Notas de Bolivia Lunes 16 de junio 2008

Política
Autonomistas salen en defensa de Costas La Brigada Parlamentaria Cruceña presentará a un millar de ciudadanos que se declararán cómplices del supuesto delito y exigirán ser incluidos en el proceso y que la Fiscalía General les tome declaración como al Gobernador y los vocales de la CDE.

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Opiniones sobre esta NotaLa Brigada Parlamentaria Cruceña convocará hoy a quienes quieran declararse supuestos cómplices del gobernador Rubén Costas y los vocales de la Corte Departamental Electoral para acompañar a las autoridades citadas en la acusación por sedición, malversación de fondos y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado durante el referéndum para la aprobación de los estatutos autonómicos del 4 de mayo.
El diputado Wálter Arrázola informó que en 48 horas reunirán más de 1.000 personas que le pedirán al Fiscal General de la República, convocarlos también a declarar porque en suma fue el pueblo, el 85% de los votos a favor del SÍ, los que aprobaron la carta autonómica.
El presidente del Colegio Departamental de Abogados, Fernando Cuéllar, informó que la acusación no tiene pies ni cabeza. La sedición es cuando alguien se alza en armas contra un gobierno o establece alianza con una fuerza extranjera; la malversación de fondos por la utilización de los 11 millones de bolivianos para la consulta fue autorizada por el Consejo Departamental y resoluciones contrarias a la CPE tampoco hay porque no se ha convocado a nadie a cometer un delito, si no simplemente a ejercer un derecho ciudadano que es votar.
El secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, informó ayer que no han sido notificados oficialmente porque el Gobernador está en las provincias; sin embargo, la Fiscalía General de la República les ha pedido oficialmente una copia del Estatuto Autonómico y de la Resolución 010/2008 que convoca al referéndum por Estatutos y que pide a la Corte Departamental Electoral administrar los comicios el 4 de mayo.
“Nosotros estamos tranquilos, considero que hemos obrado conforme al ordenamiento jurídico”, dijo Peña al señalar que el referéndum por estatutos autonómicos es un hecho consumado que no tiene marcha atrás a pesar de cualquier amenaza legal.
De acuerdo al procedimiento de juicio de responsabilidades, el Gobernador, por ser una autoridad electa, en caso de prosperar la proposición acusatoria, corresponde la autorización de dos tercios de voto del Congreso y el MAS no cuenta más que con 84 votos de los 104 que requiere.
“Existían más de 110 mil firmas para la iniciativa ciudadana, el silencio administrativo del Tribunal Constitucional y la convocatoria de una autoridad competente, entonces no podíamos restringir un derecho ciudadano”, dijo el vocal de la Corte Departamental Electoral, José Antonio Ayala.
Dijo que por medio de la dirección jurídica presentarán los descargos y pedirán el rechazo de la denuncia, con la advertencia de seguir una acción legal contra los denunciantes.
Finalmente el presidente del Colegio de Abogados, Luis Fernando Cuéllar, dijo que se trata de un juicio político que no tiene fundamento legal para prosperar en los estrados.
AUTONOMÍA • Piden que metan presos a todos los que votaron en el referéndum.
procedimiento en juicio de responsabilidades
Investigación • El Ministerio Público recibió denuncia por delitos de sedición, malversación de fondos y resoluciones contrarias a la CPE. En 15 días se verea si existen elementos para el juicio.
Proposición acusatoria • Procede si encuentra indicios para llevar adelante el proceso contra el Gobernador y los nueve vocales.
La Corte Suprema • Recibe los actuados y los remite al Congreso para solicitar la autorización porque el Prefecto goza de “Caso de Corte”por ser una autoridad electa.
El Congreso • Debe aprobar el juicio por dos tercios de votos, es decir 104 parlamentarios, de los cuales el MAS solamente tiene 84.
Política
Autonomistas salen en defensa de Costas La Brigada Parlamentaria Cruceña presentará a un millar de ciudadanos que se declararán cómplices del supuesto delito y exigirán ser incluidos en el proceso y que la Fiscalía General les tome declaración como al Gobernador y los vocales de la CDE.

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El diputado Wálter Arrázola informó que en 48 horas reunirán más de 1.000 personas que le pedirán al Fiscal General de la República, convocarlos también a declarar porque en suma fue el pueblo, el 85% de los votos a favor del SÍ, los que aprobaron la carta autonómica.
El presidente del Colegio Departamental de Abogados, Fernando Cuéllar, informó que la acusación no tiene pies ni cabeza. La sedición es cuando alguien se alza en armas contra un gobierno o establece alianza con una fuerza extranjera; la malversación de fondos por la utilización de los 11 millones de bolivianos para la consulta fue autorizada por el Consejo Departamental y resoluciones contrarias a la CPE tampoco hay porque no se ha convocado a nadie a cometer un delito, si no simplemente a ejercer un derecho ciudadano que es votar.
El secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, informó ayer que no han sido notificados oficialmente porque el Gobernador está en las provincias; sin embargo, la Fiscalía General de la República les ha pedido oficialmente una copia del Estatuto Autonómico y de la Resolución 010/2008 que convoca al referéndum por Estatutos y que pide a la Corte Departamental Electoral administrar los comicios el 4 de mayo.
“Nosotros estamos tranquilos, considero que hemos obrado conforme al ordenamiento jurídico”, dijo Peña al señalar que el referéndum por estatutos autonómicos es un hecho consumado que no tiene marcha atrás a pesar de cualquier amenaza legal.
De acuerdo al procedimiento de juicio de responsabilidades, el Gobernador, por ser una autoridad electa, en caso de prosperar la proposición acusatoria, corresponde la autorización de dos tercios de voto del Congreso y el MAS no cuenta más que con 84 votos de los 104 que requiere.
“Existían más de 110 mil firmas para la iniciativa ciudadana, el silencio administrativo del Tribunal Constitucional y la convocatoria de una autoridad competente, entonces no podíamos restringir un derecho ciudadano”, dijo el vocal de la Corte Departamental Electoral, José Antonio Ayala.
Dijo que por medio de la dirección jurídica presentarán los descargos y pedirán el rechazo de la denuncia, con la advertencia de seguir una acción legal contra los denunciantes.
Finalmente el presidente del Colegio de Abogados, Luis Fernando Cuéllar, dijo que se trata de un juicio político que no tiene fundamento legal para prosperar en los estrados.
AUTONOMÍA • Piden que metan presos a todos los que votaron en el referéndum.
procedimiento en juicio de responsabilidades
Investigación • El Ministerio Público recibió denuncia por delitos de sedición, malversación de fondos y resoluciones contrarias a la CPE. En 15 días se verea si existen elementos para el juicio.
Proposición acusatoria • Procede si encuentra indicios para llevar adelante el proceso contra el Gobernador y los nueve vocales.
La Corte Suprema • Recibe los actuados y los remite al Congreso para solicitar la autorización porque el Prefecto goza de “Caso de Corte”por ser una autoridad electa.
El Congreso • Debe aprobar el juicio por dos tercios de votos, es decir 104 parlamentarios, de los cuales el MAS solamente tiene 84.
Política
Autonomistas salen en defensa de Costas La Brigada Parlamentaria Cruceña presentará a un millar de ciudadanos que se declararán cómplices del supuesto delito y exigirán ser incluidos en el proceso y que la Fiscalía General les tome declaración como al Gobernador y los vocales de la CDE.

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El diputado Wálter Arrázola informó que en 48 horas reunirán más de 1.000 personas que le pedirán al Fiscal General de la República, convocarlos también a declarar porque en suma fue el pueblo, el 85% de los votos a favor del SÍ, los que aprobaron la carta autonómica.
El presidente del Colegio Departamental de Abogados, Fernando Cuéllar, informó que la acusación no tiene pies ni cabeza. La sedición es cuando alguien se alza en armas contra un gobierno o establece alianza con una fuerza extranjera; la malversación de fondos por la utilización de los 11 millones de bolivianos para la consulta fue autorizada por el Consejo Departamental y resoluciones contrarias a la CPE tampoco hay porque no se ha convocado a nadie a cometer un delito, si no simplemente a ejercer un derecho ciudadano que es votar.
El secretario de la Gobernación, Vladimir Peña, informó ayer que no han sido notificados oficialmente porque el Gobernador está en las provincias; sin embargo, la Fiscalía General de la República les ha pedido oficialmente una copia del Estatuto Autonómico y de la Resolución 010/2008 que convoca al referéndum por Estatutos y que pide a la Corte Departamental Electoral administrar los comicios el 4 de mayo.
“Nosotros estamos tranquilos, considero que hemos obrado conforme al ordenamiento jurídico”, dijo Peña al señalar que el referéndum por estatutos autonómicos es un hecho consumado que no tiene marcha atrás a pesar de cualquier amenaza legal.
De acuerdo al procedimiento de juicio de responsabilidades, el Gobernador, por ser una autoridad electa, en caso de prosperar la proposición acusatoria, corresponde la autorización de dos tercios de voto del Congreso y el MAS no cuenta más que con 84 votos de los 104 que requiere.
“Existían más de 110 mil firmas para la iniciativa ciudadana, el silencio administrativo del Tribunal Constitucional y la convocatoria de una autoridad competente, entonces no podíamos restringir un derecho ciudadano”, dijo el vocal de la Corte Departamental Electoral, José Antonio Ayala.
Dijo que por medio de la dirección jurídica presentarán los descargos y pedirán el rechazo de la denuncia, con la advertencia de seguir una acción legal contra los denunciantes.
Finalmente el presidente del Colegio de Abogados, Luis Fernando Cuéllar, dijo que se trata de un juicio político que no tiene fundamento legal para prosperar en los estrados.
AUTONOMÍA • Piden que metan presos a todos los que votaron en el referéndum.
procedimiento en juicio de responsabilidades
Investigación • El Ministerio Público recibió denuncia por delitos de sedición, malversación de fondos y resoluciones contrarias a la CPE. En 15 días se verea si existen elementos para el juicio.
Proposición acusatoria • Procede si encuentra indicios para llevar adelante el proceso contra el Gobernador y los nueve vocales.
La Corte Suprema • Recibe los actuados y los remite al Congreso para solicitar la autorización porque el Prefecto goza de “Caso de Corte”por ser una autoridad electa.
El Congreso • Debe aprobar el juicio por dos tercios de votos, es decir 104 parlamentarios, de los cuales el MAS solamente tiene 84.