) Comité Internacional de Evaluación al Conocimiento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo Agrícola y quienes reunieron para presentar sus resultados a mas de 400 científicos de 50 países el pasado mes de abril en Johannesburgo Sur África.
La declaratoria final de tan sostenido trabajo, exige cambios radicales en los sistemas de producción agrícola para aminorar drásticamente los serios problemas atados a la agricultura como los son: los pro y contras de la bioenergía; los efectos en los cambios climáticos; el nuevo papel de la biotecnología; el uso de los recursos naturales; los efectos sobre la salud; el papel y futuro de la pequeña agricultura. Debiendo ser la agroecología.
Nos complace entender que en otro nivel social, cognoscitivo y de singular cobertura como es el IAASTD se reconozca a la agroecologia como una alternativa a las ciencias del agro. No sólo para los pequeños y medianos productores. También esta funciona en cualquier dimensión y escala de producción cumpliendo con los principios de la agroecología. Este avance ha demostrado que las prácticas agroecológicas han solucionado los diversos problemas agroambientales, generándonos empleo digno. Otras cualidades como por ejemplo: la independencia científica y tecnológica de la agroecología esta demostrada en los trabajos de: MAELA (2006); The Ecologits (2008); Núñez (2008, 2007); Pretty, (2006). Se presagia que la agroecología esta emergiendo como el nuevo paradigma en que se sustentan las nuevas ciencias el agro. Altieri (1987); Altieri y Nichols (2001); Altieri, (2005); Gliessman (2000; 2007) Leff (2001); (Núñez 2008, 2007); Sevilla (2001); Venegas (2007);
Las reflexiones e investigaciones citadas anteriormente como otras, nos hacen valorar el lema, tanto debatido y discernido por el equipo de reflexión del nuestro apreciado hermano de luchas Carlos Lanz (2007) como lo es “Ciencia con Conciencia y Tecnología con Pertinencia”. La agroecología nos conduce hacia allá! Al establecer unas nuevas relaciones sociales de producción donde la enajenación, sujeción y dependencia ante los medios y modos de producción científicos y técnicos no sean sometidos ni controlados y sigan causando daño a nuestros recursos suelo y agua.
En el contradictorio proceso revolucionario que se gesta en Venezuela donde a pesar de pugilato y patinaje ideológico técnico-político de algunos cuadros medios y expertos asesores de diferentes nacionalidades que hacen vida en las ciencias del agro, es innegable que la agroecología tiene un espacio ganado y es irreversible. Se debate un Plan Nacional de Agroecología. Este exige más compromiso para elevarlo al justo nivel de decisión política que se merece.
En dicha perspectiva, Lanz (2007) nos orienta en precisar una definición clave que enfrenta la división del trabajo capitalista: LA SOBERANIA POLITICA Y LA LIBERTAD ESTA CUALIFICADA POR LA SOBERANIA COGNITIVA, “SER CULTO PARA SER LIBRE” como diría Martí o “MORAL Y LUCES SON NUESTRAS PRIMERAS NECESIDADES” en Bolívar.
Dicho de otra manera la participación integral que el genuino proceso revolucionario venezolano esta produciendo, demanda que un ciudadano pueda pensar “con cabeza propia” y pueda aportar a la elaboración, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, tal como está planteado en el artículo # 62 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. De esta manera se logra la unidad entre la teoría y la práctica en el proceso político social. “Saber es Poder”. Lanz (2007).El “saber popular campesino” alimenta a la agroecología. Por su naturaleza social, sus intereses específicos y las maneras de accionar acopladas a las realidades geográficas; productivas; sociales y culturales. La agroecología te convoca a pensar, reflexionar, vivir y actuar con sentido propio en el consenso de un proceso productivo. Ello ha quedado demostrado en las reflexiones elaboradas por Núñez (2008; 2007); Prety (2006); The Ecologits (2008). En los trabajos citados, la agroecología en la compleja dinámica productiva que se desenvuelve y en la conformación de nuevos sistemas sociales, sobresalen algunas connotaciones y otras no, que reafirman su condición emergente.
Tendiendo a caracterizarse un proceso productivo agroecológico por la:
Participación: para generar elementos para el diseño de métodos de desarrollo endógeno desde el contexto de la estrategia agroecológica.
Autogestión: lo valoramos como el trabajo aportado lo que constituye la fuerza laboral del poder decisorio a través de las reglas democráticas de participación.
Autonomía: las nuevas organizaciones sociales de producción deberán comprender el derecho de dirigir y de decidir sus relaciones laborales en proporción al trabajo aportado.
Armonía: la racionalidad en el uso de los recursos naturales locales proporciona una armonía entre el mantenimiento o aumento de la calidad de vida y en el desarrollo humano allí implícito orientado al bienestar colectivo y a la complementariedad de acciones entre productores. Núñez, (2007).
Aplicación de técnicas agroecológicas: el desarrollo participativo de las técnicas agroecológicas permitirá fortalecer la capacidad local de experimentación de los productores con los recursos naturales y base material específicos de su agro-ecosistema.
Innovación: crear y evaluar tecnologías autóctonas, articuladas con tecnologías externas que, mediante su ensayo y adaptación, permitan ser incorporadas al acervo cultural de los saberes y del ingenio represado entre nuestros campesinos propios de sus sistemas productivos. Se trata de no seguir con las prácticas modernizante e industrializadas introduciendo prácticas y fuentes de degradación ambiental.
Integralidad: referido al manejo de los recursos naturales. La agricultura, agroforestería, ganadería y silvicultura deben aplicarse al conjunto de las potencialidades de aprovechamiento de los distintos recursos existentes en la zona. Deben buscarse el establecimiento de actividades económicas socioculturales que abarquen el mayor número de nuevos sectores para la economía social y solidaria incrementando el beneficio y bienestar de la comunidad.
El Trabajo asociado: se entiende por el régimen de disciplina social, deberes y derechos ambientales colectivamente asumidos con respecto a la gestión productiva
La metodología: agroecológica, parte de los procesos productivos locales lo que implica que sus contenidos siempre se deben contextualizar siendo flexibles, naciendo de la realidad social-productiva, y no de esquemas rígidos, cerrados, definidos a priori, impuestos, estandarizados. Los sistemas agroecológicos son diversos; descentralizados y adaptados a las distintas condiciones agroecológicas.
A manera de conclusión:
El pasado 3 al 5 de junio se celebro en Roma la Cumbre-FAO con la presencia de 50 jefes de estado y 150 ministros. No se le permitió a los movimientos sociales su participación. Allí quedo demostrada una parte del fracaso de otra cumbre más. El no aceptar que se presenten los avances de la agroecología a nivel planetario tiene sentido en la medida que se desdibuja la nueva visión y misión de la soberanía agroalimentaria.
Como millones de campesinos lo han aclamado y afirmado en otros foros internacionales, la soberanía agroalimentaria necesariamente debe verse y accionarla desde el prisma agroecológico. Desde dicha perspectiva se funda en un carácter estratégico político ambiental, donde enérgicamente avancemos, en los nuevos procesos productivos en lo rural y urbano. Con nuevo sentido de organización de la ciencia y la técnica que de muestre ser menos despilfarrador de recursos y energía. Una ciencia para todos donde los valores de corresponsabilidad, equidad y armonía se sitúen en el sur de la sustentabilidad para seguir superando los tantos flagelos de la exclusión social.
La agroecología dada la naturaleza social que ella imprime, se esta constituyendo en una herramienta básica; de tomar en serio y co-responsablemente su accionar no sólo para el despliegue de las acciones productivas y sociales. También por su carácter emergente, inteligentemente contribuye armonizar, concertar y convenir agendas tecno-políticas de las misiones comunes que han de articular objetivos y acciones estratégicas entre organismos e instituciones. Condición que estaremos demostrando en la II Jornadas de CENDITEL (www.cenditel.gob.ve ) entre el 7 al 11 de julio en Mérida cuando presentemos el proceso de conformación de una red social emergente la cual entre otras cosas su gran e importante misión común: es recuperar y regenerar los suelos y los cursos de agua del páramo andino venezolano. www.ecoportal.net
Referencias Bibliográficas.Altieri M. A. (1987) Bases Científicas de la Agroecología. División de Control Biológico. Universidad de California. Berkely. USA.Altieri M.A y Nicholls C 2001. Agroecología: principios y estrategias para una agricultura sustentable en la America Latinadel Siglo XXI. Disponible en la página www.agroeco.orgAltieri, M.A. 2005 Bases Agroecológicas para la Conversión de la Agricultura Orgánica.Video. CASRD y University of Berkeley.Foro Social Mundial (FSM) 2006. Caracas Venezuela. Movimiento Agroecologico Latinoamericano (MAELA).Gliessman, S.R. (2000) Agroecología. Procesos Ecológicos en Agricultura Sustentable, Porto Alegre. BrasilLanz, C. 2007a Temas generadores y preguntas directrices de la constituyente universitaria http://www.aporrealos.org/educacion/a37726.htmlLeff, E. (2001). Agroeoclogia y Saber Ambiental. II Seminario Internacional de Agroeclogía. Gobierno del Estado Do Rio Grande Do Sul. Porto Alegre Brasil.
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Nuñez, M.A: (2007) La Agroecología en La Soberanía Agroalimentaria Venezolana. Ed. IPIAT, Mérida, Venezuela
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Venegas, C. Ranaboldo, C. (2007). Escalonando la Agroecologia. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, ON K1G 3H9 Canadá www.idrc.ca
DISCUTIR EL TEMA DEL DESARROLLO RURAL
Para enfrentar los cambios radicales en la agricultura latinoamericana
El regreso del desarrollo rural
Eduardo Gudynas
ALAI AMLATINA, 08/07/2008, Montevideo.- Estamos enfrentando drásticos cambios en el mundo rural. Las viejas perspectivas no son siempre adecuadas, ya que están ocurriendo profundas modificaciones en la producción agrícola, el papel del Estado, la coyuntura internacional y el papel de los actores sociales. No son cambios de grado, sino que en realidad está ocurriendo una transformación sustancial que afecta negativamente en especial a los pequeños agricultores y campesinos.
Las reformas de mercado que tuvieron lugar en las décadas de 1980 y 1990 liberalizaron el comercio agrícola en casi todos los países, y desmontaron muchas medidas de protección y apoyo estatal a los pequeños productores y a los mercados nacionales de alimentos. Las agencias gubernamentales de extensión rural fueron reducidas, mientras se aplicaban paquetes tecnológicos promovidos desde el sector privado. La producción apuntó cada vez más hacia las exportaciones y las agroindustrias cobraron un papel protagónico.
Simultáneamente no sólo tuvo lugar una crisis de los estudios sobre el desarrollo, sino que los enfoques en cuestiones rurales dejaron de ser un tema relevante o eran tildados de anticuados. Esta situación es tan dramática, que pocos meses atrás, la ministra de agricultura de Chile afirmaba que poco sabía sobre los temas rurales, pero eso no era importante en tanto lo que el campo necesitaba era un gerente. Tiempo atrás esas declaraciones hubieran resultado escandalosas, pero hoy no despiertan una mayor desaprobación pública.
La coyuntura internacional también cambió. Comencemos por señalar que nos encontramos en lo que se describe como un super-ciclo de las materias primas (commodities), donde se espera por lo menos una década de altos precios de los agroalimentos. Esto se debe a factores como la demanda desde China y otros países de Asia o a la especulación generada por fondos de inversión de los países industrializados.
Simultáneamente avanza un cambio más radical en las relaciones entre la propiedad de la tierra y su manejo en varios países, especialmente en el Cono Sur. Se diseminan convenios de arrendamiento o de gestión, por el cual un agricultor empobrecido o endeudado cede el control de su tierra. Llegan administradores rurales que aplican paquetes tecnológicos volcados hacia los rubros de mayor rentabilidad, controlan decenas o centenas de predios y cubren diferentes regiones agroecológicas. Exprimen los recursos naturales del suelo en tanto esos convenios duran unos pocos años, y una vez que los rendimientos caen simplemente se trasladan a otros predios. Esto representa otro cambio radical, donde la propiedad de la tierra como factor determinante es superada por un control sobre los procesos productivos. El capital hace que se impongan nuevos estilos de producción y comercialización.
A pesar del aumento de algunos productos agropecuarios, el encarecimiento de insumos como fertilizantes y combustibles hace que los márgenes de rentabilidad se reduzcan. Este fenómeno también golpea particularmente a los agricultores más pequeños, y bastan acotadas fluctuaciones de mercado o pérdidas de cultivos por pestes, sequías o inundaciones, para que vuelvan a caer en el endeudamiento. En esa situación deben vender sus tierras o ceden el control de su gestión a estos nuevos “administradores” rurales.
Los que sobreviven quedan atrapados en una lucha por el excedente que se origina en el campo. Los debates de unos diez años atrás enfocados en el acceso a los mercados de exportación y el deterioro de los términos de intercambio han sido reemplazados por tensiones y conflictos en cómo aprovechar esta bonanza comercial. Esas tensiones atrapan a todos: los agricultores, las grandes empresas, y los propios gobiernos.
Estos cambios son de tal envergadura que los actores rurales se organizan de nuevas maneras, impensables bajo las viejas categorías. El conflicto que mantienen en Argentina los productores agropecuarios y el gobierno de Cristina Kirchner ejemplifica las nuevas dinámicas. Allí protestan codo a codo los pequeños agricultores junto a grandes hacendados y empresarios. Se ha dicho que esa reacción expresa la voz de la oligarquía o del patriciado rural, pero esas definiciones no reflejan adecuadamente esa nueva vinclación. “No nos une el amor, sino el espanto ante el gobierno”, repite uno de los dirigentes de los agricultores familiares como explicación de la vinculación de su organización con los grandes hacendados conservadores. Están en marcha nuevas alianzas en el medio rural que tiempo atrás eran impensables, donde por un lado se usan mecanismos de protesta de los movimientos populares, pero por otro lado no se aborda la esencia del estilo de desarrollo rural, sino que la lucha radica en la apropiación de la riqueza que genera el campo.
Entretanto entre los gobiernos existen muchas dificultades para generar una nueva estrategia de desarrollo rural. Esto se debe a que la agricultura actual es funcional a la presente dinámica del Estado. Por ejemplo, en Argentina si bien ahora se cuestiona la “sojización” del campo, durante la gestión de Néstor Kirchner tuvo lugar el mayor aumento de la producción sojera: creció de un poco más de 31 millones de toneladas, en 2003/04, a más de 47 millones ton en 2006/07 (un incremento de casi el 50%). Se promovió ese monocultivo, ya que el aumento en esas exportaciones permitía recaudar más impuestos para financiar el gasto gubernamental.
Las medidas de apoyo que se anuncian también tienen muchas limitaciones. Recientemente se implantaron en Argentina compensaciones a los agricultores. Pero su examen demuestra no solo que el valor total de ese fondo es modesto, sino que además aproximadamente un 70% se destinó a la agroindustria (concentrado en unas pocas empresas), y apenas un 30% alcanzó a los agricultores. Entretanto, en Ecuador, el presidente Rafael Correa presentó un paquete de asistencia para la agricultura y los alimentos por un total de US$ 415 millones, pero lastimosamente casi el 70% está destinado a subsidiar agroquímicos (US$ 287 millones). Estos son ejemplos de las dificultades de los gobiernos progresistas en generar otro estilo de desarrollo agropecuario, ya que de una y otra manera vuelven a caer en apoyar a las agroindustrias. Tampoco deben olvidarse los programas de apoyo a los agrocombustibles, que empeoran la situación en el mismo sentido, al acentuar la dependencia del comercio exterior y ocupar tierras que podrían dedicarse a proveer alimentos.
La integración regional podría brindar algunas alternativas para recuperar autonomía frente a las presiones económicas internacionales. Pero en ese frente tampoco hay novedades auspicios ya que ese tema sigue siendo marginal en el seno de la integración regional. Por ejemplo, el MERCOSUR que como bloque es uno de los más grandes agroexportadores del mundo, carece de una política agropecuaria común y tampoco coordina su oferta comercial internacional, y de hecho los países compiten entre ellos.
Afectados por todos estos factores, una vez más los pequeños productores y los campesinos quedan marginados y olvidados. Muchos apoyos financieros en realidad terminan en el sector agroindustrial, mientras que las medidas sociales compensatorias apenas logran paliar los efectos negativos de estos procesos.
Si continúan estas tendencias se corre el riesgo de la desaparición de buena parte de la agricultura familiar, mientras que la agricultura campesina quedará atrapada en la pobreza y la subsistencia, dependiente de las oportunidades de algunos mercados locales o de la caridad social. Debemos reconocer que esta problemática es todavía más grave que en el pasado, y no enfrentamos problemas coyunturales o de grado, sino que se están desarrollando cambios que son sustanciales y radicales. Por ello las medidas parciales y aisladas son insuficientes. Es necesario volver a discutir sobre el desarrollo en general, y sobre el desarrollo rural en particular, para generar cambios y alternativas muchos más profundos y abarcadores, bajo nuevas miradas, y que además deberán ser radicales.
- E. Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), en Montevideo (Uruguay).
El regreso del desarrollo rural
Eduardo Gudynas
ALAI AMLATINA, 08/07/2008, Montevideo.- Estamos enfrentando drásticos cambios en el mundo rural. Las viejas perspectivas no son siempre adecuadas, ya que están ocurriendo profundas modificaciones en la producción agrícola, el papel del Estado, la coyuntura internacional y el papel de los actores sociales. No son cambios de grado, sino que en realidad está ocurriendo una transformación sustancial que afecta negativamente en especial a los pequeños agricultores y campesinos.
Las reformas de mercado que tuvieron lugar en las décadas de 1980 y 1990 liberalizaron el comercio agrícola en casi todos los países, y desmontaron muchas medidas de protección y apoyo estatal a los pequeños productores y a los mercados nacionales de alimentos. Las agencias gubernamentales de extensión rural fueron reducidas, mientras se aplicaban paquetes tecnológicos promovidos desde el sector privado. La producción apuntó cada vez más hacia las exportaciones y las agroindustrias cobraron un papel protagónico.
Simultáneamente no sólo tuvo lugar una crisis de los estudios sobre el desarrollo, sino que los enfoques en cuestiones rurales dejaron de ser un tema relevante o eran tildados de anticuados. Esta situación es tan dramática, que pocos meses atrás, la ministra de agricultura de Chile afirmaba que poco sabía sobre los temas rurales, pero eso no era importante en tanto lo que el campo necesitaba era un gerente. Tiempo atrás esas declaraciones hubieran resultado escandalosas, pero hoy no despiertan una mayor desaprobación pública.
La coyuntura internacional también cambió. Comencemos por señalar que nos encontramos en lo que se describe como un super-ciclo de las materias primas (commodities), donde se espera por lo menos una década de altos precios de los agroalimentos. Esto se debe a factores como la demanda desde China y otros países de Asia o a la especulación generada por fondos de inversión de los países industrializados.
Simultáneamente avanza un cambio más radical en las relaciones entre la propiedad de la tierra y su manejo en varios países, especialmente en el Cono Sur. Se diseminan convenios de arrendamiento o de gestión, por el cual un agricultor empobrecido o endeudado cede el control de su tierra. Llegan administradores rurales que aplican paquetes tecnológicos volcados hacia los rubros de mayor rentabilidad, controlan decenas o centenas de predios y cubren diferentes regiones agroecológicas. Exprimen los recursos naturales del suelo en tanto esos convenios duran unos pocos años, y una vez que los rendimientos caen simplemente se trasladan a otros predios. Esto representa otro cambio radical, donde la propiedad de la tierra como factor determinante es superada por un control sobre los procesos productivos. El capital hace que se impongan nuevos estilos de producción y comercialización.
A pesar del aumento de algunos productos agropecuarios, el encarecimiento de insumos como fertilizantes y combustibles hace que los márgenes de rentabilidad se reduzcan. Este fenómeno también golpea particularmente a los agricultores más pequeños, y bastan acotadas fluctuaciones de mercado o pérdidas de cultivos por pestes, sequías o inundaciones, para que vuelvan a caer en el endeudamiento. En esa situación deben vender sus tierras o ceden el control de su gestión a estos nuevos “administradores” rurales.
Los que sobreviven quedan atrapados en una lucha por el excedente que se origina en el campo. Los debates de unos diez años atrás enfocados en el acceso a los mercados de exportación y el deterioro de los términos de intercambio han sido reemplazados por tensiones y conflictos en cómo aprovechar esta bonanza comercial. Esas tensiones atrapan a todos: los agricultores, las grandes empresas, y los propios gobiernos.
Estos cambios son de tal envergadura que los actores rurales se organizan de nuevas maneras, impensables bajo las viejas categorías. El conflicto que mantienen en Argentina los productores agropecuarios y el gobierno de Cristina Kirchner ejemplifica las nuevas dinámicas. Allí protestan codo a codo los pequeños agricultores junto a grandes hacendados y empresarios. Se ha dicho que esa reacción expresa la voz de la oligarquía o del patriciado rural, pero esas definiciones no reflejan adecuadamente esa nueva vinclación. “No nos une el amor, sino el espanto ante el gobierno”, repite uno de los dirigentes de los agricultores familiares como explicación de la vinculación de su organización con los grandes hacendados conservadores. Están en marcha nuevas alianzas en el medio rural que tiempo atrás eran impensables, donde por un lado se usan mecanismos de protesta de los movimientos populares, pero por otro lado no se aborda la esencia del estilo de desarrollo rural, sino que la lucha radica en la apropiación de la riqueza que genera el campo.
Entretanto entre los gobiernos existen muchas dificultades para generar una nueva estrategia de desarrollo rural. Esto se debe a que la agricultura actual es funcional a la presente dinámica del Estado. Por ejemplo, en Argentina si bien ahora se cuestiona la “sojización” del campo, durante la gestión de Néstor Kirchner tuvo lugar el mayor aumento de la producción sojera: creció de un poco más de 31 millones de toneladas, en 2003/04, a más de 47 millones ton en 2006/07 (un incremento de casi el 50%). Se promovió ese monocultivo, ya que el aumento en esas exportaciones permitía recaudar más impuestos para financiar el gasto gubernamental.
Las medidas de apoyo que se anuncian también tienen muchas limitaciones. Recientemente se implantaron en Argentina compensaciones a los agricultores. Pero su examen demuestra no solo que el valor total de ese fondo es modesto, sino que además aproximadamente un 70% se destinó a la agroindustria (concentrado en unas pocas empresas), y apenas un 30% alcanzó a los agricultores. Entretanto, en Ecuador, el presidente Rafael Correa presentó un paquete de asistencia para la agricultura y los alimentos por un total de US$ 415 millones, pero lastimosamente casi el 70% está destinado a subsidiar agroquímicos (US$ 287 millones). Estos son ejemplos de las dificultades de los gobiernos progresistas en generar otro estilo de desarrollo agropecuario, ya que de una y otra manera vuelven a caer en apoyar a las agroindustrias. Tampoco deben olvidarse los programas de apoyo a los agrocombustibles, que empeoran la situación en el mismo sentido, al acentuar la dependencia del comercio exterior y ocupar tierras que podrían dedicarse a proveer alimentos.
La integración regional podría brindar algunas alternativas para recuperar autonomía frente a las presiones económicas internacionales. Pero en ese frente tampoco hay novedades auspicios ya que ese tema sigue siendo marginal en el seno de la integración regional. Por ejemplo, el MERCOSUR que como bloque es uno de los más grandes agroexportadores del mundo, carece de una política agropecuaria común y tampoco coordina su oferta comercial internacional, y de hecho los países compiten entre ellos.
Afectados por todos estos factores, una vez más los pequeños productores y los campesinos quedan marginados y olvidados. Muchos apoyos financieros en realidad terminan en el sector agroindustrial, mientras que las medidas sociales compensatorias apenas logran paliar los efectos negativos de estos procesos.
Si continúan estas tendencias se corre el riesgo de la desaparición de buena parte de la agricultura familiar, mientras que la agricultura campesina quedará atrapada en la pobreza y la subsistencia, dependiente de las oportunidades de algunos mercados locales o de la caridad social. Debemos reconocer que esta problemática es todavía más grave que en el pasado, y no enfrentamos problemas coyunturales o de grado, sino que se están desarrollando cambios que son sustanciales y radicales. Por ello las medidas parciales y aisladas son insuficientes. Es necesario volver a discutir sobre el desarrollo en general, y sobre el desarrollo rural en particular, para generar cambios y alternativas muchos más profundos y abarcadores, bajo nuevas miradas, y que además deberán ser radicales.
- E. Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), en Montevideo (Uruguay).
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